Mientras provincia y Nación adoptaron medidas para ayudar a los damnificados, hubo fuertes cruces entre funcionarios y políticos.
La Capital |
La asistencia anunciada por la provincia es para productores agropecuarios cuyas explotaciones estén radicadas en las distintas zonas en situación de emergencia o desastre agropecuario y tendrá como principal fin otorgar apoyo financiero para la inversión en bienes de activo fijo y capital de trabajo. Los créditos que otorgará el banco contarán con el subsidio de tasa a cargo de la provincia. Cada empresa agropecuaria podrá solicitar un crédito de hasta 400 mil pesos, con un plazo máximo de 18 meses.
Asimismo, la Ansés incluyó a Sanford y Chabás en el paquete de beneficios anunciado para los afectados de Buenos Aires. Esto fue transmitido a los jefes comunales de ambas localidades por el diputado nacional Marcos Cleri, quien detalló que el organismo “tiene la base de datos de todas esas personas que viven en las localidades que fueron afectadas”. Ante esto, el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Luis Rubeo (h), expresó su beneplácito. “Creemos que fue una muy buena decisión la de federalizar esta medida”, opinó el legislador, y recordó que días atrás “presentamos un proyecto solicitando que se hagan extensivos los beneficios otorgados a los damnificados por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires a los ciudadanos de la provincia de Santa Fe”.
Rubeo enfatizó que “es importante dedicarse en forma urgente a analizar la situación de otras localidades santafesinas que también se han visto afectadas como sucedió, por ejemplo, en la ciudad de Reconquista donde cayeron más de 220 milímetros de agua en menos de 48 horas dejando una situación crítica”.
Fuego cruzado. Más allá de los anuncios, el problema del agua generó un verdadero fuego cruzado, sobre todo entre el senador nacional Carlos Reutemann y el gobernador Antonio Bonfatti.
Es que Reutemann cuestionó al mandatario provincial, quien consultado sobre las inundaciones había dicho días atrás que “sólo hubo un inconveniente en Sanford, producto de que otros productores han hecho canales clandestinos en sus campos para sacarse el agua”. El legislador le retrucó al afirmar que “es un sector productivo que está en una situación muy complicada, y Bonfatti no puede decir lo que declara de un canal clandestino, me parece que tiene que ver con una obra hidráulica”.
A la vez, el gobernador le disparó con munición gruesa. “Reutemann debería estar más preocupado por saldar la deuda que tiene hace 12 años con los santafesinos que en renovar sus fueros por seis más”, publicó en su cuenta de Twitter, y en referencia a las inundaciones del 2003 en la ciudad de Santa Fe.
Por su parte, la diputada provincial Alejandra Vucasovich, del PRO Federal, dijo que “en las cuencas del río Carcarañá y el arroyo Saladillo se tendrían que haber hecho obras de infraestructura como el canal de Arequito al Carcarañá o las minipresas en el cauce del Saladillo, el ensanche de los canales de La Legua y La Media Legua para que el agua que baja de Casilda, Pujato y Zavalla lo haga más controlada y no inunde Funes y Roldán, en el arroyo Ludueña y los canales que derivan al arroyo San Lorenzo, desde Luis Palacios, Ricardone y Ibarlucea. Pero desafortunadamente sólo hubo reuniones de comité de cuenca y pocas obras” enfatizó.
En sintonía con Reutemann, la legisladora consideró que “no resulta serio acusar a los chacareros por las inundaciones y si algún productor llevó adelante canales clandestinos, la administración de Bonfatti tendría que haber tomado las medidas preventivas”.
Sobre ese tema también habló Rubeo, quien consideró que Bonfatti debe “penalizar a los que hacen canales clandestinos”, en lugar de “comentar la situación”, y acotó que no hay control.
Otro cruce. “Nunca hay que poner a la población como escudo de segundos intereses”, dijo ayer el ministro de Aguas y Servicios Públicos, Antonio Ciancio, ante la presentación de un recurso de amparo que hizo el jefe comunal de Oliveros, Martín Calori, para impedir la construcción de un canal aliviador con desembocadura en el río Carcarañá (ver nota vinculada).
“Lamentablemente, muchas veces se mezclan los intereses con la problemática de la comunidad”, expresó Ciancio, y enseguida aseguró: “La población de Oliveros no se inunda. Lo que se inundan son algunos lugares que están en el curso del agua; es decir, en el valle de inundación”. Y remarcó que “hay intereses económicos de generar allí más puertos. Pueden ser (iniciativas) muy loables, pero hay que ver desde qué camiseta se está hablando”.
