En la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Rosario, se analizó el Sistema Tecnológico de Apoyo de Gestión que será utilizado por las instituciones creadas en el marco de la reforma procesal penal.
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En el marco de la puesta en vigencia de la nueva justicia penal, que comenzará a regir plenamente el 10 de febrero, se presentó realizó en Rosario el sistema de apoyo de gestión que será utilizado por las instituciones creadas en el marco de la reforma, durante un encuentro sobre los avances de las herramientas tecnológicas necesarias para la puesta en marcha de la nueva justicia penal.
La actividad tuvo lugar este viernes en la sala de audiencias de la sede del gobierno provincial, un espacio de reunión y capacitación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que justamente reproduce las salas donde se desarrollarán los juicios orales y públicos, ya que a partir del 10 de febrero se abandonará el juicio escrito y secreto, entre otros cambios que trae aparejado el modelo acusatorio.
Participaron del encuentro la secretaria de Transformación de los Sistemas Judiciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, María Cecilia Vranicich; el Fiscal General, Julio de Olazábal; el secretario de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno y Reforma de Estado, Javier Echaniz; directores de las oficinas de gestión judicial, representantes del Poder Judicial, y funcionarios de las nuevas instituciones creadas en el marco del nuevo Código Procesal penal, es decir el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
En este sentido, se presentaron los avances de las herramientas tecnológicas para dar soporte al Nuevo Proceso Penal que será utilizado por el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y la Oficina de Gestión Judicial.
Durante el encuentro, se describieron los procesos de trabajo, y se destacó la necesidad de continuar con el programa de capacitación de los distintos actores involucrados. Asimismo, se trabajó sobre la necesidad de la coordinación de los distintos organismos del nuevo sistema de justicia penal.
UN PROCESO DE CAMBIO HISTÓRICO
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es el organismo de implementación del nuevo proceso penal y por eso desde 2007 ha ejecutado y coordinado múltiples acciones para su puesta en marcha, entre los que se destaca la creación desde cero del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público provincial de la Defensa Penal.
En septiembre de 2009 fueron aprobadas las leyes orgánicas que crean estas instituciones clave, junto con la ley de Transición y la de Organización de los Tribunales Penales y Gestión Judicial. Luego fue necesario seleccionar a las autoridades de la Fiscalía y la Defensa, así como darles apoyo logístico y administrativo. Por concursos públicos han sido elegidas las autoridades provinciales, las regionales y los fiscales y defensores titulares y adjuntos, que recibieron el correspondiente acuerdo legislativo.
El Poder Ejecutivo ha dotado al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de las sedes en las cabeceras regionales de las ciudades de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto, como así también en localidades de importancia estratégica, habiendo adquirido el mobiliario necesario para su funcionamiento.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también impulsó modificaciones legislativas para la puesta en funcionamiento del nuevo código; promovió acuerdos institucionales, como por ejemplo entre el Ministerio de Seguridad y la Fiscalía, para la investigación criminal y científica; creó los Centros de Asistencia Judicial (CAJ) con sus oficinas de Asistencia a las Víctimas y de Mediación Penal para apuntalar los aspectos pertinentes del nuevo sistema; diseñó e implementó el Programa de Gestión y Control de Reglas de Conducta en el ámbito de la Dirección de Control y Asistencia Pos Penitenciaria; asumió la protección de testigos en el marco del decreto Nº 889/2010 debido a que todavía la legislatura no ha dictado la ley pertinente.
También desde la cartera provincial se ha realizado intensa capacitación para los operadores del sistema, se conformó un Comité de Gestión de Conclusión de Causas para desarrollar los lineamientos del sistema residual, entre otras tareas.
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