Es el 20 de Junio, que por hechos de violencia registrados en enero de este año, primero cerró sus puertas y después funcionó a medias. Hoy trabaja con plantel nuevo. Más infraestructura barrial y servicios acompañan el nuevo momento de un dispensario insoslayable.
La Capital |
Si en vez de una nota esto fuera una película, las imágenes hablarían solas. Como no lo es, hacen falta palabras: en la esquina de Flammarión al 5100, a una cuadra de donde el 21 de enero un tiroteo cruzado mató a una nena de 5 años, dos puestos de documentación rápida confeccionaban el miércoles pasado el DNI a un enjambre de vecinos y dos chiquitos de tres o cuatro años jugaban a la pelota. Todo eso frente al Centro de Salud 20 de Junio, que llegó a cerrar sus puertas por la inseguridad y después funcionó a medias, lo que causó enojo en el barrio. Hace dos meses, cuando este mismo diario llegó al lugar, la postal era desoladora: el dispensario cerrado a cal y canto, y cuatro pibes sentados en el piso que no ocultaban su bronca hacia los médicos "desaparecidos en acción" y qu se quejaban de los "rastreros" que "pudren todo a balazos". El Estado parecía haber dado un paso hacia atrás. Cuanto menos, haberse admitido impotente.
Dos meses después, no es que hayan desaparecido la pobreza ni los conflictos en ese sector del vecindario, a metros del ferrocarril y uno de los "prioritarios" para el Plan Integral de Intervención en los Barrios, donde la provincia hará una inversión bianual de 4 mil millones de pesos en infraestructura y programas sociales.
Ni peor ni mejor que otras barriadas empobrecidas de la ciudad, Flammarión (como se conoce al área, también Fuerte Apache) cobró triste notoriedad tras la muerte de Melanie Navarro, la nenita alcanzada por una bala que cruzaron dos grupos enfrentados y que días después también dejaron sus marcas en la fachada del centro de salud.
Esos dos hechos especialmente violentos, sumados a robos, arrebatos y otros incidentes graves en pocos meses, saturaron al equipo de 18 trabajadores del dispensario que, hartos y asustados, decidieron alejarse "transitoriamente" .
Pero a la luz de lo que ocurrió después, el temor no fue tan pasajero. Y tras el portazo de médicos, enfermeros y administrativos, el centro asistencial, inaugurado en el 2010 para descomprimir al Hospital Roque Sáenz Peña, permaneció cerrado unos días. Después reabrió, pero con horario reducido y personal jerárquico de Salud.
Por eso el 13 de febrero pasado, cuando La Capital llegó al lugar, las puertas estaban cubiertas de carteles que remitían a los pacientes a otros ámbitos sanitarios.
Los balazos todavía incrustados en el frente convivían con pintadas y los vecinos desfilaban para dejar en claro su enojo por el abandono del que se sentían víctimas. Por entonces aún funcionaban en el barrio un búnker de droga y un pequeño desarmadero de motos.
El "quiebre" fue tan fuerte, recuerda el director de Atención Primaria, Ignacio Gómez, que obligó a una intervención coordinada del municipio y la Secretaría de Seguridad provincial. De arranque, se apostó a la guardia rural Los Pumas frente al dispensario.
En esos días hubo febriles reuniones entre la intendenta Mónica Fein, la fiscal federal coordinadora de distrito, Adriana Saccone, el ministro Raúl Lamberto y otros funcionarios.
Aunque reabrir el centro de salud era prioritario, ya entonces se sabía que la batalla mayor sería recuperar presencia estatal. Antes, claro, habría que garantizar mínimas condiciones de seguridad.
Y mientras se empezó a avanzar con algunas mejoras en servicios e infraestructura básica —presencia policial, iluminación, poda, zanjeo— el centro de salud apuntó a rearmar su plantel. De los 18 empleados iniciales, hoy trabajan 13: sólo uno permaneció en su puesto.
El resto de los profesionales, mucama y administrativos vienen de otros centros de salud, dispuestos a ponerle el pecho al asunto. "Hay alguna dimensión épica en el intento por disputar el territorio", define Gómez. Por ahora trabajan hasta las 14, pero aspiran a volver a atender hasta las 18.
Al frente está Ana Moirín, una odontóloga llegada de otro dispensario de zona sur. Para completar el plantel, necesitarán al menos sumar otro enfermero y un trabajador social.
Y como están convencidos de que la seguridad se construye comunitariamente, el gran desafío es "recuperar el vínculo con el barrio", afirma Moirín.
Para eso, por fuera de la actividad estrictamente sanitaria, al centro lo "entornaron" con actividades sociales: reuniones del Servicio Público de la Vivienda (ver aparte), tres exitosas jornadas de documentación que ayer concluyeron con casi 600 trámites, una convocatoria del Presupuesto Participativo para que los vecinos presenten proyectos y otra para armar en breve una feria de la salud.
"El operativo de documentación, por ejemplo, una cosa pequeña pero que a la gente le cambia la vida, fue un buen puntapié para reforzar vínculos con los vecinos, que se habían alejado un poco de las instituciones", sostiene la subdirectora de Gestión Territorial de Promoción Social, Lorena Larosa.
Entre el trajín del centro de salud y de los móviles de documentación, se ve a un policía de Los Pumas rondar la esquina y charlar con la gente. Esa presencia se agradece, hoy por hoy un lugar común. "Esta policía, no la del barrio, se comunica más con la gente. Antes acá no se podía ni jugar, ahora los pibes pueden venir con la pelota o la bici, y yo hasta me vengo a tomar unos mates con ellos", cuenta Isabel Benítez, madre de cuatro chicos que esperan su turno para el DNI.
"Y ahora que volvieron los médicos hasta la tarde también estoy tranquila. Antes no llegaba a tiempo para hacerme atender", dice.
Otra vecina, Cristina Robledo, confiesa que "la gente estaba muy enojada porque creyó que los médicos se las habían tomado". Ahora, poco a poco, las cosas vuelven a la normalidad. Aunque sea en el mismo barrio pobre, aunque sigan los viejos problemas, una de las claves está en no sentirse olvidados. Un poco menos solos.
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