El escenario energético después del fallo El gas más caro sigue siendo para aquellos que menos tienen

La red en Puerto Madero ofrece energía más barata de lo que pagan los que compran garrafas en un barrio cualquiera del país. A largo plazo, sin adecuadas tarifas, el costo se acentúa sobre quienes más necesitan.

Foto: Mauricio Garín
De la redacción de El Litoral
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DyN

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló el aumento de gas para los usuarios residenciales “promueve la inequidad y la escasez”, ya que consolida la brecha existente entre lo que paga “un usuario de Puerto Madero” y aquel que utiliza garrafas por no contar con un servicio de red.

La consultora Economía & Regiones no entró en consideraciones jurídicas sino en los efectos socioeconómicos. Evaluó que el fallo “no sólo agrega confusión, sino que es ineficiente desde el punto de vista fiscal, energético y económico, ya sea del lado de la producción como de los consumidores.

“Desde el punto de vista del consumidor, el fallo de la CSJN agranda las distorsiones de precios relativos y las inequidades sociales”, indicó, debido a que “un usuario de Puerto Madero pagaría 150 pesos por mes, mientras que una garrafa cuesta 97 pesos y una familia necesita varias por mes”.

Por otra parte, indicó que el dictamen “suspende el aumento de tarifas que tiene menor incidencia en el precio de la factura final residencial”, ya que “si uno consume 10 pesos de gas, 7 pesos corresponden a gas en boca y 3 a transporte y distribución. Con este consumo, hay que pagar una factura por un total de 14 pesos porque hay aproximadamente 4 pesos de impuestos y cargos. Son más caros los impuestos que el transporte y la distribución de gas”, precisó.

Desde el punto de vista energético y económico, el fallo “perjudica a los tramos más vulnerables del sector gasífero, ya que el principal ‘cuello de botella’ está en transporte y distribución, no en boca de pozo”.

Al respecto, E&R indicó que “si en boca de pozo se produjera (o se importara) todo el gas que los argentinos deseáramos demandar, no hay infraestructura física de transporte (tampoco de distribución) para hacerlo llegar al consumidor final. Hace falta ‘agrandar’ el caño troncal (transporte) para poder satisfacer la demanda en los centros urbanos y polos productivos industriales.

“Y para esto -añade- hace falta inversión de largo plazo, lo cual exige como condición previa un sendero tarifario de mediano y largo plazo que viabilice la ecuación económica y financiera tanto de las empresas transportistas como de las distribuidoras”, completó.

Para la consultora, la Corte “obliga al gobierno nacional a brindarle a las transportistas y distribuidoras alguna asistencia económica que compense la falta de ingresos por la anulación del incremento tarifario, caso contrario la prestación del servicio resultaría seriamente comprometida”.

“Esa asistencia económica serían subsidios pagados por todos los ciudadanos, incluidas las clases sociales vulnerables que no tienen gas por red y cocinan y se calientan con garrafas de gas líquido cuyo costo es más caro”.

Con esos subsidios, finalizó E&R, “sería mayor (el) déficit fiscal, que se financiaría con más deuda e impuesto inflacionario. La deuda sería pagada por nuestros hijos con menos educación y salud pública en un futuro. El impuesto inflacionario sería pagado, como siempre, en mayor medida por los más vulnerables, los que no tienen gas de red”.

El dato

Populismo

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, cuestionó las políticas que aplicó el gobierno kirchnerista al criticar lo que llamó el “populismo energético, de hacerle creer a la gente que el agua, el gas y la luz no tienen ningún costo”. Asimismo, consideró que la suba de tarifas “no es el tema que más se escucha en la gente” porque -a su entender- “para muchos es la inflación y la inseguridad”. Frigerio sostuvo que “lo primero que hay que decirle a la gente es que tenemos que hacer algo. Argentina se queda sin energía por pésimas políticas energéticas” de los últimos años.

Rosatti

“Fue un fallo basado en la Constitución, en la ley. Nosotros ni recibimos ni damos mensajes, simplemente lo que hacemos es aplicar la Constitución y la ley”, subrayó Horacio Rosatti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la decisión adoptada el jueves por el máximo tribunal del país acerca de las tarifas de gas natural.

Rosatti habló brevemente sobre el fallo al ingresar al Club del Orden para participar de la reunión anual del Círculo de Convencionales Constituyentes. “La base del fallo fue una cláusula de la Constitución que discutimos entre todos y que se sancionó en Santa Fe. Esa bolilla la teníamos muy clara”, remarcó. Se refería al artículo 42 de la Constitución de cuya redacción participó además de Rosatti, otro actual ministro de la Corte, Horacio Maqueda. “Los dos éramos convencionales y recordábamos los debates de la Constitución sobre este tema”, le dijo a El Litoral.