Las secuelas del alzamiento policial de diciembre en Santa Fe

La Cámara de Apelaciones debe decidir sobre un habeas corpus que presentó el equipo jurídico de Hijos en amparo de una adolescente baleada por la espalda y un chico de 15 al que le rompieron las costillas a patadas. Pero el sumario aún no se inició. Durante la huelga policial en Santa Fe operaron en las calles escuadrones sin control.

.Rosario 12 | 

 Una audiencia oral y pública en Tribunales volvió a dejar a la vista esta semana las tropelías en el alzamiento policial de diciembre y cómo operaron los escuadrones de seguridad sin el control del poder político. La presidió el juez de la Cámara de Apelaciones Sebastián Creus, quien debe decidir sobre un habeas corpus que presentó el equipo jurídico de Hijos en amparo de las víctimas de la represión, entre ellas una adolescente de 16 años que balearon por la espalda y un chico de 15 al que le rompieron las costillas a patadas. El recurso fue rechazado por el juez Darío Sánchez (Instrucción 5ª), que ordenó extraer copias del expediente y abrir otra causa penal para investigar las denuncias, pero a cuatro meses de los hechos el sumario a los represores aún no se inició.

El debate cruzó a los abogados denunciantes Lucila Puyol, Guillermo Munné y Marcos Villano con la fiscal de Cámara Liliana Lauxmann, quien negó al organismo de derechos humanos la condición de parte en el juicio, sostuvo que la apelación fue mal concedida y pidió al tribunal que ratifique el fallo de primera instancia. "Usted desconoce los criterios de la jurisprudencia moderna", le retrucó Munné. La audiencia pública es uno de los cambios del nuevo sistema penal; en las causas anteriores a la reforma, el proceso será escrito, pero las apelaciones, orales.

En la expresión de agravios, Puyol dijo que el juez Sánchez se tomó 45 días en resolver el amparo y lo rechazó después de la feria de enero con un informe de la Policía ("sospechada y denunciada") que tenía en su despacho desde el 26 de diciembre. El informe -explicó la abogada- es tan "desprolijo" y "confuso" que hasta menciona que "una de las personas que no estaban detenidas" era su colega Munné, otro de los patrocinante del habeas corpus. Una burla. "¿Y usted fue detenido?", le preguntó el juez. Creus: "La policía informó que yo no estuve detenido ni tengo antecedentes", respondió Munné.

El presidente de la audiencia quiso saber entonces si se había iniciado la investigación a los victimarios. "Lo desconozco", le contestó la fiscal Lauxmann, lo que revela una lectura rápida del caso porque el juez Sánchez elevó todo el expediente a la Cámara y por lo tanto, la segunda causa tampoco se inició.

Los abogados de Hijos impulsaron el habeas corpus "en amparo de todas las víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Santa Fe, el 9 y 10 de diciembre", así "hayan sido privadas de su libertad o sometidas a golpes, disparos con armas de fuego y/o apremios ilegales". El recurso se presentó el 20 de diciembre y el juez Sánchez lo rechazó el 5 de febrero, después de las vacaciones judiciales.

Se trata de un habeas corpus colectivo "reparador y preventivo", es decir, que denuncia la "violencia y arbitrariedad" con la que operó el aparato policial en el alzamiento de diciembre. Pero también reclama a la justicia que intime al gobierno de Antonio Bonfatti que retome "el efectivo control" político de la fuerza pública y evite otra escalada de "violaciones a los derechos humanos y a la dignidad de las personas". En la audiencia del jueves, el doctor Munné calificó los días del motín policial como "una especie de estado de sitio decretado por la policía", pero "selectivo" porque la represión se desató "en los barrios más pobres de la ciudad". Y denunció las "razzias antidemocráticas violatorias de derechos humanos impuestas por una autocracia policial como la que se impuso" en Santa Fe.

Entre otras cosas, los abogados de Hijos impugnaron la detención "arbitraria" de unas 30 personas que "por una particular estigmatización social se vieron privadas de su libertad". Y revelaron que uno de los operativos de "mayor magnitud" se realizó en cercanías del Centro Cultural El Birri, en la estación del Ferrocarril Mitre, donde operaron "camionetas grises y blancas" con patentes "tapadas con cinta negra" y represores de civil. Allí un grupo de chicos "fue perseguido a tiros" por una patota policial. Una adolescente de 16 años, Natalia Espíndola recibió "un balazo en uno de sus flancos" y cuando uno de sus compañeros, Daniel Ortiz, de 15, intentó auxiliarla fueron "sorprendidos por una camioneta de la Gendarmería Nacional, que estaba con las luces apagadas", desde donde le vuelven a disparar. Daniel sufre una "golpiza" a patadas que le provoca "graves lesiones" y "la fractura de algunas costillas" y luego es trasladado a la comisaría 3. Y Natalia, interrogada por la edad; cuando ella dice que tiene 16 años, le ordenan que se vaya, pero a los "15 o 20 metros", el mismo interrogador le vuelve a disparar por la espalda. "Una canallada cobarde e inhumana", dijeron los abogados. Natalia cayó "inconciente", entonces la suben a la camioneta y la abandonan en General López al 4.700, donde es auxiliada por vecinos y llevada al hospital Cullen.

En la audiencia de apelación, Puyol dijo que el juez Sánchez rechazó el habeas corpus "sin fundamentos". "Nos agravia que el informe policial mencione que una de las personas que no estaban detenidas era el doctor Munné, mi colega, que es uno de demandantes. Y eso habla de un descuido" de la Policía y el Juzgado. "Nos agravia que el juez desconociera a las personas indefensas y a una policía que operaba sin control de las autoridades políticas y desobedeciendo órdenes", afirmó la abogada de Hijos.

-¿Usted fue detenido?- le preguntó el juez Creus a Munné.

-No -contestó el abogado. "Pero la baja calidad de la investigación del juez y de la Policía me menciona en uno de los informes. Nos dijeron que yo no estuve detenido y que no tengo antecedentes", ironizó Munné.

-Y si los tuviera, tampoco interesan- comentó el magistrado. "¿Qué tipo de medidas debería tomar el Poder Judicial?", volvió a preguntar Creus. Los abogados de Hijos advirtieron sobre "el abuso de autoridad y de represión" de la Policía. Una naturalización de la "violencia institucional que siempre ataca a los más empobrecidos, aquellas personas que, por racismo y estigmatización fueron detenidas, golpeadas y maltratadas" Y pidieron que "se intime al Poder Ejecutivo" para adopte "medidas tendientes a evitar estos episodios".