“Este tipo de delitos económicos repercute profundamente, a tal punto que hemos tomado conocimiento que entre los miles de afectados se encuentran ahorristas jubilados en proceso de profunda depresión y hasta se nos informó de un caso de una persona que falleció en un cuadro de este tipo”, dijo el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, luego de pedir la indagatoria a 49 operadores financieros por la causa Bolsafé Valores.
Para el Ministerio Público Fiscal no quedan dudas de que el contador Mario Rossini –titular de la mencionada firma– y los demás implicados participaron de una gran estafa, que por lo menos afectó a 408 personas, a partir de maniobras fraudulentas que culminaron en la apropiación de los ahorros. Al respecto, Gonella agradeció especialmente la “predisposición” de las víctimas y les requirió que “sigan activos para lograr una condena en este caso”.
En el encuentro que tuvieron unos 60 damnificados con funcionarios de la Procelac y el fiscal federal Nº 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, uno de los estafados indicó: “Queremos agradecerles todo lo que han hecho desde la fiscalía. La causa ha seguido adelante gracias a ustedes. Hay gente que está padeciendo y otra que ya no está. Vamos a seguir luchando, porque nos robaron el sacrificio de una vida. Detrás de cada cuenta en Bolsafé hay una historia de vida. Hay gente con enfermedades, depresiva, agravada por todo esto”.
En la imputación no sólo está el titular de Bolsafé, Mario Rossini, sino también otros 25 empleados, productores y directivos de esa firma y de BV Emprendimientos; 13 directivos del Mercado de Valores del Litoral y de 11 del Banco de Galicia. “Hay un antes y un después de sus testimonios, que han sido decisivos para el avance de la causa”, les dijo Gonella a los damnificados y recordó que la investigación se motorizó con los 150 testimonios prestados en tres días en la sede de la Fiscalía Federal Nº 2.
En la ocasión, las personas estafadas, pequeños y medianos ahorristas, centraron sus interrogantes en las medidas cautelares sobre los bienes de los imputados, que les permitan recuperar el patrimonio del que fueron desposeídos. Los fiscales precisaron entonces que en el marco de la causa ya se ha pedido una serie de medidas en ese sentido, y particularmente el fiscal Rodríguez se encargó de aclarar que el objeto de este proceso es la sanción penal y no la indemnización de las víctimas, más allá de que se procuren todas las medidas para que la reparación económica pueda asegurarse.
Una mujer que también resultó estafada dio cuenta de la confianza que tiene en conseguir justicia, ya que manifestó: “Más que interesante la reunión a la que hemos concurrido los estafados por el contador Rossini y sus cómplices. Hay que ratificar lo mencionado en otras oportunidades respecto al trabajo de investigación realizado por la Procelac, organismo que nos ha permitido a los estafados tener esperanzas de que nuestros ahorros vamos a recuperar. Así será”.
“Quedó demostrado que no hay impunidad que se pueda resistir a nuestra verdad. Fuimos alevosamente estafados por una organización delictiva que a la brevedad deberá dar cuenta de su accionar ante la Justicia Federal”, añadió la mujer. Por su parte, Gonella destacó que el contacto directo con las víctimas “es muy importante porque más allá del valor probatorio de sus testimonios estos encuentros nos permiten captar en esencia la real dimensión del daño generado por la maniobra delictiva que investigamos”.
DIARIO UNO.
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