viernes, 20 de junio de 2014

Unos 86 científicos, expuestos al ántrax en un laboratorio del Gobierno de EE UU

Un total de 75 afectados están siendo tratados para evitar la infección

Los posibles afectados no siguieron los procedimientos adecuados para desactivar el germen

Estados Unidos ha elevado a 86 el número de científicos e integrantes del Centro de Control y Prevención de enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés) que podrían haber sido afectados por un brote descontrolado de ántrax declarado esta semana como un fallo de seguridad. El Centro había informado previamente de al menos 75 afectados en el incidente, que están siendo sometidos a un tratamiento de 60 días con antibióticos y la vacuna contra el carbunco o ántrax maligno.
La posible exposición se produjo cuando investigadores de un laboratorio de bioseguridad de alto nivel de la agencia en Atlanta no siguieron los procedimientos apropiados para desactivar el germen. Los científicos trasladaron las muestras, que contenían la bacteria viva, a laboratorios de los CDC con estándares de seguridad menores y que no estaban equipados para manipular sustancias contaminadas con ántrax.
El doctor Paul Meechan, director de la oficina de seguridad de los CDC, ha explicado que la agencia descubrió la posible exposición el pasado 13 de junio e inmediatamente se puso en contacto con los trabajadores ante el peligro de que hubieran manipulado sin saberlo sustancias contaminadas con la bacteria.

¿Qué es el ántrax?

El ántrax o carbunco es una infección provocada por una bacteria llamada Bacillus anthracis. Esta bacteria fabrica esporas que normalmente viven en la tierra, pero que pueden entrar en contacto con las persona a través de la inhalación o la ingesta. Exponerse a estas esporas no significa contraer la enfermedad. Sin embargo, si se tiene y no se trata puede provocar la muerte.
En 2001, cinco personas fallecieron y otras 17 resultaron infectadas cuando Bruce Ivins, un científico que trabajaba en el laboratorio de biodefensa del Ejército en Fort Detrick (Maryland) envió cartas por correo que contenían esporas de la enfermedad a el Capitolio, diversas estafetas de correos y oficinas de medios de comunicación en Florida y Nueva York.
"Ningún empleado ha mostrado síntomas que indiquen que ha contraído la enfermedad de ántrax maligno", ha informado Meechan. El experto ha añadido que el periodo normal de incubación puede durar entre cinco y siete días, pero se han documentado casos en que la enfermedad se presenta 60 días después de la exposición.
Según Meechan, hasta siete investigadores podrían haber tenido contacto directo con la bacteria viva del carbunco. Por ello, la agencia ha puesto en marcha medidas preventivas extensas para asegurarse de que todos los empleados que hayan pasado por cualquiera de los laboratorios en riesgo reciben tratamiento (antibióticos y la vacuna contra el carbunco o ántrax maligno).
El FBI investiga los hechos
El FBI está trabajando con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en la investigación para aclarar el posible caso de exposición al ántrax de los científicos de Atlanta. Sin embargo, el portavoz de la organización, Paul Bresson, ha avanzado que por el momento no han encontrado evidencias del suceso.
La preocupación por el manejo de patógenos dentro de los laboratorios del Gobierno de Estados Unidos ha aumentado desde que en 2008 el FBI identificó a Bruce Ivins, un investigador de ántrax del Ejército estadounidense, como el principal sospechoso de una serie de ataquescon cartas que contenían esta bacteria en 2001.
El ántrax por inhalación se reproduce en dos etapas. En la primera, los síntomas se asemejan a un resfriado o la gripe, mientras que en la segunda etapa el germen causa fiebre, dificultad respiratoria severa yshock. Alrededor del 90% de las personas que se encuentran en esta fase muere, aunque se someta a tratamiento.
EL PAIS DE ESPAÑA.

El Gobierno de México reconoce 102 periodistas asesinados desde el año 2000

La cifra de muertos oficial supera los registros de asociaciones y de la CNDH

En los últimos diez años, alrededor de 500 periodistas han muerto en todo el mundo por ejercer su profesión, según la ONU. De estos, una quinta parte trabajaba en México. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que depende de la Procuraduría General de Justicia mexicana, registra 102 homicidios contra la prensa en los últimos 14 años. Son estas las primeras cifras oficiales que publica el Gobierno desde que se creó el organismo en el año 2010.
Según los datos recogidos en el informe, los asesinatos de periodistas se intensificaron a partir de 2006, el primer año del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), etapa en la que el entonces presidente puso en marcha una dura estrategia para acabar con los carteles de la droga en México. Mientras entre 2000 y 2005, bajo el mandato de Vicente Fox, las víctimas de delitos contra la libertad de expresión fueron 21, en el sexenio calderonista la cifra se elevó a 71. El documento revela que el año más negro para la prensa fue 2010, con un total de 13 fallecidos.
“La cifra global de muertes es considerablemente mayor a la denunciada por la asociación Artículo 19”, dice su director en México, Darío Ramírez. La organización de defensa de los derechos de los profesionales de la información ha documentado en el mismo período 77 muertes en todo el país. El dato es superior también al registrado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con 86 fallecidos. “Como número total es muy lamentable”, señala la titular de la Fiscalía, Laura Angelina Borbolla. “Más allá de eso resulta especialmente preocupante porque los comunicadores ejercen una función social fundamental como informadores”.
Para Ramírez, los datos son “una evidencia clara del contexto de inseguridad de los últimos 14 años, de la incapacidad del Estado mexicano para impedir los asesinatos y también de la impunidad”. El informe publicado por la Fiscalía reconoce que hay 155 averiguaciones previas aún pendientes y solo 33 despachadas.
“El ritmo de las investigaciones no depende ni del número de funcionarios ni de la capacidad del departamento, si no del procedimiento, que es largo. La instrucción de pruebas dura como mínimo nueve meses”, explica la fiscal. “Los estándares de efectividad”, asegura, “corresponden con los de la Procuraduría General de la República”.
Según los registros desde el año 2000, las entidades más violentas son Chihuahua (16 fallecidos) y Veracruz (15). La región del sureste, donde se encuentra este último Estado resulta la más peligrosa para ejercer la profesión periodística, con 35 informadores asesinados, mientras el noroeste se convierte en la segunda zona más violenta, con 27 homicidios.
En el apartado de las desapariciones la FEADLE reconoce 24 expedientes abiertos. Michoacán, Tamaulipas y Veracruz, zonas donde la presencia del crimen organizado ha sido una constante en los últimos años, se sitúan a la cabeza de la República en casos de periodistas desaparecidos. En la actualidad, el Gobierno de la República reconoce que hay 16.000 ciudadanos desaparecidos. Al término del mandato de Felipe Calderón la lista era de 27.000, ha asegurado recientemente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
“El fenómeno real de que hubo un incremento de delitos contra los profesionales de los medios de comunicación es una de las razones que motivó la creación de la Fiscalía”, explica Borbolla. La otra fue la visita conjunta y las conclusiones posteriores del informe elaborado por las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. “El documento establecía que era la Federación (el Gobierno central) la que debía investigar los delitos contra la libertad de expresión, la necesidad de una coordinación con autoridades locales, el establecimiento de protocolos y la creación de políticas de prevención”.
En lo que va de 2014 dos periodistas han sido asesinados en el país. El último homicidio tuvo lugar en Acapulco a comienzos de junio. Jorge Torres Palacios tenía 50 años, era reportero y trabajaba como portavoz de Salud en el Ayuntamiento de esa ciudad, puerto turístico de enorme atracción en el pacífico mexicano. Al periodista lo secuestraron un jueves por la tarde y cuatro días después fue hallado sin vida, decapitado y desmembrado. Las causas que rodean el crimen son todavía un misterio, pero el contexto que rodea Acapulco es violento: 113 homicidios por cada 100.000 habitantes.
La otra víctima mortal fue Gregorio Jiménez, de 43 años. A él se lo llevaron el 5 de febrero y apareció muerto el 11. El periodista veracruzano colaboraba con varios medios y cobraba 1, 5 dólares por cada artículo publicado. El piso de su casa era de tierra y la vivienda no tenía agua corriente, luz eléctrica o drenaje. Las precarias condiciones en las que desarrollaba su actividad profesional y la pasividad de las autoridades locales, llevó a 16 compañeros de varias asociaciones periodísticas del país a investigar el caso. Desde que Javier Duarte se convirtió en gobernador de Veracruz, en diciembre de 2010, han sido asesinados diez periodistas y tres continúan desaparecidos. Además, un diario fue incendiado y al menos 25 reporteros se han visto obligados a dejar el Estado por amenazas.
Según un informe de la organización Reporteros Sin Fronteraspublicado en febrero, México se encuentra entre los 30 países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, a la par de naciones como Irak, Corea del Norte, Irán y Siria. “El nivel de indefensión de la prensa es mayor que nunca”, concluye Ramírez después de revisar el informe del Gobierno federal. “La reflexión debe ir en esa dirección, los mecanismos de protección actuales son insuficientes”.
EL PAIS DE ESPAÑA.

