El territorio, representado en toda su extensión y diversidad, en el mapa de la provincia que ocupa una de las paredes del despacho del ministro Jorge Álvarez. Foto: Pablo Aguirre
Nancy Balza
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En la provincia, el presupuesto afectado a política alimentaria es de alrededor de 61 millones de pesos mensuales, de los cuales 47 millones corresponden a la tarjeta de ciudadanía (con una parte asignada por Nación). Ésa es la cifra desde junio, cuando se aumentó en un 30 por ciento el importe destinado tanto a uno como a otro concepto.
En total, se asiste a 115 mil personas en comedores, y a más de 40 mil en copas de leche a través de 700 instituciones. Sin embargo, la asistencia alimentaria no es la única política social que corresponde a la provincia, aunque sí la más urgente. Los últimos vaivenes económicos obligaron a afinar la punta del lápiz en más de una decisión: el presupuesto destinado a clubes fue, el año pasado, de 3,2 millones de pesos -sólo en concepto de subsidios tarifarios- pero la aplicación de la tarifa social en energía implicó un incremento notable con un monto anualizado que supera los 20 millones.
Éstos y otros números repasa el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Jorge Álvarez, en un extenso diálogo con El Litoral. Su cartera, que abarca desde niñez hasta adultos mayores, coordina el Gabinete Social que integran varios ministerios y secretarías de Estado con el objetivo de trabajar en forma conjunta fuera y dentro del territorio. Pero el trabajo también es con “organizaciones sociales muy fuertes” que ya están insertas en los barrios. Es que el trabajo in situ es importante para Álvarez. Lo dice él que viene del territorio: “Soy de Arequito, fui presidente comunal y estuve en municipios y comunas, así que para mí la integración es clave”.
—En los últimos meses y como consecuencia de los aumentos de precios y la inflación, ¿tuvieron más demanda en los comedores comunitarios que dependen de Desarrollo Social?
—En la provincia, funcionan los comedores escolares que dependen de Educación y tienen una población fija. En nuestro caso, sí hubo una demanda en cuanto a actualización de importes. Este mes (por junio) aumentamos un 30 % ese valor. Tenemos cerca de 700 convenios entre municipios y comunas, y organizaciones de la provincia a los cuales transferimos los recursos a efectos de que ellos compren los elementos. Son dos convenios: uno es el Programa Social Nutricional, llamado Prosonu, y el otro es el de tarjeta institucional, solamente en Santa Fe y en Rosario. Por otro lado, tenemos 185 mil tarjetas de ciudadanía: transferimos el dinero directamente a la tarjeta de cada uno de los beneficiarios y allí también se aumentó el 30 % en este mes con lo que el monto es de $ 260. Hay una mayor demanda que vemos con las instituciones y con los municipios y comunas -porque se da en las principales ciudades y en barrios, donde hay un mayor porcentaje de vulnerabilidad-. No puedo decir cuál es ese porcentaje porque se modifica según el barrio y la realidad de las instituciones, pero tenemos bien aceitado el mecanismo con cada una de ellas. No hacemos entrega de recursos en forma directa, sino a la institución.
Inauguración de El Alero, en barrio Coronel Dorrego. Foto: Archivo El Litoral
—¿Con qué metas llegó al ministerio? ¿Las tuvo que reorientar en estos meses a partir de la inundación, la inflación y los aumentos de tarifas?
—Indudablemente, el tema hídrico no estaba previsto: empezamos el 11 de diciembre con una cola de tornado en el departamento San Martín y de ahí en adelante estuvimos hasta el mes pasado con emergencia a lo largo de la provincia, lo cual afectó el tema presupuestario pero sirvió para aceitar el mecanismo de funcionamiento dentro del gabinete. El proceso inflacionario, el aumento de tarifas y demás alteró la planificación que se tenía, en primer lugar desde el punto de vista presupuestario. No es que tenemos una disminución de recursos: para el gobernador, lo social está en una agenda permanente. Nuestro objetivo es trabajar sobre los sectores más vulnerables, de menores recursos, más castigados en la provincia. Estamos trabajando fuertemente con el Plan Abre, no solamente en el tema de infraestructura, que se aborda entre provincia y municipio, sino también en lo que hace a convivencia. Desde Desarrollo Social, coordinamos el Gabinete Social, que integramos todos los ministerios con competencia en la materia. Eso nos permite tener una mirada interna muy amplia de la relación dentro del propio gobierno, y con los propios municipios y comunas. Y en esto, el desafío es incluir.
