Alejandra Ironici, junto a su abogado,
Lisandro Género, y el entonces subsecretario de Derechos Humanos,
Horacio Coutaz, el día que recibió el dictamen de la Fiscalía de Estado
provincial.-
El gobierno provincial entregaba hoy en forma oficial el Documento Nacional de Identidad (DNI) a una persona transexual que cambió su nombre y género por el camino administrativo, sin recurrir a las vías judiciales comunes (el decreto del Poder Ejecutivo fue refrendado por la Justicia).
El acto, que se realizaba a las 11 en el salón Blanco de la Casa de Gobierno, en la ciudad capital, era encabezado por el gobernador Antonio Bonfatti. También estaba prevista la presencia de los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, y de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi, entre otros funcionarios provinciales.
El pasado 28 de junio, el entonces gobernador Hermes Binner firmó el decreto a través del cual instruyó al Registro Civil a rectificar la partida de nacimiento de una persona trans de apellido Ironici, reemplazando el nombre de pila “Víctor Alejandro” por el de “Alejandra”, así como el sexo masculino por el femenino; y a gestionar un nuevo DNI con los datos rectificados.
El decreto registra como antecedente fundamental el dictamen Nº 129 del fiscal de Estado provincial, Jorge Barraguirre (h), primero en su tipo en la provincia y en el país, que surgió a partir de un planteo de Ironici formulado ante la Secretaría de Derechos Humanos en diciembre de 2010.
Alejandra Ironici nació en la ciudad de Tostado y vive en la capital provincial. El derecho a modificar su identidad sexual es hoy una realidad.
“El derecho a la identidad sexual es un derecho integrante del más amplio derecho a la propia identidad. Forma parte a su vez del plexo mayor de derechos humanos sustanciales”, se señaló en uno de los párrafos del extenso dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos.
Por su parte, en el dictamen el fiscal de Estado propuso una intervención activa del Estado contra la práctica habitual de tener que recurrir o a juicios de amparo o a juicios de sumaria intervención.
En ese sentido afirmó que tal interpretación “desnaturaliza el reclamo, invisibiliza la marginación de las personas trans, y desconoce los compromisos de la administración pública en un Estado Social - Constitucional de Derecho”.
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