Diario El Pais de España: Argentina niega una negociación con los fondos buitres y atrasa el pago de la deuda

El Gabinete de Ministros anuncia que no pagará a los acreedores a final de mes


Argentina da un mensaje cuando sus abogados hablan con el juez de Nueva York que la condenó a pagarles a los acreedores que litigan por deudas impagadas desde la crisis de 2001 y otro muy distinto cuando sus máximos funcionarios se pronuncian ante los periodistas. El jefe de Gabinete de Ministros argentino, Jorge Capitanich, negó este jueves en su rueda de prensa diaria lo que había prometido el abogado que representa al país sudamericano ante los tribunales de EE UU, Carmine Boccuzzi, el día anterior ante el juez Thomas Griesa. Capitanich desmintió que haya una “misión” o “comitiva” de funcionarios “preparada para un eventual viaje a EE UU” la semana próxima para negociar con los fondos buitres y demás acreedores que rechazaron la reestructuración de la deuda en 2005 y 2010 y que optaron por la reclamación judicial para cobrar el 100% del valor del pasivo original.
Fernández dijo que no puede abonar al contado porque las reclamaciones ascienden a más de la mitad de las reservas del Banco Central
Si no hay negociación o cambio de la sentencia del juez Griesa, que la resolvió en 2012 pero fue ratificada este lunes por el Tribunal Supremo de EE UU, entonces Argentina debe pagar el 30 de junio unos 1.500 millones de dólares en efectivo a los acreedores litigantes antes de cumplir ese mismo día con el vencimiento de los intereses de la deuda reestructurada por 225 millones. Frente a esa exigencia, el Ministerio de Economía argentino anunció en la noche del miércoles que no podrá abonar esos 225 millones porque considera inviable económicamente para su país el pago a los buitres, pues podrían surgir otras demandas de acreedores litigantes por un total de 15.000 millones. Esta decisión aún no supone la suspensión de pagos de Argentina, que sería la segunda en el siglo actual, después de la de 2001. Los bonos tienen una cláusula que otorga un periodo de gracia de 30 días. Es decir, Buenos Aires tiene tiempo hasta el 30 de julio para cumplir con la mayoría de acreedores que aceptaron canjear el 93% de las acreencias en 2005 y 2010. La deuda que corre riesgos de moratoria asciende a 28.000 millones y fue emitida en Nueva York, Londres y Japón.