—El ministerio a su cargo ¿es el de mayores dimensiones?
—No, es el que más tiene que ver con el territorio. Requiere estar mucho afuera, es un trabajo muy diverso porque incluye desde la niñez a adultos mayores, género, diversidad sexual -que fue creada como subsecretaría en esta gestión- y deporte, que en la emergencia trabajó para que los chicos que estaban en centros de evacuados participen de colonias de vacaciones. Además, están las Olimpíadas Santafesinas que hoy se convirtieron en Santa Fe Juega y este año superó el nivel de inscripción con 150 mil chicos y chicas. Hay una decisión del gobernador Miguel Lifschitz de trabajar fuertemente en deporte.
“MARGINALIDAD CULTURAL”
“En realidad el desafío es tener cada vez a menos gente que asistir y más gente incluida en el sistema”, asegura Álvarez.
—¿Lo cree posible?
—Creo que sí, no me encolumno detrás de Pobreza Cero. Me parece que tenemos una pobreza estructural que es muy difícil de romper, que se ha ido consolidando en todos estos años y que es necesario disminuir. Pero lo que preocupa es la marginalidad cultural y en eso tenemos que trabajar fuertemente. Inauguramos a principios de junio El Alero, en barrio Coronel Dorrego, y ahí se ve el nivel de participación de la gente que no va para comer; concurre la madre que está embarazada, los chicos, funciona el programa Nueva Oportunidad, las Escuelas de Trabajo de la municipalidad; y los sábados y domingos hay actividades culturales. Hay que trabajar para que el ser humano se quiera a si mismo; cuando se pregunta por qué hay tanta violencia una respuesta es porque no se valora la propia vida. Disminuir la violencia -de género, en la diversidad sexual, la que sufren comunidades indígenas, la que sufre el chico que a veces desde que nace es lo único que conoce-. es uno de nuestros objetivos como gestión. La violencia, que muchas veces termina en el delito, no se soluciona con más policías o más cárceles. Requerimos una mejor justicia, sin dudas, pero hay que trabajar en las causas que están en lo social, en la inclusión educativa, cultural y laboral.
115 mil personas son asistidas en comedores comunitarios.
Foto: El Litoral
TRABAJO INTEGRAL
- Para este año, se prevé conformar el Observatorio de Políticas Sociales de la provincia, junto con las universidades del Litoral, de Rosario y Tecnológica, y la Defensoría del Niño que tiene una plataforma de Unicef. “La idea es tener, junto con Defensoría del Pueblo, un observatorio que nos permita hacer un trabajo integral y focalizado, de acuerdo con la información. Tenemos el acompañamiento del Observatorio de Políticas Sociales de la UCA y del Cippec”, anticipó Jorge Álvarez.
"Nuestro objetivo es trabajar sobre los sectores más vulnerables, de menores recursos, los más castigados en la provincia”.
Jorge Álvarez.
Ministro de Desarrollo Social de la provincia.
El dato
COORDINACIÓN
- El ministerio de Desarrollo Social coordina el Gabinete Social que integran, además, Educación, Cultura, Justicia, Seguridad, Hábitat y Gobierno y Reforma del Estado.
700
convenios personas niños, niñas, niños y niñas
con municipios y comunas e instituciones para asistencia alimentaria.
115.000
concurren a comedores comunitarios.
5.000
adolescentes y jóvenes participan en centros de día y centros de acción familiar.
500
están alojados en centros residenciales.
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