Así se desprende de nueva documentación a la que tuvo acceso DyN, en la que consta que poco después de la entrega de la niña en “guarda provisoria” a la pareja que la esclavizó, la madre biológica “deja sin efecto el pedido que realizara respecto del egreso con el matrimonio ya que los mismos limitaban a la deponente la posibilidad de que esté junto a sus hermanos”.
Ya por entonces, noviembre de 2001, la madre biológica advertía a la Justicia que los guardadores “no le permitirían sacar a la niña de la casa para llevarla a otro ambiente distinto al de ellos y las visitas que pudiera realizar junto a sus otros hijos en la casa tendrían que ser en forma repartida ya que la casa es chica”.
Ante ese escenario, la jueza de instrucción María Gabriela Lanz determinó que “el haz de responsabilidades de distinta índole que han confluido desafortunadamente para dejar a la menor librada a este estado de indefensión y pseudo salvajismo tuvo su punto de partida en el error judicial que la puso en manos de los encausados”.
La magistrada detectó que, contrariamente a lo que se argumentó desde los guardadores y suscribió la Justicia de Quilmes, la madre biológica (que tiene otros seis hijos, es extremadamente pobre y el padre de los niños es alcohólico y la sometía a violencia de género) no se desentendía de la pequeña. Del expediente se desprende, taxativamente, que “la madre no se desentendía del destino de sus hijos al año 2001, pues respecto de la menor la visitó en el instituto (en el que estuvo previo a ser entregada a los guardadores) con notoria asiduidad, aun en el breve período en que permaneció alojada, que cesa cuando el magistrado autoriza el egreso bajo la responsabilidad de la pareja”.
De hecho, en el expediente figura un informe del Consejo Provincial del Menor y de profesionales del servicio educativo de La Plata que consigna seis visitas de la madre en el término de un mes y medio, “lo que contrasta con la opinión de la asesora de menores del Tribunal (de Quilmes) que describía a la madre como abandónica y sugería la evaluación psiquiátrico psicológica poniendo en tela de juicio su aptitud en ese rol parental”. Tampoco es cierto que la niña estuviera “desnutrida”, pues en el instituto donde estaba alojada se constató “un peso al ingreso de 12 kilogramos, una talla de 88 centímetros”, lo que “según las tablas promedio de estatura y peso de bebé/niña, a los dos años y diez meses pesaba, y su talla alcanzaba, el promedio de normalidad desde el punto de vista médico. No obstante, incomprensiblemente, la asesora de menores se refería, el 5 de diciembre, a la ‘desnutrición’”, asentó la jueza Lanz en el expediente.
La supuesta “desnutrición” había sido consignada por la pareja que obtuvo la guarda provisoria gracias a “certificados médicos extendidos por un médico cirujano, aportados al Juzgado de Menores”, que indicaban “signos de abandono físico y psíquico” el 21 de agosto de 2001 y “sugestivamente”, el segundo reporte, una semana más tarde, mencionaba “condiciones de recuperación física y psíquica”.
Del expediente surge que la pareja que esclavizó a la pequeña la recibió “informalmente de la madre el 21 de agosto de 2001” y casi un mes más tarde, “recién el 12 de septiembre de 2001 ponen en conocimiento de esa situación al juez, acompañando estos dos certificados”.
La Justicia quilmeña también desestimó un informe psicológico que “sugería también la evaluación socioambiental de la familia solicitante de la guarda”. Como consecuencia de su situación, la niña sufrió daños madurativos irreversibles que, sin embargo, pudieron haberse evitado, según se desprende de la causa.
“La equiparación con la normalidad madurativa que era alcanzable en el año 2001 fue definitivamente malograda por los encausados, pues lejos de propender a facilitarle la atención personalizada que se indicaba, la colocaron en un estado de desamparo emocional, psicológico y alimentario, la privaron del aprendizaje institucional y del acceso a la salud, durante un período que no fue inferior a los ocho años”, sostuvo la jueza.
El caso fue revelado por DyN el 16 de abril: la víctima permaneció los últimos nueve años esclavizada y encerrada en un garage con un perro y un mono, ingiriendo esporádicamente levadura de cerveza, pan y agua, en un garage de una casa del barrio porteño de Villa Lugano.
La Justicia la rescató un peso de sólo 20 kilos y la trasladó a un hospital de Quilmes. La pareja acusada, de unos 40 años, es adoradora de San La Muerte, un ritual pagano rechazado por la Iglesia Católica.
DyN - El Litoral.
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