En los tribunales de Rosario se va a investigar a un comisario por sus nexos con bandas delictivas de la zona norte de Rosario.
De la redacción de El Litoral
A partir de la declaración de uno de los presos que está alojado en Coronda, acusado de participar en el atentado contra el gobernador Antonio Bonfatti, surgieron nuevos elementos en el marco de la investigación, que apuntan a que el ataque fue organizado por un grupo delictivo juntamente con efectivos policiales de la zona norte para desplazar a un comisario.
Según advirtieron las fuentes judiciales consultadas por El Litoral, el ardid no fue orquestado porque los delincuentes se veían amedrentados por el accionar de este funcionario policial, sino todo lo contrario. “Pedía sumas de dinero exorbitantes”, apuntaron.
Pero además hay fuertes indicios, de acuerdo con el relato en los tribunales de Rosario, de que el comisario investigado “cobraba a los presos alojados en la comisaría 5 mil pesos a cada uno a cambio de certificados de salida transitoria truchos”. “Era una especie de pase para salir a robar. Aparte de este dinero se quedaba con una comisión de lo que robaban”, agregaron.
Toda esta maraña de corrupción está focalizada en la zona norte de Rosario, donde vive el gobernador Antonio Bonfatti, cuyo domicilio en Gallo y Darragueira fue atacado el 11 de octubre pasado por cuatro hombres en moto que realizaron 14 disparos contra el frente de la casa, cuando el mandatario miraba un partido de fútbol en el living.
Complicaciones
En el gobierno provincial quieren esperar a que avance la investigación para tomar una decisión sobre la conducción de esta seccional. El problema es que la causa en la que se investiga el ataque a Bonfatti quedó en el viejo sistema judicial y, con el traspaso de muchos fiscales y jueces al nuevo procedimiento, quedó flotando sin que nadie se haga cargo de la instrucción.
Recién ahora la jueza Alejandra Rodenas tomó el caso, luego de que la cuestionada magistrada María Luisa Pérez Vara presentara su renuncia a fin del año pasado, algo que fue aceptado y ratificado por el propio Bonfatti a través de un decreto.
El caso tampoco tiene fiscal, porque Aníbal Vescovo, titular de la Fiscalía Nº 10, pasó a formar parte del Ministerio Público de la Acusación en el nuevo sistema procesal penal que se puso en marcha el 10 de febrero pasado. Iba a tomar el caso en el ámbito de la Procuración, Carlos Covani, quien está al frente de la Fiscalía Nº 3, pero al final ahora parece que recaerá en la 8º a cargo de Enrique Paz. En el ámbito de la Procuración General de la Corte se acordó que el fiscal de Cámara Guillermo Camporini sea el que dirija la pesquisa. “Hay que empezar a cerrar algunas puntas en la investigación, como la autoría material en el atentado supuestamente a cargo de la banda comandada por Emanuel Sandoval, alias Ema Pimpi. Después será posible avanzar sobre la autoría intelectual”, advirtieron en los tribunales.
Evolución
A mediados de diciembre pasado se produjeron las últimas novedades en la causa. El 17 de diciembre se llevaron adelante siete allanamientos que sumaron cuatro detenidos, entre los que se encontraban dos policías de la Unidad Regional II, que están sospechados de proveer armas a la banda que realizó el 11 de octubre pasado el ataque. Uno de los efectivos quedó en libertad unas horas después.
Entre las viviendas que allanaron efectivos de las TOE estaba la del cabo Luis Alberto Giacone, de 30 años, en Ituzaingó al 5500. En ese lugar, los uniformados incautaron dos armas: la reglamentaria y una 9 milímetros marca Astra con la numeración adulterada. Este efectivo se desempeñaba en la Seccional 10º, que está ubicada a unas diez cuadras de la casa del gobernador y tiene jurisdicción en la zona.
