Así lo consideró la ministra tras ser reelegida para ocupar la presidencia del máximo tribunal de Santa Fe. Además opinó del fallo Marita Verón y de la reforma procesal penal.
El martes pasado, y con el aval de todos los ministros de la Corte, María Angélica Gastaldi fue reelecta como presidenta del máximo tribunal de Justicia de la provincia de Santa Fe. Ese apoyo –consideró la funcionaria– fue el resultado de un “fuerte énfasis en buscar consensos” sobre las problemáticas más conflictivas que hoy afronta el sistema judicial santafesino.
La táctica también se aplicó en relación a los otros poderes, fundamentalmente en los diálogos con el Ejecutivo, con quienes la discusiones sobre la implementación de la reforma procesal penal se revistió de un manto frío y se logró disminuir la densidad de las acusaciones cruzadas sobre trabas y aletargamientos. “Creo que uno de los aspectos a destacar de este año es que hemos (los ministros de la Corte) logrado tener una relación mucho más armónica interna y externamente.
Esto creo que es un esfuerzo de la Corte en su conjunto, de trabajar en forma coordinada y armónica. Y los resultados fueron bastante claros en el sentido de que hoy el Tribunal está al día en todas las áreas, incluso en lo que respecta al proceso de reforma procesal penal: hicimos todos los avances y resolvimos todas las dificultades que estaban dentro de nuestras posibilidad”, sostuvo Gastaldi.
—¿Cuáles son los temas en lo que la Corte debería focalizarse y hacer hincapié el próximo año?
—Nosotros estamos preocupados por el presupuesto del Poder Judicial.
Queremos que se pueda concretar la designación de los cargos que están vacantes y tornar más eficiente el funcionamiento interno. Por lo demás, pienso que siempre hay que mejorar la atención, la eficacia de los juicios, pero ésas son tareas comunes en todos los poderes judiciales. Santa Fe es una provincia que ha logrado aceitar bastante bien sus mecanismos y a nivel nacional somos un Poder Judicial reconocido.
—¿Le preocupan los plazos de la reforma procesal penal?
— En todas las provincias en las que se han llevado adelante reformas de este nivel, siempre aseguran que lleva muchos años implementarlas. Una cosa es que formalmente quede establecida y otra es ejercitar su aplicación y hacer los ajustes que correspondan. Por eso nosotros aspiramos que se pueda poner en funcionamiento en el más breve plazo posible, pero siempre con las condiciones adecuadas.
—¿Qué opina sobre los cuestionamientos del fiscal general (Julio De Olazábal) y del defensor general (Gabriel Ganón) a las demoras en la puesta en marcha del sistema?
—Creo que no son diferencias insalvables. Me parece que cuando lo que se llevan adelante son cambios tan significativos, las opiniones encontradas son una situación lógica. Creo que en el fondo todos sabemos que la cuestión está encaminada y por eso sigue adelante.
—¿Qué opina sobre el fallo en el caso Marita Verón y de las protestas ciudadanas que generó?
— Uno no puede hablar de un fallo sin conocerlo. Esa causa ha sido un proceso muy largo y muy agitado.
Se que previo al fallo, la fiscalía misma planteaba algún tipo de insuficiencia de pruebas. Son cuestiones muy difíciles. En un proceso penal siempre hay que probar. Habrá que ver los fundamentos de la sentencia y en todo caso, hay otra instancia de apelación.
“Respecto de la reacción de la sociedad en torno a este fallo, creo que hay que cuidar las expresiones públicas porque los mecanismos colectivos son también de contagio.
Sin embargo pienso que, desde el punto de vista de la gente, éste fue un proceso demasiado largo, donde ha habido situaciones graves, con acusaciones de complicidad política.Sin embargo, son puntos de vista distintos. Los jueces solamente pueden decidir a partir de las pruebas.
—¿Cómo tomó el pedido de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de “democratizar” la Justicia?
—De la democratización de la Justicia se habla de tiempos inmemorables y hay varias cuestiones a tener en cuenta. Por ahí, un ejercicio muy intenso de la facultad de anulación que tienen los poderes judiciales puede generar roces con el poder político. De todas maneras, como dice la propia Corte Suprema de la Nación, ya desde 1862 está establecido el poder de los jueces de analizar la constitucionalidad de las leyes. Pero, además, cuando se habla de la democratización del Poder Judicial, también hay que tener en cuenta que siempre ha sido entendido como un poder contra mayoritario, es decir que no emerge de la votación directa del pueblo. Creo que en realidad, el verdadero desafío del Poder Judicial es crear mecanismos para garantizar la imparcialidad de los jueces.
“La imparcialidad es una condición esencial de cualquier juez probo. Tienen que ser personas inteligentes y formadas que puedan defender y demostrar que tienen razones para lo que hacen. Y sino, como en el caso de Marita Verón, quedan otras instancias, y otros jueces ante quienes apelar que pueden llegar a pensar distinto”.
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