Lo dijo el secretario de Estado del Hábitat, Gustavo Leone, sobre el proceso de recuperación de las viviendas usurpadas en el norte de la Ciudad de Santa Fe, en el Barrio Santa Rita II. Ayer hubo una movilización a la Casa Gris.
Desde el gobierno provincial reiteraron que avanzarán con la recuperación de las viviendas usurpadas en el barrio Santa Rita II. El secretario de Estado del Hábitat Gustavo Leone explicó: “Agotaremos todas las instancias de diálogo previo a cualquier desalojo por vía de la fuerza pública, por ello llamamos a las familias para que se acerquen, planteen su situación y tengan confianza de que serán escuchados y atendidos, cada uno en función de su problema, pero siempre sobre la premisa del recupero de las viviendas”.
“El gobierno avanza en el cumplimiento de la sentencia que permitirá la recuperación de las viviendas, siempre preservando las condiciones de seguridad de los vecinos, los trabajadores y los derechos de los más vulnerables por sobre todas las cosas”, añadió el funcionario, quien recalcó que la relación entre el Ejecutivo y los ocupantes de las viviendas será “directa, sin intermediarios ni negociadores”.
En particular, Leone apuntó al líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) Sebastián Saldaña, a quien acusó de “llevar a un grupo de gente con necesidades reales a la informalidad e ilegalidad”.
“Saldaña es un vendedor de ilusiones, que ha llevado a todo un grupo con necesidades reales y concretas a la informalidad y la ilegalidad. Pero no sólo eso, envuelve tras su discurso altruista una actitud mercantil y ruin. Hoy se presenta nuevamente como el defensor de los derechos de los damnificados, pero no tiene más que intencionalidad política y económica”.
Gran parte de las familias relevadas el jueves pasado son diferentes a las que estaban en abril de 2012 y la mayor parte de ellas dice haber pagado para tener esta vivienda con valores que van desde los 500 a los 15 mil pesos.
“Nos preguntamos qué pasó con aquellos que ocuparon el plan por abril de 2012 para resolver su problema de falta de vivienda, invocando su necesidad como fundamento de la usurpación. Nos preguntamos cuántas de estas ventas de viviendas habrán ido a parar al bolsillo de Saldaña, o al funcionamiento de su organización o a los honorarios del abogado que supo dilatar la sentencia judicial por más de un año”, agregó.
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