Dos de las personas apresadas son María Elena Pérez, de 45 años, madre de Emanuel Sandoval, quien fue detenido a principios de noviembre en un altercado menor que se produjo en el shopping Portal Rosario, en la zona norte de la ciudad. El cuarto detenido es Lucas Aguirre, de 20 años, que está sospechado de ser uno de los autores materiales del atentado contra Bonfatti aquel 11 de octubre a la noche.
Una de las claves para que la investigación se haya centrado en la pista policial tiene que ver con la detención de Pablo Espíndola, efectivo de la Seccional 10º, el 5 de diciembre pasado.
Este suboficial empezó a ser investigado luego de que el 25 de octubre pasado llegaran a los tribunales y a los medios de comunicación anónimos que indicaban que en la comisaría 10º estaba el arma con la que se había atentado contra el gobernador. La TOE hizo un allanamiento en la seccional y en un patrullero que estaba estacionado en la puerta encontró una pistola 11.25. Pero luego de que se realizaran los peritajes se comprobó que esta arma no era la que se usó la noche del 11 de octubre.
Hipótesis
Los investigadores empezaron a sospechar que los anónimos fueron una maniobra de despiste. Por orden de la Justicia se incautaron computadoras y celulares de todos los efectivos que cumplían funciones en esa dependencia policial. Y a partir de ese momento empezaron a aparecer vinculaciones de Espíndola con un grupo violento de la zona norte de Rosario, que estaría liderado por Ema Pimpi. Este grupo que se autodenomina Generación 2000 se dedica a “apretar y matar” gente a cambio de dinero.
Con el avance de la investigación, en la Justicia creen que Espíndola no sólo colaboraba con esta banda sino que formaba parte de ella. Era conocido como el “rompehuesos”, contó a una fuente de la TOE.
En la causa por el ataque contra la casa del gobernador hay nueve detenidos. A los cuatro apresados a mediados de diciembre se suman Espíndola, Emanuel Sandoval, Manuel Martínez, barrabrava de Newell’s; Germán “Papaíno” Ramírez, quien cuenta con antecedentes penales por homicidios y a quien se le secuestró una pistola calibre 9 milímetros, y Saúl Sánchez, acusado después de la declaración de un testigo indirecto y por datos que revelan su estrecho vínculo con los otros detenidos
Según advirtieron las fuentes judiciales consultadas por El Litoral, el ardid no fue orquestado porque los delincuentes se veían amedrentados por el accionar de este funcionario policial, sino todo lo contrario. “Pedía sumas de dinero exorbitantes”, apuntaron.
Pero además hay fuertes indicios, de acuerdo con el relato en los tribunales de Rosario, de que el comisario investigado “cobraba a los presos alojados en la comisaría 5 mil pesos a cada uno a cambio de certificados de salida transitoria truchos”. “Era una especie de pase para salir a robar. Aparte de este dinero se quedaba con una comisión de lo que robaban”, agregaron.
Toda esta maraña de corrupción está focalizada en la zona norte de Rosario, donde vive el gobernador Antonio Bonfatti, cuyo domicilio en Gallo y Darragueira fue atacado el 11 de octubre pasado por cuatro hombres en moto que realizaron 14 disparos contra el frente de la casa, cuando el mandatario miraba un partido de fútbol en el living.
Complicaciones
En el gobierno provincial quieren esperar a que avance la investigación para tomar una decisión sobre la conducción de esta seccional. El problema es que la causa en la que se investiga el ataque a Bonfatti quedó en el viejo sistema judicial y, con el traspaso de muchos fiscales y jueces al nuevo procedimiento, quedó flotando sin que nadie se haga cargo de la instrucción.
Recién ahora la jueza Alejandra Rodenas tomó el caso, luego de que la cuestionada magistrada María Luisa Pérez Vara presentara su renuncia a fin del año pasado, algo que fue aceptado y ratificado por el propio Bonfatti a través de un decreto.