Pese a negar el viaje prometido a EE UU, Capitanich admitió que existe una “estrategia de negociación”. Lo hizo al contar que el miércoles él y el ministro de Economía se habían reunido con los jefes de los grupos parlamentarios de la oposición para explicarles el problema del juicio de la deuda y recabar su respaldo. El jefe de Gabinete dijo que el Congreso demostró “un sendero de apoyo a la estrategia de negociación”. La pregunta es si Argentina negocia con el juez o con los acreedores para pagar con títulos públicos, y no en efectivo, el 100% de lo reclamado, sin las quitas que implicaron los canjes de 2005 y 2010. Es cierto que toda la oposición comparte la crítica a los fondos buitres, que se especializan en comprar a bajo precio bonos de países y empresas en moratoria para después rechazar las reestructuraciones y demandar en los tribunales por el 100% de lo adeudado. Sin embargo, hay críticas opositoras por los continuos reproches del Gobierno de Fernández al juez Griesa.El pasado martes, el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, había anunciado a la prensa que su país buscaría eludir el bloqueo del juez Griesa al pago de la deuda reestructurada ofreciéndoles a los acreedores de ese pasivo un canje de los títulos con legislación en EE UU, Reino Unido y Japón por otros con ley argentina. De ese modo, los inversores podrían cobrar en Buenos Aires, pero hay dudas de cuántos aceptarían cambiar la legislación de los bonos. Kicillof dijo que su equipo de trabajo estaba dando los “primeros pasos” para ese canje. Pero al día siguiente el abogado norteamericano que defiende a Argentina ante el juez de Nueva York negó que Buenos Aires esté dando esos “primeros pasos”, aunque reconoció que no se descarta ninguna opción. Griesa le advirtió que un canje de deuda para esquivar su fallo implicaría un “desacato” de Argentina ante la justicia de EE UU, a la que se sometió al emitir deuda en ese mercado a finales del siglo pasado y principios del actual.
El pasado martes Argentina anunció la intención de ofrecer a los acreedores un canje de los títulos con legislación argentina
Si el kirchnerismo reconoce que negocia con los buitres, puede pagar un coste político. Durante años prometió que no lo haría, que el 7% de los acreedores que rechazó el canje no podía recibir un mejor trato que el 93% que lo había hecho. Pero no solo eso. Una cláusula de los bonos emitidos en 2005 y 2010 establece que si Argentina ofrece una mejora a los que rechazaron los canjes, los que los aceptaron también pueden reclamar el mismo beneficio. Eso supondría demandas adicionales por 120.000 millones de dólares de los acreedores de la deuda reestructurada, según Kicillof. Es decir, que Buenos Aires no puede ofrecer una mejora a los litigantes, pero sí puede cumplir con una orden judicial que, por ejemplo, la obligue a pagar con títulos públicos y sin quita en lugar de con efectivo.Fernández ha dicho que su país no puede abonar al contado porque las reclamaciones totales de los buitres y otros litigantes ascienden a más de la mitad de las reservas del Banco Central, en tiempos en que Argentina sufre una escasez de divisas que ha derivado este año en una devaluación del peso, estancamiento económico y una inflación del 34,9%. Pero uno de los socios del fondo buitre NML dijo a finales de mayo que estaría dispuesto a recibir bonos. Este año Argentina pagó con títulos públicos la indemnización a Repsol por la expropiación del 51% de YPF. Son bonos que vencerán una vez que Fernández deje el poder en diciembre de 2015.
Horas antes de que los abogados de Argentina y los fondos buitres se reunieran este miércoles con el juez para pactar la negociación ahora desmentida de la semana próxima, un tribunal de apelaciones de Nueva York levantó la suspensión que regía hasta ahora de la sentencia de Griesa. La consecuencia de esa medida, que fue solicitada el mismo lunes por los buitres, es que Argentina debería pagar el próximo día 30 a ellos antes que abonar la deuda reestructurada. El Gobierno argentino consideró que el “levantamiento” de la suspensión de la sentencia “muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas a las obtenidas en la sentencia dictada por el juez Griesa".
EL PAIS DE ESPAÑA.

El brote de Ébola actual es ya el más mortífero de la historia. La epidemia del virus se intensifica en las últimas dos semanas

La epidemia del virus se intensifica en las últimas dos semanas


La epidemia del virus Ébola que está afectando a tres países de África occidental se ha intensificado en las últimas dos semanas y ya se ha cobrado la vida de 337 personas desde que se produjo el primer caso hace más de seis meses, según ha informado la Organización Mundial de la Salud, convirtiéndose así en la epidemia más mortífera de toda la historia de esta enfermedad. La cifra total de casos se eleva ya a 528. Guinea sigue siendo el país más afectado, con 264 muertos, seguido de Sierra Leona y Liberia, con 49 y 24 fallecidos, respectivamente. La aparición de la enfermedad en una zona transfronteriza donde se producen constantes desplazamientos de personas de unos pueblos a otros, la resistencia de una parte de la población a acudir a la estructura sanitaria por miedo al estigma y la irrupción del virus en dos grandes ciudades, como ha sido el caso de Conakry y Monrovia, son las principales razones de la amplitud que está adquiriendo este brote, según los epidemiólogos.
Fuente: OMS.
La responsable de Emergencias de Médicos sin Fronteras (MSF), Marie-Christine Ferir, asegura que “la propagación del brote de Ébola hay que atribuirla a la movilidad de la población que asiste a los funerales sin las medidas de control adecuadas y al hecho de que la enfermedad todavía asusta a la población, que rechaza ser hospitalizada. Si no se adoptan medidas, esta epidemia va a seguir creciendo. El Ébola se ha convertido en un asunto de salud regional, por tanto es necesario que las autoridades nacionales y las organizaciones de ayuda internacional amplíen su respuesta para sensibilizar a la comunidad y enviar a más especialistas médicos a la región”.

Gemma Domínguez, coordinadora médica de MSF en Guinea, atribuye este recrudecimiento de la epidemia al hecho de que “muchas familias afectadas pretendieron esconderse yéndose a otros lugares, como Télimélé, Boffa, Kouroussa y Dubreka, donde han aparecido nuevos focos. Y en Guéckédou se han seguido produciendo casos por la resistencia de la población". Y añade: "Por un lado hay una negación de la enfermedad, la gente opta por esconderse, y por otro una interpretación particular de lo que está pasando. Corren muchos rumores, hay gente que dice que MSF está propagando la enfermedad, que los vamos a matar, que provocamos los contagios en nuestro propio beneficio”. Y si no acuden a los centros de aislamiento, la dimensión de la epidemia aumenta.Hasta ahora, la peor epidemia de Ébola registrada en toda la historiahabía sido la primera, registrada en 1976 en la zona de Yambuku, la actual República Democrática del Congo, que provocó 318 casos y 280 muertos. La irrupción de una enfermedad entonces desconocida hizo que aquel brote fuera el más mortífero, pues no se adoptaron a tiempo las medidas adecuadas para evitar el contagio. Sin embargo, la actual epidemia continúa su avance imparable pese a que la OMS, Médicos sin Fronteras y los respectivos Gobiernos han puesto en marcha toda una batería de medidas destinadas a la detección precoz, el aislamiento de los enfermos y la contención de la enfermedad. Por primera vez en la historia, una epidemia de Ébola golpea a la región de África occidental y a tres países a la vez. Los expertos ya lo advirtieron hace meses: “Será difícil de controlar”.
La OMS ha llegado a la conclusión de que el primer caso pudo tener lugar más de tres meses antes de que Guinea informara a las autoridades sanitarias
Para Domínguez, “es necesario que se triplique la sensibilización. El Gobierno está implicado, lo que ha ocurrido es que hubo un momento, a principios de mayo, en que las cifras eran positivas y parecía que la cosa estaba controlada. En cierta forma este recrudecimiento ha cogido a todos por sorpresa y ahora todos los organismos implicados deben movilizar muchos más recursos para hacer frente a lo que está pasando”.
La situación sigue siendo preocupante en Guinea, pues continúan produciéndose nuevos casos prácticamente cada día. De hecho, más de la mitad de los fallecidos, en concreto 173, proceden del distrito de Guéckédou, el lugar donde se sospecha que se originó el brote. Tras tres meses de investigación, los epidemiólogos de la OMS han llegado a la conclusión de que el primer caso pudo tener lugar el 2 de diciembre de 2013, es decir, más de tres meses antes de que Guinea informara a las autoridades sanitarias de que estábamos ante una epidemia de Ébola, declarada oficialmente con pruebas de laboratorio a mediados de marzo del presente año. De Guéckédou la enfermedad se propagó rápidamente a otras zonas de la Guinea Forestal, fundamentalmente Macenta y Kissidougou, para llegar con posterioridad hasta la capital del país, Conakry, donde se han producido 33 fallecidos. Por primera vez, el Ébola llegaba a una gran ciudad y la epidemia empezaba a adquirir tintes cada vez más alarmantes.
Sin embargo, el virus también se propagó hacia otros países. El 31 de marzo se anunciaba oficialmente la aparición de casos confirmados en Sierra Leona. En este país se han producido 97 casos y 49 muertes, aunque el brote parece estar por ahora prácticamente circunscrito a la zona de Kailahun, muy próxima a la frontera con Guinea en la zona de Guéckédou, donde se han detectado 92 de los 97 casos y 46 de las 49 muertes. Un total de 33 pacientes se encuentran en la actualidad recibiendo tratamiento en el centro de aislamiento habilitado en Kenema. En lo que respecta a Liberia, se han producido 33 casos y 24 muertes, sobre todo en los distritos de Lofa, fronterizo con Guinea, y Montserrado, donde se encuentra Monrovia, la capital del país. En esta ciudad se han producido siete de las 24 muertes, entre ellas una mujer y su bebé que viajaron desde Sierra Leona.
Desde mediados de marzo unas 3.000 personas han sido seguidas por las estructuras sanitarias de los respectivos países después de haber estado en contacto con pacientes que ya habían desarrollado la enfermedad. El Ébola que está golpeando a África occidental es una variante local de la cepa Zaire y presenta una letalidad próxima al 64%. La OMS no recomienda la prohibición de viajes ni el cierre de fronteras en estos tres países al considerar que estas medidas no contribuyen al control de la propagación del virus y, sin embargo, son muy perjudiciales para la población.
El Ébola es un virus que se encuentra de manera natural en ciertas especies de murciélago que habitan en las zonas boscosas de África. Desde su identificación en 1976 se han producido 18 brotes en países como la República Democrática del Congo, Gabón, Uganda y Sudán. Tras un periodo de incubación que puede ser de varios días hasta tres semanas, sus primeros síntomas son fiebre alta, dolores musculares, vómitos y diarreas, que pueden evolucionar rápidamente hacia hemorragias internas que, en muchos casos, provocan la muerte del paciente. Dado que no existe tratamiento conocido, los médicos hacen frente a este virus tratando de aliviar sus síntomas mediante el refuerzo del sistema inmunitario. Un alto porcentaje de los fallecidos es personal sanitario que ha estado en estrecho contacto con los pacientes sin haber adoptado las medidas adecuadas de prevención.
EL PAIS DE ESPAÑA.

