Aunque estimativos, los datos son oficiales y reflejan una dura realidad: la pobreza extrema en que viven estas familias, su imposibilidad de acceder a bienes y servicios básicos y a la tierra propia. Y de vivir en un área de exclusión, donde los límites urbanos se cierran. Otro dato completa el cuadro: en la actualidad, hay más de 10 mil familias santafesinas que tienen problemas para acceder a la vivienda (déficit habitacional).
En el oeste y hacia el norte (en los reservorios que bordean los barrios como Villa Oculta, las tres Barranquitas y San Pantaleón), y en el valle de inundación del río Salado hay más de 300 familias asentadas en zonas bajas de riesgo hídrico. Debajo del “rulo” de la Circunvalación Oeste viven hacinadas 15 familias. Hay más de 200 familias asentadas cerca de los reservorios del noreste (Bajo Judiciales, Playa Norte). Y en la Costa, cerca de la Ruta 168, en Los Alisos (detrás de barrio El Pozo), La Guardia y Colastiné, dispersas y siempre fuera del área de defensa, está el resto de las familias asentadas irregularmente.
Los asentamientos urbanos informales están determinados por distintos factores. Las familias viven en situación de pobreza, con necesidades básicas insatisfechas (NBI) y precariedad edilicia; no tienen la propiedad de la tierra que ocupan, tampoco acceso a servicios básicos (agua potable) ni conectividad urbana (transporte público), entre otros.
Proceso complejo
“En 2008, en el marco del Plan de Regularización Dominial, se relevaron 1.000 familias ubicadas en zonas de riesgo hídrico (oeste, noreste y la Costa). A partir de la declaración de la Emergencia Hídrica de 2009, se armó un plan de reubicación de estos grupos familiares asentados en zonas inundables. Hoy, la mitad (500) de estas familias está en proceso de reubicación en zonas aptas. No es sencillo el proceso de relocalización, es muy complejo”, admitió a El Litoral Sara Lauría, directora de Santa Fe Hábitat, Agencia para el Desarrollo Social y Urbano.
“Es difícil controlar la situación de traspaso de los límites que están fuera de las tramas urbanas. Hay dificultades con el control y las estrategias para evitar que la gente se asiente en zonas inundables. En la barranca, no va a llegar nunca la urbanización: la gente que se asienta allí no es consciente de esto, ni de los peligros de residir en esa área. Además, hay una migración interna de personas que llegan de otras provincias que obliga a atender nuevos problemas habitacionales”, dijo Hugo Marchetti, subsecretario de Acción Social del Municipio.
Qué se hace
Hay acciones del municipio tendientes a la relocalización de estas familias. “El plan de reubicación no es simplemente sacar a la familia e instalarla en otro lugar más alto. Se trata de ver de qué manera se la integra en otro espacio, en el aspecto físico y también social. Se tiene en cuenta la disponibilidad de terrenos con cota adecuada, con posibilidades de accesibilidad al transporte, salud. etc.. A esos terrenos donde se reubiquen las familias, también hay que urbanizarlos. Esto implica una importante inversión del Estado local en infraestructura”, expresó Lauría.
La funcionaria precisó que en el oeste, con la generación de la calle de cierre de trama que impedirá que la ciudad se expanda más al oeste, “hay un trabajo conjunto de la Provincia con el Movimiento Los Sin Techo (MLST), que permitió avanzar en la construcción de 100 módulos básicos. El municipio pone la tierra; la provincia, los recursos para la construcción de las viviendas, y el MLST, la coordinación y mano de obra. Se genera así nuevo suelo urbano y se propician las condiciones para un hábitat digno”, cerró.
¿Crecimiento?
¿Ha crecido el número de familias en los asentamientos irregulares inundables? Lauría y Marchetti aseguraron que “se busca controlar que no se sumen más familias. Pudo haber habido un crecimiento propio del número de integrantes de algunos grupos familiares (más hijos). Pero desde las políticas municipales se controló el crecimiento”. Lauría insistió en que “lo importante es tener identificadas las situaciones problemáticas y mediar para evitar que más familias se asienten en zonas de riesgo”.
Déficit habitacional
“En 2007, había entre 15 y 17 mil familias de unos 50 barrios que no tenían la propiedad de la tierra ni de la vivienda. Frente a esto, se implementó el Plan de Regularización Dominial en 2008. Actualmente, hay unas 10 mil familias que están en situación de déficit habitacional”, estimó Lauría. Aclaró que no se puede regularizar dominialmente la situación de los vecinos que están asentados en zonas inundables. Primero, hay que relocalizarlos en zonas urbanas aptas.
El Litoral
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