"Le daremos un gran impulso a la inspección laboral. Desde Trabajo vamos a sumarnos a la lucha contra la evasión y la competencia desleal". La frase corresponde a Carlos Tomada. Podría pensarse que la pronunció esta semana cuando acompañó a la Presidenta al anuncio oficial sobre el envío al Parlamento de un proyecto para combatir el trabajo en negro. Pero no, aquello lo dijo hace más de diez años, cuatro días antes de la asunción al poder de Néstor Kirchner.
Quedaría por discernir si esto habla de la perseverancia del kirchnerismo para promover el empleo registrado o si en realidad se ha revelado ineficaz durante más de una década para tratar de revertir una situación que afecta hoy a más de un tercio de las fuerzas del trabajo en la Argentina.
Como sea, la doctora Kirchner se ha mostrado especialmente interesada estos últimos días en incluir en su agenda una serie de temas de orden laboral. Hasta los más incautos podrían sospechar que se trata de un acto reflejo estimulado por la magnitud del reciente paro general de actividades del sindicalismo opositor.
Menos de siete días le bastaron al Gobierno para anunciar que se estudia una suba del mínimo no imponible para impedir que Ganancias siga fagocitándose salarios; elaboró un proyecto en prevención del fraude laboral, con incentivos para los empresarios que regularicen a sus empleados; y reglamentó la ley que amplía los derechos del personal de casas particulares.
También cabría en este paquete otra iniciativa de sello K, fijando nuevas reglas de juego para los piquetes. Es un tema que no pasa desapercibido a los ojos de los gremios peronistas, especialmente tras la cuestionada actuación de grupos piqueteros y fuerzas sindicales de la izquierda radicalizada durante la pasada huelga.
Con antelación a su discusión en el Congreso, el debate sobre informalidad laboral ya se calentó. Tomada pidió a los gremios más compromiso para meterse en una lucha que, dijo, la tiene a Cristina Kirchner "a la cabeza de esta cruzada".
Desde la central opositora, el contragolpe fue inmediato. "Lo que dice Tomada es una caradurez, porque en su ministerio hay cantidad de empleados en negro. Acá el mayor evasor es el Estado", señaló a Infobae el panadero Abel Frutos, uno de los actuales lugartenientes de Hugo Moyano.
Otro que saltó como un resorte fue el jefe de los trabajadores rurales (Uatre), Géronimo "Momo" Venegas, caracterizado por Tomada como alguien que "no tiene un comportamiento para enfrentar esa problemática".
"La obligación de poner a la gente en blanco es del Gobierno, no del gremio. Que manden a policías del Trabajo y los acompañamos. Tomada se olvida de cuando Kirchner me ponía de ejemplo de la lucha contra el trabajo en negro", dijo Venegas a este medio. Según él, su actuación fue determinante para "blanquear" a más de medio millón de trabajadores.
Venegas se remonta a los tiempos en que aún gozaba del calor oficial. Entonces, controlaba el Renatre, un organismo de seguridad social de los peones rurales. Manejaba fondos sustentados por una contribución obligatoria de las patronales del 1,5% de lo que pagaban en sueldos. Hace dos años, Cristina lo desmanteló para crear el Renatea, en coincidencia con el pase definitivo de Venegas a la oposición.
Caso difícil el del campo. A la resistencia histórica de los grandes productores a registrar a sus empleados, se suman ahora problemas adicionales, como la propia voluntad de algunos trabajadores a permanecer en negro para no perder los beneficios que obtienen de planes asistenciales. El Gobierno debería atender esa contingencia.
Respecto de elevar el tope salarial para que haya menos trabajadores alcanzados por Ganancias, Tomada y Jorge Capitanich, manifestaron a dúo que el tema se analiza, pero que los tiempos para su ejecución corresponden a Cristina. Con todo, se aguarda que el anuncio se efectivice más temprano que tarde.
"Con lo producido por la cosecha de soja, hay más resto para descomprimir esta situación ", reconoció uno de los contados voceros kirchneristas que se permite hablar con la prensa. Si se da lo que todo el mundo gremial espera, pasarían a pagar Ganancias aquellos sueldos que superen los 18 mil pesos.
