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Las condenas de prisión perpetua fueron para los tenientes coroneles Saint Amant, Ferrero, el mayor Bossié y el suboficial Quintana por delitos perpretrados en San Nicolás, Pergamino, Baradero y San Pedro. Otros represores recibieron penas más bajas.

Rosario 12 | 

 La ciudad de San Nicolás vivió ayer un capítulo inédito en su historia: por primera vez fue sede de una sentencia en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario dio el veredicto sobre los 15 imputados que tuvo esta segunda etapa de la megacausa Saint Amant, titulada así en referencia al teniente coronel a cargo del Area Militar 132, entre 1976 y 1977. En este período se llevaron a cabo la mayoría de los delitos investigados en la causa, que además de San Nicolás, comprende hechos perpetrados en Pergamino, Baradero y San Pedro. Hubo cuatro condenas a prisión perpetua, penas de tres a veinte años para ocho imputados y una absolución que dejó el sabor amargo entre víctimas y familiares.

Sobre la Avenida Presidente Perón, apenas a unos kilómetros del principal acceso a San Nicolás, se encuentra el Instituto Tecnológico Rafael de Aguiar, que en su auditorio "Macacha Güemes" albergó al tribunal rosarino, integrado por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vásquez y José María Escobar Cello, que dictó la sentencia de la megacausa Saint Amant II. Acompañaron la jornada jóvenes de distintas escuelas, organizaciones políticas, sindicales y músicos de la ciudad, que colmaron tanto el interior del auditorio como su exterior en compañía de los familiares y testigos que luego de catorce meses de juicio pudieron escuchar el veredicto.

Las condenas de prisión perpetua fueron para el ex teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, su par Norberto Ferrero, el mayor Antonio Bossié y el suboficial mayor Daniel Fernando Quintana. Mientras tanto el ex comisario Edgardo Mastandrea recibió la pena de veinte años, el ex policía bonaerense Carlos Enrique Rocca fue sentenciado a doce años, el ex oficial principal Roberto Guerrina obtuvo la pena de seis años, al ex comisario Clementino Rojas se le dictaron 4 años y a Juan Alberto González tres años y medio. Los otros imputados, Julio Almada, Miguel Angel Lucero y Luis Antonio Sinigaglia fueron condenados a tres años. El sobreseimiento, por su parte, benefició al ex policía bonaerense Guillermo Miguel Adrover a pesar que la fiscalía a cargo de Federico Reynares Solari había solicitado dieciocho años de prisión. Salvando las cuatro condenas a prisión perpetua, el resto de los imputados recibió penas más bajas de las solicitadas por la fiscalía.

De todos los condenados, sólo Bossié se encuentra detenido en cárcel común arrastrando la condena por la primera etapa de la causa Saint Amant, concluida a fines de 2012. Sobre el resto de los imputados se deberá revisar la situación particular de cada uno teniendo en cuenta los problemas de salud que argumentan sus defensas.

Mas allá del aspecto estrictamente penal, los allegados a la causa destacaron que este proceso dejó en claro el actuar represivo del Area Militar 132 como un precedente para la reparación histórica de la memoria y la verdad contra el terrorismo de Estado. "Lo importante es que se comprobó la ocurrencia de todos los hechos que habían sido traídos a juicio. Cuantitativamente el resultado es importante. En esta causa se vio la represión del Area Militar 132, y todos esos hechos fueron probados", analizó luego de la sentencia el fiscal Reynares Solari.

Por su parte, Juliana Girolimo como querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe destacó: "Es un gran triunfo porque el Tribunal recibió la idea de que las fuerzas actuaron en conjunto y por más que algunas víctimas hayan caído en Capital Federal, se respondía a la lógica militar del área porque la persecución empezaba acá". En este sentido, Girolimo hace referencia a víctimas que fueron asesinadas en Capital Federal, pero como consecuencia del trabajo de inteligencia montado por el área en cuestión.

Por otro lado, el TOF Nº 1 falló a favor de dos solicitudes de la querella cargadas de mayor contenido simbólico, más allá de los aspectos penales de la causa. Por un lado, declaró que se reparen los legajos personales de los soldados conscriptos desaparecidos Gerardo Cámpora, Carlos Farayi y Luis Ceccon, que hasta el momento figuran como "desertores". Además, se confirmó la señalización de la Unidad Regional VII, sede de la Delegación San Nicolás de DIPBA, y del destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, tarea que estará a cargo de la Red Federal de Sitios de Memoria.

Desde la Mesa de la Memoria de San Nicolás y el Encuentro Regional por Memoria y Justicia, José María Budassi, víctima y querellante en la causa, analizó el resultado del proceso demostrando conformidad con las penas a prisión perpetua y algo de disgusto con las penas disminuidas y el sobreseimiento. Sin embargo, destacó los otros aspectos considerados por el Tribunal en relación al legajo de los soldados desaparecidos y la señalización del centro clandestino de detención. "Que la justicia lo tome como propio y lo pida es importante y marca el camino que sigue. Es un día de justicia y reparación histórica", analizó el referente nicoleño. En esta línea, remarcó: "A los fines generales después de diez años en que transcurrió este proceso y catorce meses de juicio oral, lo más importante no es sólo la condena por los delitos penales, sino el acompañamiento que ha tenido el conjunto de la sociedad".