Se trata del edificio conocido
originalmente como “Casa Tons”, ubicado en la esquina noroeste, que se
encuentra en estado de deterioro y ha registrado desprendimientos
frecuentes, poniendo en riesgo la integridad de los peatones que
circulan por el lugar.
Esta semana se realizó la apertura de sobres del concurso de
precios que tiene por objeto contratar la provisión de equipos,
materiales y mano de obra necesarios para la realización de los trabajos
de demolición total del edificio ubicado en calle La Rioja 2560 en
intersección con calle San Martín de nuestra ciudad. En total se
presentaron cuatro ofertas para la realización de las tareas: Raúl
Mallozi quien presupuestó $ 848.000, Efe Construcciones que ofertó $
536.000, Sipec $ 698.900 y Jauka Ingeniería $ 577.500.
Cabe destacar que esta demolición incluye la totalidad de las
estructuras de hormigón armado, metálicas, bovedillas, mamposterías,
contrapisos, carpetas, pisos exteriores, aberturas, cubiertas,
cielorraso, vidrios e instalaciones existente. Las tareas tienen un
presupuesto oficial de 590 mil pesos y un plazo de ejecución de 70 días
corridos desde la notificación de la adjudicación del contrato.
El subsecretario de Ordenamiento Territorial, Eduardo Castellitti,
evaluó que las ofertas “son de empresas reconocidas de la ciudad y
además se les ha exigido la presencia de un profesional de antecedentes
probados en cuestiones patrimoniales”.
El funcionario indicó que si bien se trata de un inmueble que está
en ruinas, el edificio pertenece al acervo patrimonial, cultural y
arquitectónico de la ciudad. Por este motivo, “dentro de las clausulas
se establece la obligación de rescatar elementos de herrería y
ornamentales, que van a quedar en custodia del Municipio”.
Castellitti también resaltó que “a raíz de la falta de inversión en
el mantenimiento del edificio y del riesgo que implicaba para los
vecinos y transeúntes, el Municipio tomó una suerte de custodia del
lugar, y el hecho de que la demolición se tenga que hacer con
presupuesto municipal va a ser replicado a los propietarios del
inmueble”.
En ese punto, el Ejecutivo ha instruido a Fiscalía Municipal para
iniciar las acciones necesarias que permitan recuperar la inversión que
el Municipio realizará en las tareas de demolición.
Patrimonio histórico
A 132 años de su construcción, se trata de un inmueble que se
encuentra profundamente vinculado a la sociedad santafesina desde las
últimas décadas del siglo XIX, ya que refleja la vivencia de un momento
cultural de irrepetibles características constructivas y condiciones
socioculturales. De autor y constructor anónimo, este inmueble es
conocido originalmente como “Casa Tons”. Construido en 1880, corresponde
a los comienzos del periodo Liberal (1880-1914), evidenciado ello por
su estilo y sistema constructivo. El mismo consta de planta baja y
primer piso, espacios destinados, respectivamente, a uso comercial y
vivienda familiar.
Con el paso del tiempo y el crecimiento poblacional de la ciudad,
el edificio ha tenido modificaciones de uso y sucesivas reformas en
planta baja, lo que llevó a concretar reformas y cambios de distribución
en los locales en los años 1924 y 1960, empleándose criterios ajenos a
las normas básicas de conservación y sin correspondencia con el estilo
original del inmueble de neto corte italianizante.
Desde este último año a nuestros días no se registraron cambios de
importancia ni acciones de mantenimiento, principalmente en la vivienda
de planta alta, la cual -por falta de aportes necesarios- se ha visto
cada vez más deteriorada por la inacción de sus propietarios, hasta el
punto de su abandono por parte de sus ocupantes.
Derrumbes y medidas preventivas
La inacción prolongada y desidia por parte de los dueños provocaron
en la vivienda un estado general de destrucción y decadencia que se ha
visto agravado por desprendimientos cada vez más frecuentes bajo
cornisas y balcones, llegando a poner en serio riesgo la integridad de
los peatones en esa zona comercial densamente transitada. Debido a ello,
la Municipalidad de Santa Fe se vio en la obligación de intervenir
contactando a sus dueños para el arreglo y saneamiento inmediato del
inmueble. Ante la manifiesta falta de interés por parte de sus dueños,
el 22 de abril de 2010 se declaró en estado de ruinas el inmueble por
Edificaciones Privadas.
En septiembre del mismo año, se autorizó a Fiscalía Municipal a
gestionar la orden judicial para ejecutar los trabajos de demolición
completa del inmueble. En tanto el 2 de marzo de 2011, uno de los dos
propietarios planteó un “recurso de reconsideración y apelación”. Más
adelante, el 4 de abril del mismo año, se dispuso una inspección de
Edificaciones Privadas con la intervención de la Comisión Municipal de
Defensa del Patrimonio Cultural, la cual dictaminó y ratificó la
necesidad de demoler el inmueble por considerarlo de serio peligro para
la protección civil de la población.
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