Juan Carlos I gozará en un mes de un aforamiento civil y penal único

El PP enmienda una ley en trámite para acelerar la protección jurídica del Rey saliente

Todos los procedimientos ya iniciados serán paralizados


El rey saliente, Juan Carlos I, gozará en aproximadamente un mes de unaforamiento único para causas civiles y penales y que abarca todas las actuaciones de su vida privada. El Grupo Popular ha presentado esta mañana en el Congreso una enmienda a un proyecto de ley en trámite para acelerar la protección jurídica del Monarca que, tras su abdicación, ha perdido su inviolabilidad. A partir de ese momento, el padre de Felipe VI solo podrá ser juzgado por el Tribunal Supremo. El texto prevé el aforamiento del rey Juan Carlos, la reina Sofía, la reina Letizia y la princesa de Asturias, Leonor, ante las salas de lo civil y lo penal del alto tribunal e incluye una disposición transitoria que paraliza todos los procedimientos que ya hayan sido iniciados contra el Monarca saliente antes de la entrada en vigor de la norma.
La protección de los herederos y del consorte del Rey estaba incluida en el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fue elaborado cuando aún no se conocía la abdicación. Ese texto no estará en vigor antes de un año y, por eso, ahora el Gobierno aprovecha para anticipar esa protección desde las próximas semanas.
El portavoz del PP, Alfonso Alonso, ha asegurado que ha hablado con todos los grupos, pero solo dos partidos, UPN y Foro Asturias, que están en el Grupo Mixto, han aceptado sumarse a las enmiendas. Alonso ha asegurado que antes de julio podría estar resuelto.
La norma enmendada no tiene relación alguna con don Juan Carlos ni con su fuero ante la Justicia. Se trata del proyecto de ley orgánica complementaria de la ley de racionalización del sector público, que afecta a las condiciones laborales de los jueces, y otras medidas de reforma administrativa por las que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Gobierno ha considerado que esta es la vía más rápida para dar esa protección especial al Rey saliente ante cualquier demanda que pueda presentarse contra él.
Las enmiendas serán aprobadas el martes en la Comisión de Justicia y el pleno podría aprobar el jueves próximo el conjunto de la ley, para que se tramite con idéntica celeridad en el Senado.
Dos juzgados de Madrid recibieron hace año y medio sendas demandas de paternidad contra don Juan Carlos, pero decidieron no admitirlas. "La inviolabilidad que la Constitución concede al Rey implica la imposibilidad no sólo de exigir responsabilidad penal, sino también de dirigir contra el Monarca acciones ante la jurisdicción civil", justificaron. El Monarca perdió ese blindaje tras la firma de su abdicación el pasado miércoles en un acto solemne en el Palacio Real, con lo que las mismas personas que acudieron a los tribunales podrían volver a plantear las demandas de paternidad.
El PP busca ahora el apoyo del PSOE para la tramitación por vía de urgencia de este fuero especial, que ha generado polémica en el Congreso. Algunos grupos parlamentarios rechazan esta protección jurídica especial de la que nunca nadie ha gozado en democracia.
Los altos cargos tienen protección penal para que sólo les investigue y juzgue el Tribunal Supremo, pero en el ámbito civil solo para asuntos relacionados con el ejercicio de sus funciones.
DIARIO EL PAIS DE ESPAÑA.