Ciancio se reunirá hoy con el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación para confirmar si hay alguna idea de financiar alguna obra. Quieren hacer un desvío del río Carcarañá. Eso es en el ABC de cualquier manual de estudiantes de ingeniería, algo incompatible con la naturaleza, y que genera más problemas que soluciones. No se puede desviar un río”, afirmó Ciancio.
Asimismo, la Ansés incluyó a Sanford y Chabás en el paquete de beneficios anunciado para los afectados de Buenos Aires. Esto fue transmitido a los jefes comunales de ambas localidades por el diputado nacional Marcos Cleri, quien detalló que el organismo “tiene la base de datos de todas esas personas que viven en las localidades que fueron afectadas”. Ante esto, el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Luis Rubeo (h), expresó su beneplácito. “Creemos que fue una muy buena decisión la de federalizar esta medida”, opinó el legislador, y recordó que días atrás “presentamos un proyecto solicitando que se hagan extensivos los beneficios otorgados a los damnificados por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires a los ciudadanos de la provincia de Santa Fe”.
Rubeo enfatizó que “es importante dedicarse en forma urgente a analizar la situación de otras localidades santafesinas que también se han visto afectadas como sucedió, por ejemplo, en la ciudad de Reconquista donde cayeron más de 220 milímetros de agua en menos de 48 horas dejando una situación crítica”.
Fuego cruzado. Más allá de los anuncios, el problema del agua generó un verdadero fuego cruzado, sobre todo entre el senador nacional Carlos Reutemann y el gobernador Antonio Bonfatti.
Es que Reutemann cuestionó al mandatario provincial, quien consultado sobre las inundaciones había dicho días atrás que “sólo hubo un inconveniente en Sanford, producto de que otros productores han hecho canales clandestinos en sus campos para sacarse el agua”. El legislador le retrucó al afirmar que “es un sector productivo que está en una situación muy complicada, y Bonfatti no puede decir lo que declara de un canal clandestino, me parece que tiene que ver con una obra hidráulica”.
A la vez, el gobernador le disparó con munición gruesa. “Reutemann debería estar más preocupado por saldar la deuda que tiene hace 12 años con los santafesinos que en renovar sus fueros por seis más”, publicó en su cuenta de Twitter, y en referencia a las inundaciones del 2003 en la ciudad de Santa Fe.
Por su parte, la diputada provincial Alejandra Vucasovich, del PRO Federal, dijo que “en las cuencas del río Carcarañá y el arroyo Saladillo se tendrían que haber hecho obras de infraestructura como el canal de Arequito al Carcarañá o las minipresas en el cauce del Saladillo, el ensanche de los canales de La Legua y La Media Legua para que el agua que baja de Casilda, Pujato y Zavalla lo haga más controlada y no inunde Funes y Roldán, en el arroyo Ludueña y los canales que derivan al arroyo San Lorenzo, desde Luis Palacios, Ricardone y Ibarlucea. Pero desafortunadamente sólo hubo reuniones de comité de cuenca y pocas obras” enfatizó.
En sintonía con Reutemann, la legisladora consideró que “no resulta serio acusar a los chacareros por las inundaciones y si algún productor llevó adelante canales clandestinos, la administración de Bonfatti tendría que haber tomado las medidas preventivas”.
Sobre ese tema también habló Rubeo, quien consideró que Bonfatti debe “penalizar a los que hacen canales clandestinos”, en lugar de “comentar la situación”, y acotó que no hay control.
Otro cruce. “Nunca hay que poner a la población como escudo de segundos intereses”, dijo ayer el ministro de Aguas y Servicios Públicos, Antonio Ciancio, ante la presentación de un recurso de amparo que hizo el jefe comunal de Oliveros, Martín Calori, para impedir la construcción de un canal aliviador con desembocadura en el río Carcarañá (ver nota vinculada).
“Lamentablemente, muchas veces se mezclan los intereses con la problemática de la comunidad”, expresó Ciancio, y enseguida aseguró: “La población de Oliveros no se inunda. Lo que se inundan son algunos lugares que están en el curso del agua; es decir, en el valle de inundación”. Y remarcó que “hay intereses económicos de generar allí más puertos. Pueden ser (iniciativas) muy loables, pero hay que ver desde qué camiseta se está hablando”.
Ciancio se reunirá hoy con el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación para confirmar si hay alguna idea de financiar alguna obra. Quieren hacer un desvío del río Carcarañá. Eso es en el ABC de cualquier manual de estudiantes de ingeniería, algo incompatible con la naturaleza, y que genera más problemas que soluciones. No se puede desviar un río”, afirmó Ciancio.
