Sectores justicialistas quieren sancionar el próximo jueves la emergencia en la materia. El radicalismo dejó en manos del Poder Ejecutivo diez iniciativas.
Ministro de Seguridad, Raúl Lamberto.
Emergencia, comisión investigadora, interpelación eran parte del arsenal de proyectos preparados por los diferentes sectores del justicialismo que confluyen en la Cámara de Diputados a las pocas horas de conocerse la investigación judicial sobre el ex jefe de policía de la provincia, Hugo Tognoli. La presencia en la Legislatura del ministro de Seguridad, Raúl Lamberto y la no convocatoria a la sesión ordinaria semanal difirieron hasta el jueves venidero el tratamiento de todas estas iniciativas.
Cuando todavía Lamberto estaba en la presidencia de Diputados, Alejandra Vucasovich (Peronismo Federal) decía estar más convencida que nunca de la necesidad de sancionar la ley que dispone la emergencia en materia de seguridad en la provincia, iniciativa que ya cuenta con el voto del Senado. Minutos después, Mario Lacava (Santa Fe en Movimiento) no dudó en afirmar que tendría que haberse sancionado la norma ese mismo jueves.
El PJ encontró en Tognoli un principio de unidad cuya estrategia legislativa podría empezar a definirse este lunes en la reunión convocada por las autoridades partidarias.
Iniciativas
Pablo Di Bert (Encuentro) ingresó un proyecto de resolución para interpelar al Lamberto. “Preocupa la falta de políticas claras de este gobierno para luchar contra la inseguridad” señaló el diputado que sugirió al Poder Ejecutivo que “repare la cadena de mandos” para “garantizar la seguridad, el orden social y el cumplimiento de las leyes”.
En tanto, el bloque 100% Santafesino optó por solicitar la conformación de una comisión investigadora. “De manera urgente, debemos hacer uso de las facultades conferidas por el reglamento interno de la Cámara de Diputados, en sintonía con lo previsto por la Constitución Provincial, y crear una comisión especial, con participación de todos los partidos con representación parlamentaria, para investigar estos hechos y las responsabilidades que le caben a cada uno, ya que la situación reviste un carácter de gravedad institucional sin precedentes en la historia de nuestra provincia”, reza la iniciativa firmada por Germán Khalow, Darío Vega y Marcela Aeberhard.
Allí, instaron a “asumir la responsabilidad institucional de esta hora. Tognoli no se nombró a sí mismo como jefe de la Policía en nuestra provincia. Aquí, hubo un gobierno que lo designó, que lo respaldó y que pese a las sospechas que ya pesaban sobre él, lo sostuvo hasta las últimas consecuencias. La acción delictiva es responsabilidad de Tognoli, la negligencia política es responsabilidad del Ejecutivo provincial”.
Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) considera imprescindible crear una policía judicial que además de trabajar con el Poder Judicial en investigaciones sea también control de la actual fuerza.
Paquete radical
A las pocas horas de la presentación del nuevo equipo de apoyo de Lamberto y previo a su presencia en la Legislatura, senadores y diputados radicales mantuvieron un largo encuentro con titular de Seguridad y el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, analizando la situación institucional y política derivada de la detención de Tognoli.
Los radicales dejaron sobre la mesa diez propuestas muchas de la cuales fueron observadas con detenimiento por los anfitriones y que apuntan a reforzar el control civil sobre la fuerza de seguridad. Al encuentro fueron los senadores Felipe Michlig, Hugo Marcucci y Lisandro Enrico más los diputados Santiago Mascheroni, Darío Boscarol y Julián Galdeano. La propuesta radical pasa por crear un ombudsman de seguridad ciudadano; un órgano de auditoría civil de la policía; abrir a la participación ciudadana la selección de autoridades policiales; rediscutir el mecanismo y la evaluación de ascensos policiales; aplicar y hacer cumplir a rajatabla el decreto 18/2003 exigiendo la declaración jurada patrimonial de los jefes policiales; remitir en forma inmediata a la justicia los expedientes existentes en Asuntos Internos; descentralizar las fuerzas policiales; participación de los partidos políticos en el Consejo de Seguridad; constituir una comisión bicameral de seguridad y la imperiosa necesidad de poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal. Varias de esas iniciativas llevan años en cajones de algunas comisión de la Legislatura al igual que la creación de la Policía Judicial que es presentado desde 1983 por legisladores que expresan al radicalismo.
Comisión
Héctor Acuña (Corriente Federal) fue elegido presidente de la flamante Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados mientras que el radical Maximiliano Pullaro es el vicepresidente.
Este espacio de debate y construcción trabajará sobre proyectos relacionados a las instituciones de seguridad, su organización y sus integrantes; a la protección, prevención y seguridad de las personas, bienes y servicios y sobre todo asunto o proyecto concerniente a la seguridad pública y policías.
La creación de la nueva comisión fue decidida en la última sesión de septiembre.