Obama amplía los beneficios laborales para las parejas homosexuales

El presidente encarga modificar la ley que permitirá a parejas del mismo sexo pedir bajas médicas


La Administración Obama dio este viernes un paso más para ampliar los beneficios a los que tienen acceso las parejas homosexuales en Estados Unidos. La legislación que reconoce el derecho a las bajas laborales por enfermedad de un familiar será ampliada para que ampare a los cónyuges homosexuales. El presidente cumple así con su promesa de modificar las regulaciones afectadas por la sentencia del Tribunal Supremo del año pasado, cuando la máxima instancia judicial del país respaldó el matrimonio entre personas del mismo sexo.
La revisión de la ley de Baja Médica y Familiar, permitirá que todas las parejas homosexuales que hayan contraído matrimonio podrán beneficiarse de ella, independientemente de si están casados en un Estado que reconozca estas uniones o no. La normativa está limitada a empleados públicos y el Gobierno no ha especificado a cuántas personas afectará en este momento.
“La premisa básica de esta ley es que nadie debería tener que elegir entre su éxito profesional y cuidar de su familia”, defendió el secretario de Trabajo, Tom Perez. “Bajo esta revisión, la ley se aplicará por igual a todas las familias, permitiendo a los miembros de matrimonios homosexuales que ejerzan sus derechos y cumplan con sus responsabilidades familiares”.
Desde la histórica decisión del Supremo, tanto la Casa Blanca como el Departamento de Justicia, se comprometieron a revisar las más de 1000 leyes federales condicionadas por la ley de Defensa del Matrimonio, que desde 1996 lo definía como la unión entre un hombre y una mujer. Aquella ley fue declarada inconstitucional por el Supremo en junio de 2013, y un año después la Administración Obama está lista para modificar, una por una, las normativas que limiten los derechos de los homosexuales.
El matrimonio homosexual está legalizado en 19 Estados y en la capital, el Distrito de Columbia. La sentencia del Supremo en el caso Windsor del año pasado llegó después de un importante cambio de corriente en la opinión pública estadounidense a favor de los derechos de los homosexuales. Los dos factores, junto con el respaldo de la Administración Obama -que argumentó contra la DOMA y contra la Proposición 8 de California ante el Supremo- han contribuido a que en los últimos meses fueran anuladas, una a una, normativas similares a nivel estatal.
La modificación de esta ley laborales un ejemplo del complejo entramado legal que debe superar cualquiera de estas normativas antes de que puedan tener efecto en la vida de los ciudadanos afectados. La labor conjunta entre el Departamento de Trabajo y el de Justicia tendrá consecuencias también para el de Defensa, Inmigración o incluso el sistema de impuestos.
A partir de ahora, las parejas homosexuales casadas que pertenezcan al Ejército tendrán los mismos derechos que las heterosexuales. En el caso de los empleados públicos, podrán compartir pólizas médicas, seguros de vida y pensiones. Las leyes de inmigración deberán extender los mismos beneficios a las parejas homosexuales y éstas también podrán declarar sus impuestos de manera conjunta.
Sin embargo, la decisión de Justicia no afectará a algunas provisiones del Departamento de Veteranos o del sistema de impuestos, por lo que se espera que la Casa Blanca presente una petición al Congreso para que extienda el reconocimiento de estos derechos a través de una nueva legislación. La líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró en un comunicado este viernes que los homosexuales “no deberían tener que esperar a los tribunales” para contar con los mismos derechos y que la decisión de Obama acercan al país “a ese día en el que todas las familias estadounidenses sean iguales ante la ley”.
La decisión de la Casa Blanca llega apenas unos días después de que la Administración revelara que está preparando una orden ejecutiva para prohibir la discriminación contra los homosexuales en el ámbito laboral. Hasta ahora, la legislación establece protecciones por razones de sexo, raza y religión, pero no en el caso de la orientación sexual.
EL PAIS DE ESPAÑA.

Estados Unidos no logra contener la llegada de niños indocumentados

Entre octubre de 2013 y mayo de 2014 la Patrulla Fronteriza ya ha detenido a 46,188 menores


Estados Unidos se enfrenta a la mayor crisis migratoria de las últimas décadas. Miles y miles de niños centroamericanos solos cruzando la frontera, un problema que tiene rostro y voz y que el gobierno estadounidense no ha logrado controlar, desatando una guerra política y social en los estados fronterizos.
Los menores viajan por semanas desde El Salvador, Guatemala y Honduras, con la pobreza y violencia como sus banderas de escape. Si son capturados por la patrulla fronteriza estadounidense, son procesados al interior del país y luego pasan a manos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud.
Aunque todos los niños están en proceso de deportación, el Gobierno es responsable de mantenerlos y reunirlos con sus familias en Estados Unidos hasta que enfrenten a las cortes de inmigración.
Hace 13 años la cantidad de niños dispuestos a enfrentar una situación así no superaba un promedio de 6,700 al año. Las modestas proyecciones del Gobierno para este año bordean los 60,000. Entre octubre de 2013 y mayo de 2014 la Patrulla Fronteriza ya ha detenido a 46,188 menores de 17 años.
Entre octubre de 2013 y mayo de 2014 la Patrulla Fronteriza ya ha detenido a 46,188 menores de 17 años
Un escenario sin precedentes para Estados Unidos donde su capacidad financiera y de espacio se ha puesto en el límite. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), se encuentra coordinando el trabajo de diferentes agencias gubernamentales para resolver la crisis. Pero el problema más grande es que ahora el país no está enfrentando una ola de mar o viento, sino una ola humana, que no se detiene de golpe, sino que crece sin un final cierto.
Hasta el momento ya se han abierto tres bases militares para hospedar provisionalmente a los niños en California, Oklahoma y San Antonio y es probable que se sumen más en el futuro cercano. Los menores también permanecen en centros de la Patrulla Fronteriza y en refugios. Esta semana la viceministra para los salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, visitó varios establecimientos donde se mantiene a los niños en lugares como Harlingen y McAllen en Texas y Nogales, Arizona.
“En términos generales, vemos que hay un esfuerzo por atender las necesidades de los niños, pero donde están en una condición deprimente y de total falta de espacio, higiene y alimentos es en el Centro de McAllen de la Patrulla Fronteriza. Los han separado de sus acompañantes y eso es muy grave para su estado anímico y autoestima. Les genera mucha más incertidumbre”, explicó en una entrevista con EL PAÍS.
En McAllen se encuentran madres con bebés y niños menores de 10 años, alrededor de 150. Magarín aseguró que duermen en el suelo y que los más pequeños no reciben una dieta adecuada para su edad. La meta del Gobierno es procesar a los niños en 72 horas y luego enviar a los menores a refugios adaptados para ellos, pero por ahora funcionarios de la Administración han reconocido que no alcanzan ese ritmo.
Texas ha sido el estado que ha recibido el mayor influjo de niños indocumentados y eso llevó a que el gobernador Rick Perry, junto al presidente de la Asamblea estatal Joe Straus, ordenaran al Departamento de Seguridad Pública (DPS) el inicio de operaciones de control en la frontera para combatir “la ola de inmigración infantil”, como lo describieron a nivel oficial. Para ello destinarán un presupuesto semanal de 1,3 millones.
“Texas no puede esperar a que Washington actúe en esta crisis y no nos sentiremos tranquilos mientras la seguridad de nuestros ciudadanos está amenazada” declaró Perry.
El juego de la culpa ya empezó y esta crisis, en particular, tiene muchos padres. En Texas diversos políticos locales han asegurado que la cancelación de las deportaciones a menores indocumentados, otorgada por el presidente Barack Obama, además de las esperanzas de una posible reforma migratoria están aumentando el cruce ilegal de niños.
En Washington, legisladores demócratas de Texas como Rubén Hinojosa presidente del Caucus Hispano en el Congreso aseguraron: “no se puede dar la espalda a Centroamérica en esta crisis y hay que seguir trabajando para encontrar una solución”, luego de reunirse con representantes de las embajadas.
Pero congresistas como el demócrata Henry Cuellar de Texas y el senador republicano del mismo estado John Cornyn, han criticado fuertemente al gobierno por la falta de información en torno a esta crisis humanitaria y este miércoles enviaron una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional Jeh Johnson donde se plantean preguntas básicas. ¿Cuántos niños son en total; cuántos han postulado a asilo; cuántos tiene a antecedentes criminales; cuántos han sido liberados y no se han presentado a las cortes de inmigración? ¿Cuál ha sido el impacto financiero para Texas y cómo será reembolsado?
En Arizona la situación no es mejor. Oficiales locales han amenazado -incluso con demandar al gobierno- por trasladar menores indocumentados al estado, por falta de espacio en Texas.
Al menos dos comités del Congreso tendrán audiencias para analizar el impacto de la crisis para el país, pero más allá de las preguntas y los números, es difícil que la retórica política apague el silencio en el corazón de un niño, luego de cruzar la frontera solo. Menos aún cuando son miles.