Oliveros fue a la Justicia contra una obra hídrica
Los representantes legales de la comuna de Oliveros, Sergio Dabove y Gustavo Thomas, presentaron ayer una acción de amparo contra la provincia ante la jueza de San Lorenzo Gladys Silvia López de Pereyra, “por la violación de normas y por los daños inminentes que causará la realización de obras hídricas” por las cuales las aguas depositadas en tierras vecinas al sur de la cuenca serán volcadas al río Carcarañá sin atender las consecuencias que esto causará cuenca abajo. La jueza responderá el viernes si acepta o no esta acción que puede parar las obras que se realizan en Sanford.
El reclamo, motorizado por el presidente comunal Martín Callori, abunda en recortes periodísticos que muestran una detallada historia sobre la evolución de un conflicto entre la provincia y la comuna, pero que puede extenderse a otras localidades, sensibles a todo lo que ocurra en en la cuenca de ese río.
Callori y Dabove expresaron su rechazo a las afirmaciones del ministro Ciancio referidas a que “Oliveros no se inunda”.El presidente comunal señaló a La Capital que “las crecidas pueden alcanzar de promedio y unas tres veces al año la altura de 13 metros. Eso pasa en forma cada vez más frecuente y rápida y en su recorrido por la zona, las aguas del río corroen cada vez más las barrancas. Son muchas las viviendas del pueblo donde eso ocurre”, indicaron.
Contradicciones. Para Callori “el ministro Ciancio no tiene argumentos” y las autoridades provinciales incurren en una contradicción al no exigir los estudios previos para las obras a realizarse en la zona de Sanford, pero sí hacerlo pidiendo certificados de estudio de impacto ambiental para el proyecto del canal aliviador del Carcarañá al Paraná cuya construcción la provincia se niega a autorizar. Las autoridades insisten en que por negociaciones con la Nación, se dispondría de los fondos para la concreción de ese canal que constituiría en un “by pass” del Carcarañá, desde Villa La Ribera para desembocae frente a la isla El Encanto Grande, cuya verdadera desembocadura en el Paraná se halla varios kilómetros al norte, en la zona de Puerto Gaboto. Callori tampoco desechó un costado político del problema, ya que según indicó, muchas comunas que pueden se afectadas por las crecidas del Carcarañá y que no fueron invitadas a la reunión del martes en Rosario pertenecen a un signo político opuesto al del gobierno provincial.
Los representantes legales de la comuna de Oliveros, Sergio Dabove y Gustavo Thomas, presentaron ayer una acción de amparo contra la provincia ante la jueza de San Lorenzo Gladys Silvia López de Pereyra, “por la violación de normas y por los daños inminentes que causará la realización de obras hídricas” por las cuales las aguas depositadas en tierras vecinas al sur de la cuenca serán volcadas al río Carcarañá sin atender las consecuencias que esto causará cuenca abajo. La jueza responderá el viernes si acepta o no esta acción que puede parar las obras que se realizan en Sanford.
El reclamo, motorizado por el presidente comunal Martín Callori, abunda en recortes periodísticos que muestran una detallada historia sobre la evolución de un conflicto entre la provincia y la comuna, pero que puede extenderse a otras localidades, sensibles a todo lo que ocurra en en la cuenca de ese río.
Callori y Dabove expresaron su rechazo a las afirmaciones del ministro Ciancio referidas a que “Oliveros no se inunda”.El presidente comunal señaló a La Capital que “las crecidas pueden alcanzar de promedio y unas tres veces al año la altura de 13 metros. Eso pasa en forma cada vez más frecuente y rápida y en su recorrido por la zona, las aguas del río corroen cada vez más las barrancas. Son muchas las viviendas del pueblo donde eso ocurre”, indicaron.
Contradicciones. Para Callori “el ministro Ciancio no tiene argumentos” y las autoridades provinciales incurren en una contradicción al no exigir los estudios previos para las obras a realizarse en la zona de Sanford, pero sí hacerlo pidiendo certificados de estudio de impacto ambiental para el proyecto del canal aliviador del Carcarañá al Paraná cuya construcción la provincia se niega a autorizar. Las autoridades insisten en que por negociaciones con la Nación, se dispondría de los fondos para la concreción de ese canal que constituiría en un “by pass” del Carcarañá, desde Villa La Ribera para desembocae frente a la isla El Encanto Grande, cuya verdadera desembocadura en el Paraná se halla varios kilómetros al norte, en la zona de Puerto Gaboto. Callori tampoco desechó un costado político del problema, ya que según indicó, muchas comunas que pueden se afectadas por las crecidas del Carcarañá y que no fueron invitadas a la reunión del martes en Rosario pertenecen a un signo político opuesto al del gobierno provincial.
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