Un fallo adverso contra la Argentina por los activos embargables podría convertirse a partir del lunes en uno de los grandes problemas del equipo económico: ese día los abogados se verán las caras en la Corte de los EEUU
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Con ese propósito, el titular de Economía se reunió la semana pasada con los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton y con el ex procurador de la Corte Suprema de los EEUU, Paul Clemence, que fue contratado por el Gobierno argentino para la defensa.
El funcionario ahora se prepara para viajar -este fin de semana- a Nueva York y estar presente en ese trascendental encuentro judicial, como en su momento lo hicieron sus antecesores, Amado Boudou y Hernán Lorenzino.
En la causa denominada discovery mundial, los fondos buitre que demandan al país ya consiguieron una autorización del juez Tomas Griesa -pertenece a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York- para que varias entidades financieras les dieran información sobre los bienes argentinos y colocaciones financieras privadas depositadas en cuentas del exterior que podrían ser objeto de embargos. Ya ocurrió en su momento con la Fragata Libertad en el puerto de Tema (Ghana), pero el Gobierno apeló y frenó la acción.
El próximo lunes 21 los abogados de la Argentina y los representantes legales de los holdouts demandantes se verán las caras por primera vez y ante la Corte Suprema de Justicia de los EEUU.
Fuentes del ministerio de Economía informaron que, en función de las últimas reuniones realizadas por Kicillof en Washington con el equipo de abogados que defiende a la Argentina, ha quedado claro que hoy un acuerdo parece muy lejano y adelantaron que es muy factible que deba hacer frente a los ocho jueces de la Corte norteamericana para convencerlos de que traten el caso del juicio argentino contra los fondos buitre.
Ofensiva contra activos privados
El fondo Elliott, comandado por Paul Singer, quiere realizar nuevos embargos contra bienes o cuentas relacionadas con la Argentina, como por ejemplo las de algunos empresarios entre los que aparece Lázaro Báez.
En Economía creen que con esas maniobras los acreedores buscan forzar al Gobierno a estudiar un arreglo privado con tres bancos de inversión cuyos directivos ya se han reunido varias veces con los funcionarios del equipo de Kicillof.
La estrategia de los bonistas que no ingresaron al canje de deuda es esperar que la Corte Suprema de los EE.UU. no tome el caso argentino y luego comenzar a presionar al país para que pague definitivamente los 1.330 millones de dólares que ordenó el juez Griesa en octubre de 2012.
Hay que recordar que a principios de marzo pasado el gobierno de los EE.UU. reiteró su respaldo a la Argentina ante la Corte Suprema por la causa contra los fondos buitre, al presentar un \'amicus curiae\' en el que afirmó tener "un interés sustancial en la correcta interpretación y aplicación" de la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA) y en el tratamiento que se les da a los estados extranjeros en las cortes norteamericanas. Esta presentación se realizó en el marco de la denominada causa que actualmente se encuentra en la etapa de presentación de méritos escritos ante el máximo tribunal norteamericano.
El documento también hizo referencia a lo planteado por los abogados de la Argentina con respecto a la interpretación de los tribunales de Nueva York, sobre la cláusula pari passu. En ese sentido, el gobierno de los EEUU señaló que "con sus decisiones, las cortes inferiores rechazaron la posición de su país como amigo de la Corte, de que la reestructuración consensual es el medio apropiado para resolver la crisis de deuda soberana".
En ese documento también se rechaza el aspecto "de que las órdenes podrían interrumpir la resolución ordenada de tales crisis y de que fueron inconsistentes con la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos y con el bien establecido entendimiento de la cláusula pari passu que aparece en los bonos". Este documento fue el segundo que firmó el fiscal Donald Varrilli, en el caso "discovery mundial".
El mencionado funcionario judicial calificó como erróneo el aval dado por por parte de la justicia neoyorquina a la petición del fondo buitre NML Capital de exigir a ciertos bancos información relativa a bienes de la Argentina en el mundo y respaldó la petición realizada por el Gobierno argentino para que esa decisión fuera rechazada.
El amicus curie sostiene además que, si se permitiera examinar los bienes de un país extranjero por parte de los tribunales de los Estados Unidos, se podría "minar los propósitos de la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos y generar un número de consecuencias adversas", porque por un lado invadiría sustancialmente la soberanía de un estado extranjero en un área especialmente sensible y por otro sería "inconsistente" con los principios y propósitos que la ley FSIA expresa, señala el escrito que lleva la firma del fiscal General del Estado.
Además, se advierte que la misma autorización "podría provocar un tratamiento recíproco adverso para los Estados Unidos en tribunales extranjeros, lo que amenazaría con hacer daño a las relaciones exteriores norteamericanas en forma más general".
Por su parte, el Gobierno argentino presentó un escrito en el que realizó un análisis de fondo detallando los argumentos por los cuales las decisiones de las cortes inferiores de Manhattan violan la Ley de Inmunidad Soberana de los EE.UU. A esta pelea contra la administración Barack Obama se sumaron 21 de los 50 estados que componen el país, quienes en un documento de características inéditas le pidieron a la Corte Suprema que falle "en contra" de la Argentina. El escrito va en contra de la opinión del gobierno americano y esta referido no a la causa de fondo de la pelea judicial sino al llamado discovery mundial.
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