12 de Mayo de 2016
Por: Rosario3
El funcionario reclamó “llegar hasta las últimas consecuencias”. (Rosario3.com)
La aparición en manos de delincuentes de armas policiales que se suponían destruidas en noviembre de 2015 es un escándalo que recién comienza. Ya hay una investigación penal, una administrativa y un fuerte malestar en el gobierno santafesino. Al punto que este jueves, el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, no descartó que el caso le vaya a costar el puesto a más de uno.
“Ninguno estamos atados a los cargos que estamos ocupando”, dijo en primera persona, a la vez que reclamó “llegar hasta las últimas consecuencias” para establecer “cómo fue la cadena de responsabilidades” en la filtración de armamento oficial que debía ser sacado de circulación.
El funcionario apuntó a la Corte Suprema, responsable del operativo de fundición que debía efectuarse con un lote de 715 armas obsoletas, pero también reconoció culpabilidad política, ya que las pistolas incautadas “figuraban como destruidas y no era así”.
A través de la Subsecretaría de Control de Armas, durante la anterior gestión provincial se había hecho un convenio con la Corte para llevar más de 700 armas en desuso a fundir en un horno. Y eso supuestamente se hizo en el término de tres días: en los registros administrativos, todas las armas aparecen como eliminadas. Pero en los últimos días, unas 15 fueron halladas en poder de personas detenidas por diferentes delitos.
Según informó este jueves en Radio 2 el periodista Hernán Funes, todo empezó en la Unidad Regional I (jurisdicción de La Capital). Durante el transcurso de este año, secuestraron varias pistolas 9mm, similares a las reglamentarias de la Policía, sin cacha. Es decir, sin las piezas que cubren el cargador en el mango. Y es justamente lo que se retira antes de llevarlas a fundición. Por eso la sospecha inicial y una inmediata investigación de la nueva cartera de Seguridad.
En ese marco, según el citado informe, se constató que el 3 de noviembre último, bajo la conducción de Raúl Lamberto en el Ministerio, hubo una orden de destruir armas viejas que estaban en el departamento de Logística (D4) de la Policía santafesina.
La gran duda es cuántas armas no eliminadas están en la calle, correspondientes al total de un lote que era de 715. Según detalló Hernán Funes, a la sala de efectos de la Corte llegaron para destrucción 500 pistolas calibre 9 mm, marca FM; 22 pistolas calibre 11,25 mm, sistema Colt; 3 pistolas calibre 22 mm, sistema Colt; 160 escopetas calibre 12,70 mm; 11 ametralladoras Halcón, calibre 9 mm; 9 ametralladoras FMK3, calibre 9 mm; y 10 ametralladoras PAM, calibre 9 mm.
Cadena de responsabilidades
En el caso hay responsabilidades compartidas: políticas, policiales y de la Justicia. Durante la destrucción de las armas no se habría presentado ningún responsable de Seguridad. Como dato, cuando hace semanas quemaron una tonelada de droga en el cementerio La Piedad, el actual ministro, Maximiliano Pullaro, supervisó personalmente el operativo.
Desde su área entienden que “alguien debió controlar arma por arma”, con la numeración de cada una. Esa tarea se realiza a través de la Subsecretaría de Control de Armas.
También se analiza la presunta responsabilidad policial, fundamentalmente del área Logística; y finalmente, de la Corte Suprema. No son pocos los que le asignan a la Justicia la responsabilidad legal: es la encargada de la custodia y destrucción.
La proliferación de las armas es una de las preocupaciones principales de las autoridades de Seguridad. Las fuerzas policiales tienen la instrucción específica de sacar armas de la calle y la Justicia investiga desde hace tiempo el mercado ilegal.
En este caso, se rompió la cadena de custodia y algunas de estas pistolas, en lugar de terminar en un horno para fundirse, cayeron en manos de delincuentes.
Si bien ya fueron citados todos los responsables del circuito por el que que pasó el armamento, por el momento no hay ningún imputado en la causa.
Sí se inició una investigación penal a cargo del fiscal Andrés Marchi, del Ministerio Público de la Acusación, y otra administrativa, a cargo de la Secretaría de Control.
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