Secretos de la trama que eyectó a Bonadio de la causa Hotesur

Los operadores del Gobierno detrás de la separación del magistrado. Los errores del juez que facilitaron su salida y el apuro tras los allanamientos en Santa Cruz.

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 El caso Hotesur combina dos caras de una misma moneda: un nuevo acuerdo del Gobierno con un sector de la Justicia Federal y un juez que fue más allá de lo que la ley le permitía hacer, desde un juzgado federal que como casi todos los de su fuero, se mueve al compás de los tiempos políticos. Parecen dos opuestos pero son parte de un mismo sistema. El apartamiento del juez Claudio Bonadio no podría haber sido posible sin ambos.

Lo que sucedió entre el viernes 10 y el jueves 16 de julio puede contarse desde dos puntos de vista: el de Bonadio o el de los camaristas que lo apartaron de la causa. O puede verse desde una mirada más global.
El juez Bonadio sabía que la Cámara Federal porteña iba a eyectarlo de la causa que más preocupa a Cristina Fernández de Kirchner: lo más seguro –creía él–, es que sucedería después de la feria judicial que comienza mañana y termina el 3 de agosto.

El viernes 10, la Sala I le dio 72 horas para contestar si la causa debía ser enviada a la Justicia de Río Gallegos, como pidió la defensa de Lázaro Báez –ex gerenciador de los hoteles de la Presidenta–. Tenía tiempo hasta el jueves a primera hora. Es inusual que un juez no conteste estas intimaciones de sus superiores. Pone en riesgo su cabeza. Bonadio no sólo no contestó. El lunes, los desayunó con los allanamientos a las empresas de la familia Kirchner en Río Gallegos. Desató la furia de la Presidenta, quien no disimuló su reacción y la manifestó en las redes sociales.

Entre el lunes y el miércoles, la defensa de la familia presidencial intentó que los abogados de Eduardo Sanfelice, ex miembro del directorio de Hotesur y socio de Máximo Kirchner, pidieran el apartamiento de Bonadio en la causa. La razón: el juez no se expedía sobre la competencia de Río Gallegos pero sí allanaba en esa jurisdicción. Los abogados de Sanfelice –que intentaban mantener una buena relación con el juez– se negaron.  

El miércoles a última hora, los camaristas Eduardo Freiler y Jorge “Pati” Ballesteros acordaron una posición común sobre el asunto. Si el jueves a primera hora Bonadio no respondía la intimación de la Cámara, era el final. Freiler tiene a Bonadio atragantado desde hace años. No comparte su “estilo”. Bonadio se caracteriza por no dejar que las defensas –en ningún caso– tengan acceso a los expedientes hasta después de las indagatorias a los imputados. Algunos jueces consideran que eso es inconstitucional. Freiler también tiene buena relación con algunos miembros del Gobierno. Ballesteros terminó inclinando la balanza a favor de la familia presidencial.

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Fuentes judiciales aseguraron a PERFIL que Juan Martín Mena –número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE)– y José María Olazagasti –ex secretario de Julio De Vido y ahora miembro de la AFI– jugaron un papel central en acelerar la eyección de Bonadio. La amistad entre Daniel Scioli y el camarista Ballesteros tampoco pasa desapercibida en los tribunales. En el entorno de los camaristas negaron que su decisión haya sido influenciada por miembros del Gobierno.  

El jueves después de las 9 de la mañana, todo se aceleró. Bonadio, al no contestar, les dejó la puerta abierta para que lo echen. Freiler y Ballesteros ordenaron al juzgado bajar el expediente Hotesur al piso dos de los tribunales de Retiro. La secretaria de Bonadio hizo saber que la respuesta del juez sobre la competencia de Río Gallegos estaba escrita y que sólo faltaba la firma. No lo esperaron. En sus votos los camaristas dicen que lo apartan por considerarlo “parcial”. La razón fue que designó peritos como asesores y no volcó esos asesoramientos al expediente. Otros jueces lo hacen y no fueron apartados. La causa nunca volvió al juzgado. Ballesteros y Freiler también votaron que todo lo actuado en la causa desde el 13 de febrero es nulo. Eso incluye allanamientos y recopilación de pruebas clave, como los balances comerciales y los discos rígidos de las empresas de los Kirchner. Fuentes de la Cámara confirmaron a PERFIL que el destino de todo lo secuestrado está en manos del nuevo juez de la causa, Daniel Rafecas. Cuando la familia presidencial pida la devolución de esa prueba, decidirá si deja de formar parte del expediente.