Congresistas y senadores demócratas piden pasos concretos ante la “crisis humanitaria”

SILVIA AYUSO
Ante la “crisis humanitaria y de refugiados” en que se ha convertido la llegada masiva de menores indocumentados a Estados Unidos, un grupo de senadores y congresistas demócratas pide pasos concretos tanto en territorio norteamericano como en los países centroamericanos de donde son oriundos:
- EE UU debe crear “programas sostenibles" para garantizar la repatriación y reintegración segura de los pequeños en sus comunidades
- Incrementar el presupuesto para proyectos de desarrollo que promuevan más competitividad y crecimiento sostenible en Centroamérica
- Que el Departamento de Estado nombre a un “embajador plenipotenciario para niños en adversidad” que formule políticas y respuestas a los problemas creados por la huída de menores de la violencia, a la par que se refuerzan los programas de protección y bienestar infantil en sus países de origen.
- Aumentar a 230 millones de dólares el presupuesto para la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI)
- Incrementar los recursos del Comando Sur de EEUU (Southcom) para combatir de forma eficiente la actividad criminal
- Seguir reforzando la lucha contra los traficantes de personas en la frontera y la recolección de inteligencia
"Tenemos que atajar este problema desde una perspectiva de política exterior, humanitaria, criminal, de inmigración y también desde la perspectiva de la seguridad nacional", sostuvo el senador Robert Menéndez al presentar el plan este jueves en Washington. "Tenemos que hacer todo lo posible para estabilizar la situación en Centroaméria y contener el flujo de niños y refugiados en nuestras fronteras, una tragedia que sencillamente es inaceptable en EE UU y en nuestro hemisferio", reclamó.
EL PAIS DE ESPAÑA.

Crisis en la frontera sur de EE UU: “La ola de niños no acompañados en la frontera es un desafío humanitario”

El vicepresidente de EE UU viaja a Centroamérica para reunirse con autoridades de Guatemala, El Salvador y Honduras y tratar la llegada masiva de menores migrantes al país norteamericano


El presidente de Estados Unidos,Barack Obama, recurre frecuentemente a su número dos, Joe Biden, para que le secunde en las constantes crisis que brotan en el país —o en el extranjero— en el momento más inesperado.
El avezado político de 71 años, largo tiempo senador (1973-2009) y posible futuro candidato a la presidencia, ha sido elegido, entre otras complejas misiones, para lidiar con el Congreso en las duras peleas presupuestarias o ha encabezado grupos especiales como el que formó Obama para buscar cómo limitar la violencia en ele uso de las armas.
Ante la última crisis en pleno desarrollo, el de la masiva entrada ilegal de menores no acompañados por la frontera sur del país, el presidente ha mandado a su número dos a Guatemala, donde este viernes buscará soluciones al creciente problema con los más altos responsables de la región, la principal fuente de esta migración infantil incontrolada.
Biden ha organizado una reunión de emergencia con los presidentes de Guatemala, Otto Pérez Molina, de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, y el coordinador general del Gobierno de Honduras, Jorge Ramón Hernández Alcerro. Tres cuartas partes de los niños que llegan a EE UU, y que según cifras oficiales superan los 47.000 entre octubre del año pasado y mayo, proceden de esos tres países centroamericanos.
Ante la cita guatemalteca, el vicepresidente Biden explicó en exclusiva a EL PAÍS por medio de un cuestionario los planes de Washington para lidiar con esta crisis migratoria, una de las más graves que sufre Estados Unidos en las últimas décadas.
Pregunta. ¿Cómo explica el flujo súbito de inmigrantes menores sin acompañante a los Estados Unidos? ¿Por qué ahora?
Respuesta. Estamos muy preocupados por la ola de niños solos que cruzan la frontera a Estados Unidos. Estos niños son los más vulnerables y muchos se convierten en víctimas de delitos violentos o abuso sexual. También hubo un aumento en la cantidad de familias que están haciendo el viaje. La gran mayoría de estas personas también depende de peligrosas redes de contrabando de seres humanos para que los transporten a través de América Central y México, poniendo en peligro su seguridad o hasta sus vidas. Muchos escapan del abuso, otros escapan de bandas de delincuentes y de la violencia, y otros son víctimas del tráfico de humano o del abandono.

