El ministro de salud provincial, disparó contra el proyecto que propone la legalización del alquiler de vientres porque es una práxtica que, a su criterio, "no debería ser contemplada para tener un hijo". "Muchas personas la usan para conseguir dinero, como si se tratara de un traficante de personal", aseguró el funcionario provincial.
Mientras avanza en la legislatura provincial el proyecto para legalizar la práctica médica, el ministro de Salud provincial, Miguel Capiello, comparó el alquiler de vientres con la trata de personas y recomendó que no sea contemplado para tener un hijo porque considera a la mujer como una "mercancía de cambio". En declaraciones al programa "La barra de Casal" que se emite por La Ocho, Capiello aseguró que el proyecto, que fue presentado en la legislatura provincial por el diputado justicialista Alberto Monti, lo único que hace es legalizar una situación en la que, en la mayoría de los casos, se aprovecha para ganar dinero. "En el alquiler de vientres se toma a la mujer como una mercancía de cambio", comentó el funcionario provincial. Y explicó: "Es algo que no debería ser contemplado para obtener un hijo -enfatizó-. Muchas personas la usan para conseguir dinero, como si se tratara de un traficante de personal. No me parece correcto". Con respecto al proyecto de ley para que las obras sociales contemplen entre sus prestaciones la fertilización asistida, Capiello dijo: "Avanza sobre algo que no se pueden hacer: obligar a la obra social a prestar este tipo de servicios". Y destacó: "Lo más grave es que, en el caso de la parte pública, no dice de dónde deben salir los recursos económicos para solventar la práctica". "Nosotros hemos empezado a trabajar en la baja complejidad para después, con más experiencia, llegar a la fertilización asistida de otras complejidades", explicó el funcionario provincial. "En principio, ya hay una lista de espera que llega hasta marzo de gente que ha ido a hacer consulta al servicio de fertilización la Hospital del Centenario", detalló. Por último, señaló que el proyecto "no está bien estudiado ni fundamentado". "Sobre todo cuando, como en este caso, se avanza sobre una obra social que es autárquica, y ellos no tienen esa posibilidad de hacer una ley que obligue al Iapos, más allá que puedan obligar al gobierno provincial siempre y cuando uno tenga los recursos".
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