Otro jefe policial detenido
Corresponsalía Rosario
Oscar Romero, hasta anteanoche jefe de la Brigada Rosario de la Dirección de Control y Prevención de Adicciones (ex Drogas Peligrosas), fue desplazado de su cargo y quedó detenido. La decisión que también incluyó el pase a disponibilidad de otros 19 efectivos de esa área fue tomada por el ministro de Seguridad Raúl Lamberto, en el marco de la investigación por la faltante de una ametralladora que figuraba en un inventario de la dependencia de la Brigada Operativa, de Dorrego al 100, en Rosario.
La investigación fue iniciada por la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe. Aparentemente, la ametralladora desaparecida coincide con una utilizada para el ataque a una concesionaria de autos de Rosario.
Romero quedó detenido por orden del juez Correccional de la 7º Nominación, Carlos Curto, acusado de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Así lo indicó ayer el secretario de Seguridad Pública, Matías Drivet, quien afirmó que con Romero cayeron el subjefe y un suboficial. Los detenidos fueron traslados a los Tribunales provinciales para declarar.
Según publica el diario La Capital, dos llamados anónimos al teléfono 0800 de Gendarmería Nacional permitieron hallar hace quince días la ametralladora que se “robó” de la Brigada de la Dirección de Control y Prevención de Adicciones. Fuentes de la fuerza nacional aseguraron que los dos llamados anónimos ingresaron la madrugada del pasado 12 de octubre. En el primero se avisaba que en un contenedor de basura ubicado en Marcos Paz al 4200, en el barrio de Echesortu, alguien se iba a descartar de una ametralladora y droga. En el segundo, la misma voz notificaba que ya había ocurrido. Ante eso una comisión de Gendarmería llegó hasta el lugar y montó una guardia a la espera de que alguien fuera a buscar el arma y la droga. Pasadas las horas y cuando despuntaba la mañana, pidieron autorización judicial para requisar el contenedor ante el temor de que cirujas o vecinos del barrio se acercaran y se toparan con el regalo.
Obtenido el permiso por parte del juez en turno, los hombres de verde recogieron una ametralladora FMK3 hecha en Fabricaciones Militares de Fray Luis Beltrán con el número de serie 50807. Al investigar su procedencia detectaron que la misma era parte de las armas asignadas a la ex Drogas Peligrosas de Rosario y dieron cuenta de eso a la Dirección de Asuntos Internos. Así, a principio de esta semana y en una inspección para nada rutinaria, los investigadores comprobaron el faltante y dieron aviso a las autoridades del Ministerio de Seguridad.
Sectores justicialistas quieren sancionar el próximo jueves la emergencia en la materia. El radicalismo dejó en manos del Poder Ejecutivo diez iniciativas.
Ministro de Seguridad, Raúl Lamberto.
Emergencia, comisión investigadora, interpelación eran parte del arsenal de proyectos preparados por los diferentes sectores del justicialismo que confluyen en la Cámara de Diputados a las pocas horas de conocerse la investigación judicial sobre el ex jefe de policía de la provincia, Hugo Tognoli. La presencia en la Legislatura del ministro de Seguridad, Raúl Lamberto y la no convocatoria a la sesión ordinaria semanal difirieron hasta el jueves venidero el tratamiento de todas estas iniciativas.
Cuando todavía Lamberto estaba en la presidencia de Diputados, Alejandra Vucasovich (Peronismo Federal) decía estar más convencida que nunca de la necesidad de sancionar la ley que dispone la emergencia en materia de seguridad en la provincia, iniciativa que ya cuenta con el voto del Senado. Minutos después, Mario Lacava (Santa Fe en Movimiento) no dudó en afirmar que tendría que haberse sancionado la norma ese mismo jueves.
El PJ encontró en Tognoli un principio de unidad cuya estrategia legislativa podría empezar a definirse este lunes en la reunión convocada por las autoridades partidarias.
Iniciativas
Pablo Di Bert (Encuentro) ingresó un proyecto de resolución para interpelar al Lamberto. “Preocupa la falta de políticas claras de este gobierno para luchar contra la inseguridad” señaló el diputado que sugirió al Poder Ejecutivo que “repare la cadena de mandos” para “garantizar la seguridad, el orden social y el cumplimiento de las leyes”.
En tanto, el bloque 100% Santafesino optó por solicitar la conformación de una comisión investigadora. “De manera urgente, debemos hacer uso de las facultades conferidas por el reglamento interno de la Cámara de Diputados, en sintonía con lo previsto por la Constitución Provincial, y crear una comisión especial, con participación de todos los partidos con representación parlamentaria, para investigar estos hechos y las responsabilidades que le caben a cada uno, ya que la situación reviste un carácter de gravedad institucional sin precedentes en la historia de nuestra provincia”, reza la iniciativa firmada por Germán Khalow, Darío Vega y Marcela Aeberhard.