También habrá que aguardar la evolución del nuevo régimen de empleo del personal doméstico, que junto a los trabajadores del campo son los sectores de mayor informalidad. Por lo pronto, miles de domésticos que estaban en blanco perdieron sus trabajos el año pasado, cuando se sancionó esta normativa por unanimidad.
"La nueva ley ahora les reconoce derechos como a cualquier otro trabajador: salud, seguridad social o atención de accidentes de trabajo. En líneas generales estamos muy conformes", apuntó Carlos Brasseso, apoderado legal del gremio del Personal Auxiliar de Casas Particulares.
En cambio, el proyecto para desalentar piquetes levantó polvareda. La izquierda dura lo calificó de "reaccionario". La ortodoxia sindical cree que es asunto del Gobierno desarticular al "monstruo" que creó el propio kirchnerismo. "Ahora le van a dar permiso sólo a los piquetes que a ellos les convenga", concluyen.
Con la pelota en el campo de la Casa Rosada, la CGT de Caló sigue mansa, a la espera de que se atienda algunas de sus demandas. En el sector de Moyano y Barrionuevo, en cambio, hay bastante preocupación. El paro pasó largamente la prueba. Pero el Gobierno sigue sin establecer ninguna vía de negociación.
Así gana terreno la idea de hacer un nuevo paro, pero de 36 horas. La mala es que las centrales opositoras esperaban un aluvión de gremios que se sumarían tras el paro y eso no ocurrió. Es más, observan cada movimiento del segundo de Moyano en esa CGT, el petrolero Guillermo Pereyra, a quien juzgan "despreocupado" por lo que vaya a pasar. No saben si atribuirlo a algún ofrecimiento del Gobierno o al malestar que le provocaría tanta cercanía con Barrionuevo o con la CTA anti k de Pablo Micheli.
También son cada vez más en esa central los que se cansaron del estilo "cuestionador" de Facundo. El hijo de Moyano, a cargo del gremio de peajes, promueve una reforma del modelo sindical peronista. Pero sus críticas al paro el mismo día que se llevaba adelante, dicen, rebalsó el vaso, al punto de costarle un fuerte "sacudón" de su padre.
Quedaría por discernir si esto habla de la perseverancia del kirchnerismo para promover el empleo registrado o si en realidad se ha revelado ineficaz durante más de una década para tratar de revertir una situación que afecta hoy a más de un tercio de las fuerzas del trabajo en la Argentina.
Como sea, la doctora Kirchner se ha mostrado especialmente interesada estos últimos días en incluir en su agenda una serie de temas de orden laboral. Hasta los más incautos podrían sospechar que se trata de un acto reflejo estimulado por la magnitud del reciente paro general de actividades del sindicalismo opositor.
Menos de siete días le bastaron al Gobierno para anunciar que se estudia una suba del mínimo no imponible para impedir que Ganancias siga fagocitándose salarios; elaboró un proyecto en prevención del fraude laboral, con incentivos para los empresarios que regularicen a sus empleados; y reglamentó la ley que amplía los derechos del personal de casas particulares.
También cabría en este paquete otra iniciativa de sello K, fijando nuevas reglas de juego para los piquetes. Es un tema que no pasa desapercibido a los ojos de los gremios peronistas, especialmente tras la cuestionada actuación de grupos piqueteros y fuerzas sindicales de la izquierda radicalizada durante la pasada huelga.
Con antelación a su discusión en el Congreso, el debate sobre informalidad laboral ya se calentó. Tomada pidió a los gremios más compromiso para meterse en una lucha que, dijo, la tiene a Cristina Kirchner "a la cabeza de esta cruzada".
Desde la central opositora, el contragolpe fue inmediato. "Lo que dice Tomada es una caradurez, porque en su ministerio hay cantidad de empleados en negro. Acá el mayor evasor es el Estado", señaló a Infobae el panadero Abel Frutos, uno de los actuales lugartenientes de Hugo Moyano.
