Horas desesperadas se vivieron en la planta de Fabricaciones Rosario, una fábrica de equipos para la industria del GNC que quebró y fue recuperada por los trabajadores. Fue por un intento de desalojo que finalmente se suspendió al cabo de cuatro horas de tensas negociaciones, en las que intervinieron funcionarios nacionales y provinciales.
La Capital |
La orden de desalojo fue dictada por el juez comercial Marcelo Bergia y se pretendió llevar a cabo en las instalaciones de Presidente Perón al 7.400. Allí funciona la planta de Fabricaciones Rosario, una de las más importantes proveedoras de piezas para que equipos de GNC. La firma entró en quiebra el año pasado luego de un largo proceso de deterioro en manos de su último propietario.
En ese marco, 22 trabajadores evitaron el vaciamiento y recuperaron la fábrica. Formaron una cooperativa de trabajo que, con autorización del propio juez Bergia, se puso a cargo del emprendimiento desde mediados del año pasado. "En menos de un año, pagamos las deudas y logramos volver a poner en marcha esta fábrica, que vende válvulas a las principales empresas fabricantes de equipos de GNC, para el mercado interno y la exportación", señaló Héctor Vara, síndico de la cooperativa, mientras junto a los obreros, representantes de otras empresas recuperadas y del movimiento cooperativo aguardaban los resultados de las negociaciones.
En una oficina, el juez Bergia y los abogados de la propietaria negociaban una salida a la situación con el ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis, la diputada nacional Josefina González, el gerente de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, Cristian Recchio, y el delegado regional del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), Esteban Mariño. Un ejército de policías y guardias privados vestidos con uniformes militares le ponían más tensión a la espera.
La movida de funcionarios, legisladores (estuvo también el diputado provincial Eduardo Toniolli) y dirigentes sociales se disparó contrarreloj cuando a las 18.30 de ayer, la policía abrió el portón de entrada por una orden de Bergia. El juez acogió el reclamo de la propietaria del galpón, relacionada con el último administrador de la fábrica, para desalojar a los trabajadores. Una orden similar se había dictado en febrero, aunque luego quedó en suspenso.
Durante los últimos meses, la cooperativa de trabajo conformada por los obreros, con apoyo del gobierno nacional, intentó negociar el pago del alquiler con la propietaria. Mientras, en la Legislatura comenzó a discutirse en comisiones un proyecto de expropiación. Lo cierto es que la presión por el desalojo siguió y ayer escaló a niveles peligrosos, con la irrupción judicial. La llegada de los funcionarios nacionales y del ministro de Justicia de la provincia fue clave para habilitar una instancia de negociación.
Finalmente, tras varias horas de reunión, y en medio de una fuerte tensión, se llegó a un acuerdo: se suspendió el desalojo y la cooperativa pagará 240 mil pesos de alquiler por seis meses. La mitad será depositada en sede judicial la semana próxima, y la otra mitad en agosto. Mientras, buscarán otras localizaciones y organizarán el traslado, lo cual no está exento de problemas de costo y logística debido a la magnitud del equipamiento. "Era fundamental contar con tiempo para no paralizar la fábrica, que está trabajando a full y debe cumplir con los clientes", señalaron los representantes de los trabajadores.
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