Esto podría ocurrir porque los abogados del querellante Rubén Maulín, los letrados José Zaragoza y Lucila Puyol, apelarán una resolución del Tribunal Oral Federal, ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
Télam
El inicio del primer juicio por apropiación ilegal de niños durante la dictadura militar fue fijado para el 13 del corriente podría ser postergado ya que los abogados del querellante Rubén Maulín, los letrados José Zaragoza y Lucila Puyol, anunciaron que apelarán una resolución del Tribunal Oral Federal, ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
De esta manera, es probable que el debate por la apropiación del hijo de Rubén Maulín y Luisa Pratto se postergue hasta que se resuelva dicho incidente.
El tema de la recusación radica en que entre los jueces que integran el TOF, se encuentra Luciano Lauría, a quien la agrupación Hijos ya lo recusó en cuatro juicios al terrorismo de estado por su amistad con el ex juez federal Víctor Brusa, condenado a 21 años de cárcel por apremios ilegales a presos políticos. En dos de ellos, ya había sido apartado.
En esta ocasión sus pares José María Escobar Cello y María Ivón Vella fallaron a su favor y lo ratificaron en el cargo, lo que motivó la apelación ante la Cámara de Casación de parte de los abogados querellantes.
La causa data de 1977, cuando José Luis Segretin fue apropiado por Cecilia Góngora, una de las imputadas en la causa junto con la médica obstetra que asistió el parto, Elsa Gladis Nasatsky, y el ex jefe de Inteligencia de la Brigada Aérea de Reconquista, Danilo Sambuelli.
Todos son enjuiciados por los delitos de sustracción y ocultamiento de menores, supresión del estado civil, y falsedad ideológica de documento público.
Luisa Pratto estaba detenida ilegalmente por miembros de la Brigada Aérea de Reconquista, cuando dio a luz a su hijo en un sanatorio privado de esa ciudad. La internaron con un nombre falso, la obligaron a entregar a su bebé y la amenazaron con que iban a matar a su marido, Rubén Moulín, y a su hermana, ambos secuestrados.
José Luis Segretin hoy tiene 37 años. Fue inscripto en el Registro Civil de Reconquista el 6 de abril de 1977 con una identidad falsa.
También fue fraguada su acta de nacimiento. Su apropiadora fue Cecilia Góngora, una de las imputadas en la causa junto con la médica obstetra que asistió el parto, Elsa Gladis Nasatsky, y el ex jefe de Inteligencia de la Brigada Aérea de Reconquista, Danilo Sambuelli José Luis Segretin vivió con una identidad falsa hasta el 2005, cuando se abrió una causa por lesa humanidad en Santa Fe y,al escuchar la noticia en la radio, se dio cuenta que había miembros de su familia involucrados.
El ya tenía dudas de su identidad, pero fue ahí cuando empezó a la búsqueda de su madre biológica, con la que se reencontró a los 30 años. ôInsistimos en su búsqueda desde el día en que nació y lo separaron de nosotros“, contó Rubén Maulín, en 2009, cuando el análisis genético probó lo que el parecido físico y gestual ya había adelantado, que José Luis es su hijo.
En la instrucción de la causa, se logró deslindar el rol que tuvo cada uno de los acusado en la apropiación. Elsa Nasatsky es la médica que atendió el parto. Tiene un procesamiento confirmado por la Cámara Federal de Resistencia, pero llega al juicio en libertad bajo caución. Cecilia Gongora es quien hizo inscribir el parto como propio y en el certificado de nacido vivo figura como madre del pequeño, al igual que en el acta de nacimiento.
También tiene un procesamiento confirmado por la Cámara Federal de Resistencia y está en libertad bajo caución. Danilo Sambuelli llega a juicio como autor mediato del hecho y está procesado pero con prisión domiciliaria.
Está previsto que en las audiencias declaren 35 testigos.
Posteriormente, hay otros dos juicios previstos para este año en Santa Fe, el primero comenzará el 8 de mayo y juzgará a seis acusados, entre ellos el ex juez Víctor Brusa por su actuación como mano derecha del juez Mántaras durante la dictadura. En 2009, Brusa se convirtió en el primer juez condenado en el país por este tipo de delitos.
El otro juicio tiene fecha para el 11 de agosto con cinco imputados, donde figura el primer interventor de la dictadura en la provincia, el ex coronel José María González, por la desaparición y asesinato de 40 militantes políticos.