Otro que saltó como un resorte fue el jefe de los trabajadores rurales (Uatre), Géronimo "Momo" Venegas, caracterizado por Tomada como alguien que "no tiene un comportamiento para enfrentar esa problemática".
"La obligación de poner a la gente en blanco es del Gobierno, no del gremio. Que manden a policías del Trabajo y los acompañamos. Tomada se olvida de cuando Kirchner me ponía de ejemplo de la lucha contra el trabajo en negro", dijo Venegas a este medio. Según él, su actuación fue determinante para "blanquear" a más de medio millón de trabajadores.
Venegas se remonta a los tiempos en que aún gozaba del calor oficial. Entonces, controlaba el Renatre, un organismo de seguridad social de los peones rurales. Manejaba fondos sustentados por una contribución obligatoria de las patronales del 1,5% de lo que pagaban en sueldos. Hace dos años, Cristina lo desmanteló para crear el Renatea, en coincidencia con el pase definitivo de Venegas a la oposición.
Caso difícil el del campo. A la resistencia histórica de los grandes productores a registrar a sus empleados, se suman ahora problemas adicionales, como la propia voluntad de algunos trabajadores a permanecer en negro para no perder los beneficios que obtienen de planes asistenciales. El Gobierno debería atender esa contingencia.
Respecto de elevar el tope salarial para que haya menos trabajadores alcanzados por Ganancias, Tomada y Jorge Capitanich, manifestaron a dúo que el tema se analiza, pero que los tiempos para su ejecución corresponden a Cristina. Con todo, se aguarda que el anuncio se efectivice más temprano que tarde.
"Con lo producido por la cosecha de soja, hay más resto para descomprimir esta situación ", reconoció uno de los contados voceros kirchneristas que se permite hablar con la prensa. Si se da lo que todo el mundo gremial espera, pasarían a pagar Ganancias aquellos sueldos que superen los 18 mil pesos.
También habrá que aguardar la evolución del nuevo régimen de empleo del personal doméstico, que junto a los trabajadores del campo son los sectores de mayor informalidad. Por lo pronto, miles de domésticos que estaban en blanco perdieron sus trabajos el año pasado, cuando se sancionó esta normativa por unanimidad.
"La nueva ley ahora les reconoce derechos como a cualquier otro trabajador: salud, seguridad social o atención de accidentes de trabajo. En líneas generales estamos muy conformes", apuntó Carlos Brasseso, apoderado legal del gremio del Personal Auxiliar de Casas Particulares.
En cambio, el proyecto para desalentar piquetes levantó polvareda. La izquierda dura lo calificó de "reaccionario". La ortodoxia sindical cree que es asunto del Gobierno desarticular al "monstruo" que creó el propio kirchnerismo. "Ahora le van a dar permiso sólo a los piquetes que a ellos les convenga", concluyen.
Con la pelota en el campo de la Casa Rosada, la CGT de Caló sigue mansa, a la espera de que se atienda algunas de sus demandas. En el sector de Moyano y Barrionuevo, en cambio, hay bastante preocupación. El paro pasó largamente la prueba. Pero el Gobierno sigue sin establecer ninguna vía de negociación.
Así gana terreno la idea de hacer un nuevo paro, pero de 36 horas. La mala es que las centrales opositoras esperaban un aluvión de gremios que se sumarían tras el paro y eso no ocurrió. Es más, observan cada movimiento del segundo de Moyano en esa CGT, el petrolero Guillermo Pereyra, a quien juzgan "despreocupado" por lo que vaya a pasar. No saben si atribuirlo a algún ofrecimiento del Gobierno o al malestar que le provocaría tanta cercanía con Barrionuevo o con la CTA anti k de Pablo Micheli.
También son cada vez más en esa central los que se cansaron del estilo "cuestionador" de Facundo. El hijo de Moyano, a cargo del gremio de peajes, promueve una reforma del modelo sindical peronista. Pero sus críticas al paro el mismo día que se llevaba adelante, dicen, rebalsó el vaso, al punto de costarle un fuerte "sacudón" de su padre.
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