En Rosario hay 77 causas abiertas por juicios de lesa humanidad

Durante el año 2013, la Justicia federal de Rosario dictó dos sentencias por crímenes de lesa humanidad: las causas Pedro Pili Rodríguez, por delitos en San Lorenzo, y el expediente Guerrieri II.

.La Capital | 

Por otra parte, resultó positivo el avance en otras causas en etapa de instrucción —uno de sus frutos es que en febrero comenzará el juicio oral por la causa Feced II—, y las aperturas de las investigaciones por la represión al Villazo, por delitos económicos contra el patrimonio de la Biblioteca Vigil, y crímenes en las cárceles Unidad 3 y Coronda. También impactó el avance en dilucidar la responsabilidad eclesiástica en los años de plomo con el procesamiento del cura Eugenio Zitelli y el descubrimiento de un centro clandestino en un predio de la Iglesia en Funes. En la actualidad hay 77 causas abiertas por el terrorismo de Estado en la jurisdicción de Rosario, incluyendo aquellas por sustracción de menores e identificaciones de restos inhumados de posibles desaparecidos.

Desde la caída de las leyes de impunidad en Rosario finalizaron cinco juicios: Guerrieri I, en 2010; Díaz Bessone (ex Feced) y Saint Amant (por delitos en San Nicolás), en 2012; y las causas Rodríguez y Guerrieri II en 2013.La del abogado y ex concejal sanlorecino Pili Rodríguez se destaca por ser el primer civil en ser condenado por estos delitos, en este caso por el secuestro y torturas al sindicalista Manuel Casado. En ese proceso, además, fueron sentenciados los ex militares Rubén Cervera y Horacio Maderna, ex jefes del Batallón 121 de Fray Luis Beltrán e interventores en el municipio de San Lorenzo. El 8 de agosto pasado, el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1), presidido por el juez Otmar Paulucci, les aplicó a los tres imputados la pena de 8 años y medio de prisión, aunque también estableció que quedaran en libertad hasta que la sentencia, que el propio tribunal dictó, quedara firme.

2013 también marcó el comienzo de la "segunda" ronda de juicios para un mismo circuito represivo, en este caso con Guerrieri II, con la incorporación de nuevos imputados por prácticamente los mismos delitos que en Guerrieri I. Este juicio concluyó el 20 de diciembre pasado con condenas a seis represores: el ex militar Marino González (cadena perpetua), los ex personal civil de Inteligencia (PCI) Ariel Porra (25 años), Juan Cabrera (25 años), Alberto Pelliza (18 años), Ariel López (16 años) y Carlos Sfulcini (20 años). El ex militar Joaquín Gurrera fue absuelto de los cargos de secuestros y homicidios, pero sentenciado a 8 años por asociación ilícita. Por ese delito también fueron condenados a 10 años de cárcel los ex oficiales del Ejército Pascual Guerrieri, Jorge Fariña y Juan Daniel Amelong, y a 5 los ex PCI Eduardo Costanzo y Walter Pagano, estos cinco sentenciados a perpetua en el juicio Guerrieri I.

En Guerrieri II, el TOF1, integrado por los jueces de Paraná y presidido por Roberto López Arango, le imprimió una celeridad inusual al proceso a hizo suya la acordada de la Cámara de Casación que sugirió evitar la reiteración de testimonios de víctimas que ya declararon en otros procesos, ingresándolos por lectura. Sin embargo, las sentencias no dejaron conformes a querellantes y organismos porque la graduación aplicada a las penas trasluce el concepto de obediencia debida, aplicando más duras a aquellos de mayor jerarquía en la estructura militar.En este juicio se investigan crímenes cometidos por grupos de tareas del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército en los centros clandestinos de detención (CCD) La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia y Fábrica Militar Domingo Matheu, en perjuicio de 27 víctimas.

Nuevas investigaciones. Desde la Unidad Fiscal para causas de lesa humanidad destacaron también los avances en establecer la responsabilidad eclesiástica a través de quien fuera capellán de la policía de Rosario, Eugenio Zitelli. Este sacerdote actualmente se encuentra procesado por 14 hechos de privación ilegal de la libertad agravada y asociación ilícita en la causa conocida como "Feced" y con pedido de indagatoria en "Guerrieri" por los hechos que sufrió el ex sacerdote, ya fallecido, Santiago Mac Guire, quien estuvo cautivo en un CCD en la localidad de Funes, donde funcionó la casa salesiana "Ceferino Namuncurá", y luego pasó al Batallón 121 donde fue "visitado" por Zitelli y el ex arzobispo de Rosario Guillermo Bolatti.

Este año se produjo también la apertura de la primera causa en la jurisdicción por delitos económicos cometidos contra el patrimonio de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, y otra por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados cometidos en la cárcel de Coronda así como en la Unidad Penal III de Rosario. También se abrió la investigación por la represión ilegal del llamado Villazo contra trabajadores de Villa Constitución a partir de 1974, aún durante el gobierno de Isabel Perón, y hasta 1976.

En total, suman 77 los expedientes en instrucción (ver aparte), lo cual habla de un avance de la Justicia federal, pero también exhibe la insuficiencia de recursos ya que la mayoría está en un solo Juzgado: el Federal 4 a cargo del juez Marcelo Bailaque.