El titular de la cartera
provincial de Justicia entregó un informe sobre los juicios federales en
Santa Fe para que sea elevado a la Comisión Interpoderes y manifestó la
voluntad del gobierno para que estos trascendentes procesos se
desarrollen con agilidad y eficacia.
Lewis Juan
Elministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, se
reunió con su parnacional Julio Alak, a quien le entregó un informe
sobre la situación de losjuicios de lesa humanidad en Santa Fe para que
por su intermedio lo eleve a laComisión Interpoderes (organismo
impulsado por la Corte Suprema de la Nación eintegrado por
representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial yde la
Procuración General que busca resolver dificultades en la
sustanciaciónde causas por violaciones a derechos humanos).
Enla ocasión, Lewis manifestó “la voluntad del gobierno provincial
de colaborar yarticular medidas para que estos trascendentes procesos se
desarrollen conagilidad y eficacia”.
Dela reunión, que tuvo lugar el pasado martes en Buenos Aires,
tambiénparticiparon el secretario de Derechos Humanos, Horacio Coutaz, y
lasubsecretaria, Nadia Schujman. Por su parte, Alak estuvo acompañado
por elsubsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena.
Altérmino de este encuentro los funcionarios santafesinos también
seentrevistaron con la comisión de disciplina del Consejo de la
Magistratura dela Nación a los fines de que estudie las observaciones
formuladas en elinforme.
INFORMEDE SITUACIÓN
Losdatos consignados por el ministro fueron relevados por la
Secretaría deDerechos Humanos y ahora están en manos del ministro Alak,
quien los presentaráa la Comisión Interpoderes para la evaluación,
agilización y seguimiento de losjuicios de lesa humanidad. Es que el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanoscolabora a través de distintas
líneas de acción con la realización de estosprocesos, por ejemplo
aportando prueba (sólo para el debate en la causa Díaz Bessoneaportó más
de 535 documentos que fueron prueba valorada en los alegatos portodas
las partes acusadoras). Es en ese contexto que se han observado
algunasdificultades y obstáculos, según surge del informe entregado a
Alak.
Allíse detallan, entre otros puntos, las demoras en la tramitación
de la causa DíazBessone, que se sustancia en el Tribunal Oral Federal 2
de Rosario desde juliode 2010, y en el inicio de la causa “Saint Amant”,
elevada al mismo tribunalhace tres años y aún sin fecha cierta de
comienzo. También se plantea que laspocas sentencias obtenidas hasta
ahora no están firmes, por encontrarserecurridas sin que se expida aún
la Cámara de Casación, al punto que de los 267condenados en el país,
sólo 43 tienen condena firme, y ninguno es de Santa Fe.Como consecuencia
de ello, el ex juez Víctor Brusa y otros dos condenados enesa causa –la
primera por delitos de lesa humanidad en la provincia– obtuvieronel
beneficio de las salidas transitorias, lo que produjo impacto en
testigos,víctimas y organismos de derechos humanos.
Asimismo,Lewis mencionó en su escrito las demoras en la fijación de
fecha de audienciasde juicios por estos delitos cuyas investigaciones
fueron realizadas enReconquista: al día de hoy, no se ha sustanciado
ningún debate sobre hechosocurridos en la jurisdicción de los tribunales
federales de esa ciudad niexiste fecha precisa para ello, a pesar de
encontrarse reunidas las condicionesprocesales para su efectivización.
Duranteel encuentro con Alak, los funcionarios provinciales
solicitaron que éstas yotras preocupaciones volcadas en el informe sean
transmitidas a la ComisiónInterpoderes, “junto con la predisposición del
gobierno provincial a coadyuvaren la articulación de medidas que
posibiliten la agilización y eficacia de losjuicios por delitos de lesa
humanidad que se llevan a cabo en territoriosantafesino”.
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