P.
 ¿Qué hará Estados Unidos para detener la crisis actual?El aumento en la cantidad de menores no acompañados que inmigra a Estados Unidos está impulsado por una cantidad de factores, incluidos los serios desafíos de la violencia y la falta de oportunidades económicas. También hay algunas percepciones erróneas en Centroamérica de que se reunirá a los niños de manera segura con sus padres una vez que los funcionarios de Estados Unidos los detengan en la frontera, sin la posibilidad de traslado. Este es un malentendido de la política de inmigración de EE UU, estos niños no pueden optar al proceso de la acción diferida para los llegados en la infancia [procedimiento DACA, en sus siglas en inglés] o las concesiones de ciudadanía incluidas en la legislación de reforma migratoria [actualmente bloqueada en el Congreso]. Todos los niños y las familias están sujetos a los procesos de deportación. Lo importante es que no vale la pena someter a los niños a un viaje peligroso cuando no hay luz al final del túnel.
R. Nosotros vemos esto como una responsabilidad compartida entre todos los Gobiernos afectados. Ningún gobierno quiere ver a sus ciudadanos poner sus vidas en peligro y es nuestro trabajo hacer lo que sea necesario para evitar que la gente siga haciéndolo. Nosotros vemos a esta ola de niños inmigrantes no acompañados a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos como un serio desafío humanitario. Para hacer frente a esta situación, el presidente dirigió a la Agencia de Administración Federal de Emergencias que coordine una respuesta de todo el gobierno a esta situación urgente. Nuestra primera prioridad es manejar la situación humanitaria asegurando que a estos niños se los aloje, alimente y que reciban cualquier tratamiento médico necesario.
En segundo lugar, el Gobierno de EE UU está trabajando en coordinación con México y Centroamérica para educar a potenciales inmigrantes sobre los peligros de intentar un viaje tan peligroso, mientras que se les informa de que no se beneficiarán de la Acción Diferida (DACA) ni de la posible reforma migratoria. Estamos comunicando activamente este mensaje y estamos trabajando a través de canales internacionales para asegurar que otras voces verosímiles hagan lo mismo.
La responsabilidad es compartida entre todos los gobiernos afectados
El vicepresidente de EE UU
En tercer lugar, vamos a estar aumentando los recursos cerca de la frontera para aumentar nuestra capacidad para detener a personas y manejar el proceso de deportación tan rápida y eficientemente como sea posible. También vamos a incrementar el número de jueces de los servicios inmigración, fiscales y funcionarios de asilo para ayudar con el procesamiento eficiente de estos casos, y al mismo tiempo evaluar si algunos pueden recibir la protección del derecho de asilo.
P. ¿Por qué el Gobierno de Estados Unidos no otorga un estatuto de Estado Protegido Temporal a estos menores (TPS)?
R. El Salvador, Honduras, y Nicaragua actualmente están designados para recibir el Estado Protegido Temporal en base de los desastres pasados. Esto permitió que decenas de miles de personas de estos países que ya estaban en los Estados Unidos durante muchos años permanecieran aquí legalmente con estatus temporal. Las personas de esas nacionalidades que entren a Estados Unidos hoy, no son aptas, sin importar su edad. Creemos que hay soluciones más sostenibles para el desafío actual que TPS, que está diseñado para cosas como desastres ambientales y conflictos armados.
P. ¿Qué medidas específicas va a pedir de sus socios en Centroamérica para desalentar a los menores de que vengan a Estados Unidos?
R. Viajo a Guatemala para buscar una respuesta internacional con los presidentes de Guatemala y El Salvador y también representantes de Honduras y México. Juntos discutiremos medidas para ponerle freno al flujo de inmigrantes que emprenden el peligroso viaje a Estados Unidos mientras trabajamos para mejorar las oportunidades económicas y la seguridad en casa. También nos ocuparemos de algunas percepciones erróneas de la política de inmigración de EE UU. Sabemos, por las discusiones que tuvimos hasta ahora, que nuestros socios entienden nuestro interés en promocionar la inmigración segura y legal, y desalentar la inmigración ilegal que expone a estos ciudadanos, especialmente a sus niños, al peligro.
Durante mi visita espero abordar las maneras en que podemos mejorar nuestro trabajo en la región, para ocuparnos de la raíz de algunas causas, incluyendo la falta de seguridad de los ciudadanos, las oportunidades económicas y la protección para los niños.
EL PAIS DE ESPAÑA.

EE UU incluye a Venezuela en su lista negra de países de tráfico de personas

La inclusión, también de Malasia y Tailandia, puede derivar en la aplicación de sanciones


En pleno distanciamiento diplomático de Washington con Caracas por la represión a las protestas opositoras, el Departamento de Estado incluyó este viernes a Venezuela en su lista negra de países que no cumplen con los estándares mínimos en la lucha contra el tráfico de personas por la reducción de los esfuerzos oficiales y la ausencia de un plan de acción en el país caribeño. También rebajó a Tailandia y Malasia a esa categoría, integrada por 23 países, entre ellos Cuba, Rusia, Irán, Arabia Saudí, Corea del Norte, Siria, Algeria o Gambia.
La inclusión en ese listado puede suponer la imposición de sanciones en forma de suspensión de ayuda no humanitaria y no comercial, aunque la Casa Blanca hace una valoración concreta de cada caso. Por ejemplo, el año pasado China y Rusia no fueron objeto de penalizaciones porque estaba en el “interés nacional” de EE UU evitarlo y se buscaba promover determinados cambios legales en esos países, según recordó este viernes Luis Cdebaca, embajador especial de EE UU del programa de lucha contra el tráfico de personas, en una rueda de prensa telefónica.
En cambio, Cuba, Irán o Corea del Norte recibieron sanciones plenas; mientras naciones, como Siria o Zimbabue, fueron parcialmente castigadas. La entrada en la lista negra puede, además, alejar inversiones de multinacionales extranjeras en esos países y derivar en la oposición de Washington a que reciban préstamos de organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.
El informe anual del Departamento de Estado -elaborado entre abril de 2013 y marzo de 2014 a partir de información de los gobiernos extranjeros, las autoridades de EE UU, organizaciones sociales y artículos de prensa- clasifica a 188 países en cuatro categorías según su nivel de cumplimiento de las leyes internacionales de lucha contra el tráfico de personas, que se define como la acción de “reclutar, albergar, transportar o obtener una persona para realizar trabajos forzosos o actos sexuales mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coerción”. Según denunció el secretario de Estado, John Kerry, en el acto de presentación del informe, “más de 20 millones de personas, según cálculos conservadores, son víctimas de la trata humana” en el mundo, que genera más de 150.000 millones de dólares anuales.