El inicio del primer juicio por apropiación ilegal de niños durante la dictadura militar fue fijado para el 13 del corriente podría ser postergado ya que los abogados del querellante Rubén Maulín, los letrados José Zaragoza y Lucila Puyol, anunciaron que apelarán una resolución del Tribunal Oral Federal, ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
De esta manera, es probable que el debate por la apropiación del hijo de Rubén Maulín y Luisa Pratto se postergue hasta que se resuelva dicho incidente.
El tema de la recusación radica en que entre los jueces que integran el TOF, se encuentra Luciano Lauría, a quien la agrupación Hijos ya lo recusó en cuatro juicios al terrorismo de estado por su amistad con el ex juez federal Víctor Brusa, condenado a 21 años de cárcel por apremios ilegales a presos políticos. En dos de ellos, ya había sido apartado.
En esta ocasión sus pares José María Escobar Cello y María Ivón Vella fallaron a su favor y lo ratificaron en el cargo, lo que motivó la apelación ante la Cámara de Casación de parte de los abogados querellantes.
La causa data de 1977, cuando José Luis Segretin fue apropiado por Cecilia Góngora, una de las imputadas en la causa junto con la médica obstetra que asistió el parto, Elsa Gladis Nasatsky, y el ex jefe de Inteligencia de la Brigada Aérea de Reconquista, Danilo Sambuelli.
Todos son enjuiciados por los delitos de sustracción y ocultamiento de menores, supresión del estado civil, y falsedad ideológica de documento público.
Luisa Pratto estaba detenida ilegalmente por miembros de la Brigada Aérea de Reconquista, cuando dio a luz a su hijo en un sanatorio privado de esa ciudad. La internaron con un nombre falso, la obligaron a entregar a su bebé y la amenazaron con que iban a matar a su marido, Rubén Moulín, y a su hermana, ambos secuestrados.
José Luis Segretin hoy tiene 37 años. Fue inscripto en el Registro Civil de Reconquista el 6 de abril de 1977 con una identidad falsa.
También fue fraguada su acta de nacimiento. Su apropiadora fue Cecilia Góngora, una de las imputadas en la causa junto con la médica obstetra que asistió el parto, Elsa Gladis Nasatsky, y el ex jefe de Inteligencia de la Brigada Aérea de Reconquista, Danilo Sambuelli José Luis Segretin vivió con una identidad falsa hasta el 2005, cuando se abrió una causa por lesa humanidad en Santa Fe y,al escuchar la noticia en la radio, se dio cuenta que había miembros de su familia involucrados.
El ya tenía dudas de su identidad, pero fue ahí cuando empezó a la búsqueda de su madre biológica, con la que se reencontró a los 30 años. ôInsistimos en su búsqueda desde el día en que nació y lo separaron de nosotros“, contó Rubén Maulín, en 2009, cuando el análisis genético probó lo que el parecido físico y gestual ya había adelantado, que José Luis es su hijo.
En la instrucción de la causa, se logró deslindar el rol que tuvo cada uno de los acusado en la apropiación. Elsa Nasatsky es la médica que atendió el parto. Tiene un procesamiento confirmado por la Cámara Federal de Resistencia, pero llega al juicio en libertad bajo caución. Cecilia Gongora es quien hizo inscribir el parto como propio y en el certificado de nacido vivo figura como madre del pequeño, al igual que en el acta de nacimiento.
También tiene un procesamiento confirmado por la Cámara Federal de Resistencia y está en libertad bajo caución. Danilo Sambuelli llega a juicio como autor mediato del hecho y está procesado pero con prisión domiciliaria.
Está previsto que en las audiencias declaren 35 testigos.
Posteriormente, hay otros dos juicios previstos para este año en Santa Fe, el primero comenzará el 8 de mayo y juzgará a seis acusados, entre ellos el ex juez Víctor Brusa por su actuación como mano derecha del juez Mántaras durante la dictadura. En 2009, Brusa se convirtió en el primer juez condenado en el país por este tipo de delitos.
El otro juicio tiene fecha para el 11 de agosto con cinco imputados, donde figura el primer interventor de la dictadura en la provincia, el ex coronel José María González, por la desaparición y asesinato de 40 militantes políticos.
El Litoral.
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