Allí, instaron a “asumir la responsabilidad institucional de esta hora. Tognoli no se nombró a sí mismo como jefe de la Policía en nuestra provincia. Aquí, hubo un gobierno que lo designó, que lo respaldó y que pese a las sospechas que ya pesaban sobre él, lo sostuvo hasta las últimas consecuencias. La acción delictiva es responsabilidad de Tognoli, la negligencia política es responsabilidad del Ejecutivo provincial”.
Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) considera imprescindible crear una policía judicial que además de trabajar con el Poder Judicial en investigaciones sea también control de la actual fuerza.
Paquete radical
A las pocas horas de la presentación del nuevo equipo de apoyo de Lamberto y previo a su presencia en la Legislatura, senadores y diputados radicales mantuvieron un largo encuentro con titular de Seguridad y el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, analizando la situación institucional y política derivada de la detención de Tognoli.
Los radicales dejaron sobre la mesa diez propuestas muchas de la cuales fueron observadas con detenimiento por los anfitriones y que apuntan a reforzar el control civil sobre la fuerza de seguridad. Al encuentro fueron los senadores Felipe Michlig, Hugo Marcucci y Lisandro Enrico más los diputados Santiago Mascheroni, Darío Boscarol y Julián Galdeano. La propuesta radical pasa por crear un ombudsman de seguridad ciudadano; un órgano de auditoría civil de la policía; abrir a la participación ciudadana la selección de autoridades policiales; rediscutir el mecanismo y la evaluación de ascensos policiales; aplicar y hacer cumplir a rajatabla el decreto 18/2003 exigiendo la declaración jurada patrimonial de los jefes policiales; remitir en forma inmediata a la justicia los expedientes existentes en Asuntos Internos; descentralizar las fuerzas policiales; participación de los partidos políticos en el Consejo de Seguridad; constituir una comisión bicameral de seguridad y la imperiosa necesidad de poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal. Varias de esas iniciativas llevan años en cajones de algunas comisión de la Legislatura al igual que la creación de la Policía Judicial que es presentado desde 1983 por legisladores que expresan al radicalismo.
Comisión
Héctor Acuña (Corriente Federal) fue elegido presidente de la flamante Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados mientras que el radical Maximiliano Pullaro es el vicepresidente.
Este espacio de debate y construcción trabajará sobre proyectos relacionados a las instituciones de seguridad, su organización y sus integrantes; a la protección, prevención y seguridad de las personas, bienes y servicios y sobre todo asunto o proyecto concerniente a la seguridad pública y policías.
La creación de la nueva comisión fue decidida en la última sesión de septiembre.
Otro jefe policial detenido
Corresponsalía Rosario
Oscar Romero, hasta anteanoche jefe de la Brigada Rosario de la Dirección de Control y Prevención de Adicciones (ex Drogas Peligrosas), fue desplazado de su cargo y quedó detenido. La decisión que también incluyó el pase a disponibilidad de otros 19 efectivos de esa área fue tomada por el ministro de Seguridad Raúl Lamberto, en el marco de la investigación por la faltante de una ametralladora que figuraba en un inventario de la dependencia de la Brigada Operativa, de Dorrego al 100, en Rosario.
La investigación fue iniciada por la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe. Aparentemente, la ametralladora desaparecida coincide con una utilizada para el ataque a una concesionaria de autos de Rosario.
Romero quedó detenido por orden del juez Correccional de la 7º Nominación, Carlos Curto, acusado de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Así lo indicó ayer el secretario de Seguridad Pública, Matías Drivet, quien afirmó que con Romero cayeron el subjefe y un suboficial. Los detenidos fueron traslados a los Tribunales provinciales para declarar.
Según publica el diario La Capital, dos llamados anónimos al teléfono 0800 de Gendarmería Nacional permitieron hallar hace quince días la ametralladora que se “robó” de la Brigada de la Dirección de Control y Prevención de Adicciones. Fuentes de la fuerza nacional aseguraron que los dos llamados anónimos ingresaron la madrugada del pasado 12 de octubre. En el primero se avisaba que en un contenedor de basura ubicado en Marcos Paz al 4200, en el barrio de Echesortu, alguien se iba a descartar de una ametralladora y droga. En el segundo, la misma voz notificaba que ya había ocurrido. Ante eso una comisión de Gendarmería llegó hasta el lugar y montó una guardia a la espera de que alguien fuera a buscar el arma y la droga. Pasadas las horas y cuando despuntaba la mañana, pidieron autorización judicial para requisar el contenedor ante el temor de que cirujas o vecinos del barrio se acercaran y se toparan con el regalo.
Obtenido el permiso por parte del juez en turno, los hombres de verde recogieron una ametralladora FMK3 hecha en Fabricaciones Militares de Fray Luis Beltrán con el número de serie 50807. Al investigar su procedencia detectaron que la misma era parte de las armas asignadas a la ex Drogas Peligrosas de Rosario y dieron cuenta de eso a la Dirección de Asuntos Internos. Así, a principio de esta semana y en una inspección para nada rutinaria, los investigadores comprobaron el faltante y dieron aviso a las autoridades del Ministerio de Seguridad.
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