La Defensoría solicitó al
Enargas que arbitre los medios para normalizar la grave situación. El
titular del organismo, Tomás Morales, fundamentó su pedido en base a
quejas de vecinos afectados por el tema en cuestión.
Ante la preocupación que genera en esta
comunidad la imposibilidad de conectar nuevos clientes al servicio de
gas domiciliario, ni siquiera sobre redes existentes, hasta tanto se
realicen las obras de infraestructura necesarias, como publicó días
atrás LaCapital, la delegación local de la Defensoría del Pueblo de
Santa Fe solicitó al Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas) que
arbitre los medios para normalizar "la grave situación".
El titular del organismo, Tomás Morales, fundamentó
su pedido en base a quejas de vecinos afectados por el tema en cuestión.
El registro de damnificados fue habilitado a principio de este mes y ya
cuenta con numerosos reclamos de solicitantes del servicio que, en su
mayoría, "ya pagaron los proporcionales correspondientes a la
construcción de la red y estación reguladora de presión e importes en
concepto de inspecciones de obra a cargo de la subdistribuidora", según
se consiga en la nota dirigida al gerente de coordinación de expansiones
de Enargas, Martín Guglielmone.
Morales además consideró en el escrito que se trata
de una medida "totalmente arbitraria, injusta, intempestiva y
desajustada a derecho, ya que representa una restricción al acceso de un
servicio público de vital importancia y un incumplimiento a un derecho
adquirido de aquellos propietarios que, reitero, ya realizaron los pagos
obligatorios y han financiado las obras en cuestión".
Saturado. La decisión de no hacer
nuevas conexiones ni ampliaciones en Casilda fue tomada por Litoral Gas
SA debido a que el gasoducto que abaste a la ciudad se encuentra
saturado. Por tal motivo la subdistribuidora local ?Compañía General de
Gas? que presta el servicio en la localidad no podrá realizar tareas de
este tipo hasta que se ejecuten los trabajos indispensables para
aumentar la capacidad de provisión de gas.
Por esa situación el Concejo, como dio cuenta
oportunamente este diario, sancionó una ordenanza que faculta al
Ejecutivo a "contratar profesionales idóneos en distribución de gas a
fin de realizar un estudio que contemple la problemática actual y las
demandas de corto, mediano y largo plazo". La norma además dispone la
creación de una comisión de seguimiento de las actuaciones.
A esta problemática se suma que la Distribuidora
Litoral Gas SA cambió hace poco más de un mes en la estación reductora
de presión de Casilda la placa limitadora de caudal por otra de menor
orificio, lo que implica una restricción y posibles deficiencias en el
suministro del servicio en épocas de mayor consumo.
"Tal acción ?remarca la nota? traería aparejada un
perjuicio en la totalidad de los clientes ya existentes, situación que
desde esta delegación se desea evitar".
La delegación casildense de la Defensoría del Pueblo
además de pedir que "se restablezcan a la brevedad las nuevas conexiones
a clientes sobre la red existente" requiere que "se realicen las
acciones y tareas tendientes a recuperar la capacidad de abastecimiento
de la estación reductora de Casilda, que se viera disminuida a raíz de
los trabajos por parte de Litoral Gas SA".
Asimismo solicitó que "se fije lugar y fecha para una
audiencia con autoridades del Enargas a fin de definir un plan de
acción para llegar a la solución integral del tema en cuestión".
No hay comentarios:
Publicar un comentario