Los accidentes de tránsito que vienen conmocionando desde hace ya tiempo a la provincia (solamente ayer volcaron dos camiones, uno en la autopista a Santa Fe) volvieron a poner en agenda el mal estado de las rutas y, al parecer, reforzado la decisión del gobierno de insistir con su proyecto de ley para crear un gravamen sobre la venta de combustibles, similar al que aplica Córdoba.
Con apenas 32 centavos por litro, el gobierno de Antonio Bonfatti asegura poder intervenir mejorando los 4.500 kilómetros de la red vial provincial, según dijeron distintos funcionarios de la Casa Gris.
La iniciativa espera en la Legislatura desde el mes de marzo. Su envío generó rechazos y adhesiones. Entre los primeros se encuentran algunos senadores y diputados del PJ, no todos, quienes anticiparon que se negarán a tratar el proyecto. Quienes la apoyan dicen que tarde o temprano la ciudadanía reclamará al poder político una decisión para resolver el mal estado de las rutas que a diario se cobra vidas. En un porcentaje no menor de los accidentes, sobre todo los que no involucran a otros vehículos aparte del siniestrado, se considera que el estado de la ruta tuvo incidencia. De los 4.500 kilómetros de rutas que hay Santa Fe, el gobierno admite que unos mil están en pésimo estado y requieren inmediata intervención.
Aporte "razonable". Si bien la opción de endeudarse para afrontar un plan vial intensivo no es algo fuera del alcance de la Casa Gris, es una opción que ha devenido en improbable a partir de la crucial situación financiera argentina disparada por la disputa con los holdouts.
En el oficialismo están convencidos de que 32 centavos por litro expendido es un aporte razonable, tolerable y que más de un santafesino estará dispuesto a conceder a cambio del arreglo de las autovías, carreteras y nudos viales que no se encuentren bajo peaje directo.
A diferencia de Córdoba, donde rigen valores diferenciados, en Santa Fe, de aprobarse la ley, los 32 serán para todos los combustibles, aunque quedará exento el transporte público de pasajeros urbano e interurbano. Si rigiera se estima que se recaudarían unos 700 millones de pesos.
A favor y en contra. Legisladores de la oposición se han manifestado críticos rechazando el proyecto y algunas otras voces se han alzando en ese mismo sentido, como los expendedores de combustibles, quienes temen que ello retraiga las ventas. Algunos políticos, en tanto, dicen que podría tratarse de una doble imposición, pero el gobierno aclara que no alcanzará a rutas concesionadas y que es una tasa, no un impuesto.
No obstante, la Casa Gris volverá a insistir en la necesidad de su tratamiento aunque aún se desconocen los ejes de las negociaciones que deberán abrirse en el escenario legislativo para sumar adhesiones.
Por ahora, la estadística de siniestralidad vial provincial resaltando la necesidad de intervenir de modo urgente en el estado de las rutas parecería jugar a favor de un impulso a la discusión del proyecto del Ejecutivo u otra iniciativa que decida afrontar la situación.
Así las cosas, el gobierno volvió a la carga con su proyecto de una tasa vial, que promete un acalorado debate en la Legislatura de la provincia.
DIARIO UNO.
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