El caso tampoco tiene fiscal, porque Aníbal Vescovo, titular de la Fiscalía Nº 10, pasó a formar parte del Ministerio Público de la Acusación en el nuevo sistema procesal penal que se puso en marcha el 10 de febrero pasado. Iba a tomar el caso en el ámbito de la Procuración, Carlos Covani, quien está al frente de la Fiscalía Nº 3, pero al final ahora parece que recaerá en la 8º a cargo de Enrique Paz. En el ámbito de la Procuración General de la Corte se acordó que el fiscal de Cámara Guillermo Camporini sea el que dirija la pesquisa. “Hay que empezar a cerrar algunas puntas en la investigación, como la autoría material en el atentado supuestamente a cargo de la banda comandada por Emanuel Sandoval, alias Ema Pimpi. Después será posible avanzar sobre la autoría intelectual”, advirtieron en los tribunales.
Evolución
A mediados de diciembre pasado se produjeron las últimas novedades en la causa. El 17 de diciembre se llevaron adelante siete allanamientos que sumaron cuatro detenidos, entre los que se encontraban dos policías de la Unidad Regional II, que están sospechados de proveer armas a la banda que realizó el 11 de octubre pasado el ataque. Uno de los efectivos quedó en libertad unas horas después.
Entre las viviendas que allanaron efectivos de las TOE estaba la del cabo Luis Alberto Giacone, de 30 años, en Ituzaingó al 5500. En ese lugar, los uniformados incautaron dos armas: la reglamentaria y una 9 milímetros marca Astra con la numeración adulterada. Este efectivo se desempeñaba en la Seccional 10º, que está ubicada a unas diez cuadras de la casa del gobernador y tiene jurisdicción en la zona.
Dos de las personas apresadas son María Elena Pérez, de 45 años, madre de Emanuel Sandoval, quien fue detenido a principios de noviembre en un altercado menor que se produjo en el shopping Portal Rosario, en la zona norte de la ciudad. El cuarto detenido es Lucas Aguirre, de 20 años, que está sospechado de ser uno de los autores materiales del atentado contra Bonfatti aquel 11 de octubre a la noche.
Una de las claves para que la investigación se haya centrado en la pista policial tiene que ver con la detención de Pablo Espíndola, efectivo de la Seccional 10º, el 5 de diciembre pasado.
Este suboficial empezó a ser investigado luego de que el 25 de octubre pasado llegaran a los tribunales y a los medios de comunicación anónimos que indicaban que en la comisaría 10º estaba el arma con la que se había atentado contra el gobernador. La TOE hizo un allanamiento en la seccional y en un patrullero que estaba estacionado en la puerta encontró una pistola 11.25. Pero luego de que se realizaran los peritajes se comprobó que esta arma no era la que se usó la noche del 11 de octubre.
Hipótesis
Los investigadores empezaron a sospechar que los anónimos fueron una maniobra de despiste. Por orden de la Justicia se incautaron computadoras y celulares de todos los efectivos que cumplían funciones en esa dependencia policial. Y a partir de ese momento empezaron a aparecer vinculaciones de Espíndola con un grupo violento de la zona norte de Rosario, que estaría liderado por Ema Pimpi. Este grupo que se autodenomina Generación 2000 se dedica a “apretar y matar” gente a cambio de dinero.
Con el avance de la investigación, en la Justicia creen que Espíndola no sólo colaboraba con esta banda sino que formaba parte de ella. Era conocido como el “rompehuesos”, contó a una fuente de la TOE.
En la causa por el ataque contra la casa del gobernador hay nueve detenidos. A los cuatro apresados a mediados de diciembre se suman Espíndola, Emanuel Sandoval, Manuel Martínez, barrabrava de Newell’s; Germán “Papaíno” Ramírez, quien cuenta con antecedentes penales por homicidios y a quien se le secuestró una pistola calibre 9 milímetros, y Saúl Sánchez, acusado después de la declaración de un testigo indirecto y por datos que revelan su estrecho vínculo con los otros detenidos
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