En total son 73.000 hectáreas de tierras fiscales. Un proyecto de ley propone que la provincia realice un registro de esos terrenos y sus ocupantes para, sobre esa base, diseñar políticas públicas.
Según un relevamiento realizado en 2006, la provincia cuenta con 73.000 hectáreas de islas fiscales de las cuales 57.800 deberían estar afectadas a pueblos originarios. Pero, en realidad, nadie sabe en qué situación jurídica y de hecho se encuentran. “Hoy desconocemos en qué estado se encuentran estas tierras porque hay diversas condiciones jurídicas de posesión, de tenencia, uso de las islas para actividades económicas, contratos de comodato con municipios y comunas con determinados objetivos y como la provincia no hizo un seguimiento, no sabemos si esto se está cumpliendo”, le explicó a Diario UNO la diputada provincial por el partido Pares, Verónica Benas.
La legisladora es autora de un proyecto de ley donde se propone establecer un régimen de registración de las islas fiscales. De esa manera el primer objetivo sería tener un acabado conocimiento de la situación actual. “Queremos que se identifiquen las islas, si es posible por su nombre; conocer la condición jurídica de cada una de ellas; saber quiénes están a cargo, si son municipios, comunas, cuidadores ad honorem o si hay privados usufructuando estos predios; también queremos saber si las actividades que hay en estas islas pueden provocar daños ambientales y en qué situación se encuentran”, especificó.
Benas asegura que la realidad de las islas cambió radicalmente en los últimos años debido al “fenómeno de la sojización” que en la provincia hizo que muchos productores ganaderos lleven sus animales a las islas. Durante su mandato como diputada nacional (2007-2011) , Benas presentó un proyecto por la quema en las islas del Delta Paraná, que en 2008 generaron, además de un importante daño ambiental, serios inconvenientes en las rutas con densas nubes de humo.
—Hace un mes hubo una gran polémica con Entre Ríos porque esa provincia sancionó una ley para promover la explotación de las islas, ¿Santa Fe sabe qué destino se le da hoy a sus islas?
—Precisamente ése es un objetivo del proyecto. La decisión de Entre Ríos, que luego dio marcha atrás, nos preocupó a todos en la región. Incluso hoy estamos trabajando junto al diputado (Antonio) Riestra y los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP) de Entre Ríos para estar atentos a que esto no se rediseñe y vuelva de otra forma para intentar sembrar arroz en las islas del Delta y que eso genere un impacto ambiental.
—Pero, ¿cuál es la situación en la provincia de Santa Fe?
—En Santa Fe tenemos poca información sobre la situación real y sobre qué uso se les está dando a las islas. Y eso nos parece un requisito indispensable para diseñar políticas públicas sobre estos territorios. Eso no se puede hacer si no sabemos cuál es la situación jurídica y de ocupación real de estas 73.000 hectáreas. Además, 57.800 están afectadas a pueblos originarios, pero eso no se ha concretado, por lo menos en esta dimensión. Creo que es elemental contar con esta información sistematizada y con un compromiso de actualización para que la provincia pueda definir qué se hace en las islas, con qué objetivo y con qué respeto tanto por la producción como por el ambiente ya que son ecosistemas fundamentales.
Un territorio estratégico
Al ser consultada sobre si existe la posibilidad de que se estén realizando negocios inmobiliarios con las islas fiscales, Benas no lo descartó, aunque “hoy sería apresurado sacar conclusiones porque la información real no la tenemos”.
De todas maneras, la legisladora reconoció que actualmente se están realizando actividades productivas y que se necesita saber si tienen alguna autorización o no. “Hoy se hace desde cría de ganado, actividad turística, producción de miel y una cantidad de actividades que producen beneficios importantes que quisiéramos que la provincia capitalice”, aseguró.
Según consta en el proyecto que ingresó a la Legislatura santafesina, el Ministerio de la Producción sería la autoridad de aplicación de este relevamiento. En ese sentido la diputada dijo: “En función de este insumo, redireccionar la utilización de las islas tanto para su explotación económica como para otros usos. Es muy interesante esta situación de comodato con municipios y comunas costeras, porque si no están cumpliendo con lo que se comprometieron la provincia debe recuperar esos territorios y definir un uso que sea conveniente”.
—Cual cree usted que debería ser el uso que se les debería dar a esas 73.000 hectáreas?
—No puedo generalizar. Por eso lo que queremos es identificar las características de cada una de las islas porque no son homogéneas las condiciones. Obviamente se pueden hacer muchísimas cosas sobre todo pensando que si una gran parte de ellas están afectadas a los pueblos originarios, habría que pensar cómo el Estado puede promover que efectivamente los pueblos originarios puedan desarrollar actividades allí. Además hay que acompañar esto con equipos técnicos para obtener un desarrollo idóneo. Si no, esto carece de sentido.
“Es responsabilidad del Estado saber en qué situación están las tierras fiscales de la provincia y, luego, darle el mejor uso posible para los intereses comunitarios”, dijo Benas y agregó: “Esto se da en un marco en el que la provincia está planteando, con la creación de la Secretaría de Hábitat, todo un trabajo de reordenamiento del suelo que tiene que ver con cuestiones relacionadas directamente con la vivienda, donde hay un déficit enorme en la provincia, y con la posibilidad de generar una explotación económica pertinente por las características de estos territorios”.
Acerca de los plazos para llevar adelante y concluir el registro Benas aclaró que en primer lugar “hay que conseguir el consenso necesario para su aprobación y, después, si eso se logra, es el Ministerio de la Producción el que debe iniciar el relevamiento y a los 30 días de finalizado, la información que recabe el Ministerio, considerada información pública, debe ser puesta a disposición de todos los ciudadanos”.
“En esta tarea también intervendría la Secretaría de Municipios y Comunas y Catastro porque tiene que ser una información que realmente nos sirva para rediseñar políticas públicas en estos territorios. En función de eso, después viene la segunda etapa, el qué hacer con lo que tenemos y finalizar aquellas situaciones de hecho y no de derecho que utilicen estos territorios en beneficio personal y no en beneficio de la provincia de Santa Fe”, concluyó.
Las 73.000 hectáreas de islas fiscales santafesinas están distribuidas a lo largo de los casi 800 kilómetros de costa. Pero la mayor superficie se encuentra en el centro de la provincia frente a los departamentos Garay y San Javier fundamentalmente. Tal como describió Benas, las islas son un territorio económicamente cada vez más codiciado. Por eso es imperioso que el Estado esté presente no sólo para controlar, sino también para garantizar un debate con todos los actores sociales involucrados que permita encontrar un destino beneficioso para todos.
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