Washington cree que son más destacables el descenso de Colombia y la mejora de Chile
No es la primera vez que Venezuela entra en el fatídico listado. En 2011 integraba la última categoría, pero en los dos años siguientes subió un escalón porque había varias investigaciones en curso y se intuía un “compromiso de trabajar conjuntamente entre la policía y los servicios de salud”. Un país puede permanecer solo dos años en esa tercera categoría y en caso de carecer de un plan concreto tras ese periodo, como Venezuela, cae de nuevo al último grupo. “No hay ningún mecanismo formal para identificar a las víctimas y no hay refugios diseñados para el tráfico de personas”, lamentó Cdebaca. “Parece que toda la atención a las víctimas la están llevando a cabo las ONG y organizaciones internacionales”.
El responsable del Departamento de Estado consideró, sin embargo, que la rebaja “más notable” en América Latina es si cabe la de Colombia que llevaba varios años consecutivos en la primera categoría y que en el informe de este año ha descendido a la segunda. El motivo es que Bogotá se concentró en la trata internacional de personas, pero descuidó la vigilancia a nivel interno.
En el otro extremo, sobresale el caso de Chile que se adentra en el primer grupo gracias al incremento de los programas gubernamentales y judiciales que luchan contra esta lacra, así como las crecientes investigaciones por parte de los tribunales y la policía. También mejora la calificación de Suiza por adoptar “pasos agresivos” para terminar con flancos legales que implícitamente amparaban que un menor pudiera prostituirse. El primer grupo está integrado por 31 países, la mayoría occidentales, entre ellos Estados Unidos, España, Canadá, Francia, Reino Unido pero también Nicaragua.
El informe también aplaude los progresos alcanzados, alguno más profundos que otros, en países como Chad, Bahamas y Afganistán, mientras alerta de la vinculación entre el tráfico sexual y las explotaciones mineras en naciones como Perú. En cuanto a la caída de Tailandia y Malasia en la última categoría, la diplomacia estadounidense la atribuye a la falta de esfuerzos oficiales y la complicidad de parte de las autoridades en el tráfico de personas.

EL PAIS DE ESPAÑA.

La cifra de desplazados alcanza el nivel máximo desde la II Guerra Mundial

Los conflictos expulsaron a seis millones de personas de sus hogares en 2013, según la ONU


El número de desplazados y refugiados ha alcanzado su nivel máximo desde la II Guerra Mundial. A finales de 2013, unos 51 millones de personas vivían alejados de sus hogares como consecuencia de los conflictos, la persecución y la violencia generalizada, según un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hecho público este viernes. El documento, que recoge cifras facilitadas por los Gobiernos y por los servicios propios de la ONU, muestra que el año pasado unos seis millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus casas para escapar de la violencia; el nivel de desplazamiento más alto registrado desde que se contabilizan datos. Un salto, aseguró el alto comisionado de la ACNUR, Antonio Guterres, que se debe fundamentalmente a la intensificación de la guerra en Siria y a los conflictos en Sudán del Sur y República Centroafricana.
El número de personas que escapan de la violencia —como también el número de conflictos— crece sin parar. Andreas Kamm, secretario general del Consejo Danés para los Refugiados, se lamenta del nuevo “récord negativo”, aunque matiza que las cifras manejadas en la II Guerra Mundial —donde se calcula que hubo unos 60 millones de refugiados— son estimaciones. “Además, existen importantes diferencias. Ahora estamos ante conflictos más largos, hay muchas más personas que se mueven dentro de sus propios países y también muchas otras a las que les resulta imposible retornar. Eso aumenta las cifras totales”, dice. En el mundo hay ya unos 33,3 millones de desplazados —se quedan dentro de las fronteras de sus países— y 16,7 millones de refugiados —en otros Estados—. Estos últimos son 2,5 millones más que en 2012, un incremento que no se observaba, según la ONU, desde 1994, momento de la última guerra de los Balcanes y el genocidio de Ruanda,

Por primera vez desde 1945 la ONU registra más de 50 millones de huidos
A finales de 2013 —fecha de los datos del informe—, más de 2,4 millones de refugiados eran sirios. Ahora superan los 3 millones. Son personas que buscan una escapatoria desesperada a una guerra que suma ya su tercer año. La encontraron fundamentalmente en los países de su región, como Líbano (más de un millón), Jordania o Turquía. Este último país acogía a finales del año pasado a más de 600.000 refugiados, según las estimaciones del Gobierno; los últimos datos de la ONU indican que ahora ampara a más de 800.000 sirios.
“En cinco años, Siria ha pasado de ser uno de los países del mundo que más refugiados acogía a ser el segundo mayor productor”, incide Ana López Fontal, experta del Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE por sus siglas en Inglés). “Hasta allí llegaban palestinos, afganos iraquíes, somalíes... Ahora son los sirios quienes abandonan sus casas forzosamente”, explica.
El ejemplo sirio sirve para radiografiar una realidad que se repite en el resto de países que viven situaciones de violencia. Sus ciudadanos buscan primero una solución dentro de sus propias fronteras —los desplazados internos—. Cuando la situación se deteriora, deciden abandonar también su país. Muchos tardan años en volver a sus lugares de nacimiento. Algunos quizá no lleguen a hacerlo nunca. El 50% de los refugiados lleva ya al menos cinco años instalado en otro país, según ACNUR. Son los llamados “refugiados prolongados”. Como los más de 120.000 birmanos de etnia karen que llevan 20 años en campos de refugiados en la frontera con Tailandia.
Pero los grupos más numerosos de refugiados proceden de Afganistán. De ese país, que sufre la presión de los grupos talibanes y donde aún hay destacadas tropas estadounidenses, han salido al menos 2,5 millones de personas en los últimos años. Muchos de ellos hacia Pakistán o Irán. “Ese país no vive oficialmente una guerra, pero desde luego no hay paz”, abunda Andreas Kamm. A este experto le preocupa mucho la situación de Irak, donde en las últimas semanas la ofensiva de los grupos yihadistas está provocando decenas de miles de desplazados. El danés destaca que las cifras de personas que abandonan forzosamente sus casas seguirán engordando si la comunidad internacional no emprende medidas para apoyar la estabilidad en los países afectados por la violencia.
“Los conflictos se multiplican de forma creciente”, recalcó el alto comisionado de la ONU en la presentación del informe en Líbano —se hizo público simultáneamente en otras muchas ciudades—. “Al mismo tiempo, parece que viejos conflictos no van a terminar nunca”, añadió Guterres.
El coste humanitario de los enfrentamientos, la violencia y la persecución se multiplica. Los presupuestos de cooperación internacional y ayuda exterior han caído en la mayoría de los países. Y la crisis dificulta no solo la acogida, sino también la vuelta. Durante el pasado año, 416.600 refugiados pudieron regresar a sus países de procedencia, una cifra sensiblemente inferior a los 526.000 que lo lograron en 2012
También se han ampliado las diferencias entre aquellos que acogen, destaca López Fontal. “Actualmente son los países en vías de desarrollo quienes reciben al 86% de los refugiados del mundo, el valor más alto en los últimos 10 años”, dice la experta. Los países más ricos han pasado en una década de recibir más del 30% a solo el 14%. De hecho, los Estados que más reciben son Pakistán, Irán, Líbano o Jordania.
La guerra siria y los conflictos en Sudán o República Democrática de Congo han variado también, por tanto, la radiografía de quienes buscan una solución permanente. En 2013, 1,1 millones de personaspresentaron una solicitud de asilo; la mayoría de ellos (64.300), sirios. Esta es una opción de apoyo que, según Fontal y Kamm, deberían reforzar los países de acogida.
DIARIO EL PAIS DE ESPAÑA.