La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) señaló que en la Argentina la libertad de prensa está "seriamente deteriorada". Y mencionó la "pauta oficial", la "cooptación" de medios, la "autocensura" y las "represalias", entre las que incluyó el "boicot publicitario", como los métodos utilizados para condicionar la libertad de expresión.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) señaló hoy que en la Argentina la libertad de prensa está "seriamente deteriorada" porque "informar, opinar, criticar e investigar al Gobierno es asumir el riesgo de la persecución estatal".
La entidad que nuclea a los editores de diarios dijo que, entre otros, los métodos que se utilizan para condicionar la libertad de expresión son la "pauta oficial", la "cooptación" de medios, la "autocensura" y las "represalias", entre las que incluyó el "boicot publicitario" que sufren los diarios Clarín, La Nación, Perfil y El Cronista, entre otros, "instigado por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno".
Entre los modos de presión, el Informe también marcó que "existen funcionarios nacionales y en algunos casos también locales que recurren de manera corriente a la calumnia y la difamación contra editores, llevan adelante campañas estigmatizantes y señalamientos públicos contra periodistas y otros ciudadanos que se atreven a expresar una opinión diferente a la oficial".
ADEPA dio a conocer el Informe que la Comisión de Libertad de Prensa durante la Asamblea Anual que se lleva a cabo en la ciudad de Bolívar (Buenos Aires), en el que puntualizó que el Gobierno "sustituye las conferencias de prensa por entrevistas a medida o emplea reiteradas cadenas audiovisuales para un discurso pretendidamente liberador".
En el comienzo de las conclusiones la entidad expresó que "la libertad de expresión no implica sólo poder decir lo que se piensa", sino que implica "poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Y, además, que existan medios donde poder ejercerla. Esa libertad, así concebida, es la que está en riesgo en la Argentina", denunció. "Porque hoy informar, opinar, criticar e investigar al Gobierno es asumir el riesgo de la persecución estatal y de la inviabilidad de los medios que la ejercen", agregó el Informe.
Según consideró ADEPA, "los ataques a la prensa, la intolerancia ante voces disidentes y la dilación permanente a sancionar una ley de acceso a la información pública cuestionan dos principios básicos del sistema democrático: los derechos de los ciudadanos a expresarse sin represalias y a controlar los actos de gobierno".
En cuanto a las formas, la entidad señaló que "los representantes de gobiernos que cuentan con extraordinarios recursos económicos que, como hace muchas décadas, no administraban los gestores de la cosa pública y con contrapesos republicanos debilitados o neutralizados", suelen afirmar que "el verdadero poder no lo tienen los gobiernos sino los medios".
Al respecto, opinó que "esa postulación es funcional a la implementación abusiva de dispositivos fiscalizadores o reguladores para los medios, aplicados por quienes, de acuerdo a la lógica de nuestras constituciones democráticas, deberían ser fiscalizados".
Por último, precisó que "con el escenario descripto es difícil sostener que se atraviesa el mejor momento para la libertad de prensa". "El solo hecho de que esa idea pueda ser esbozada, sin que se la interprete como una ironía feroz e inadmisible, indica que la salud de esa libertad está seriamente deteriorada", finalizó el Informe.
La entidad que nuclea a los editores de diarios dijo que, entre otros, los métodos que se utilizan para condicionar la libertad de expresión son la "pauta oficial", la "cooptación" de medios, la "autocensura" y las "represalias", entre las que incluyó el "boicot publicitario" que sufren los diarios Clarín, La Nación, Perfil y El Cronista, entre otros, "instigado por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno".
Entre los modos de presión, el Informe también marcó que "existen funcionarios nacionales y en algunos casos también locales que recurren de manera corriente a la calumnia y la difamación contra editores, llevan adelante campañas estigmatizantes y señalamientos públicos contra periodistas y otros ciudadanos que se atreven a expresar una opinión diferente a la oficial".
ADEPA dio a conocer el Informe que la Comisión de Libertad de Prensa durante la Asamblea Anual que se lleva a cabo en la ciudad de Bolívar (Buenos Aires), en el que puntualizó que el Gobierno "sustituye las conferencias de prensa por entrevistas a medida o emplea reiteradas cadenas audiovisuales para un discurso pretendidamente liberador".
En el comienzo de las conclusiones la entidad expresó que "la libertad de expresión no implica sólo poder decir lo que se piensa", sino que implica "poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Y, además, que existan medios donde poder ejercerla. Esa libertad, así concebida, es la que está en riesgo en la Argentina", denunció. "Porque hoy informar, opinar, criticar e investigar al Gobierno es asumir el riesgo de la persecución estatal y de la inviabilidad de los medios que la ejercen", agregó el Informe.
Según consideró ADEPA, "los ataques a la prensa, la intolerancia ante voces disidentes y la dilación permanente a sancionar una ley de acceso a la información pública cuestionan dos principios básicos del sistema democrático: los derechos de los ciudadanos a expresarse sin represalias y a controlar los actos de gobierno".
En cuanto a las formas, la entidad señaló que "los representantes de gobiernos que cuentan con extraordinarios recursos económicos que, como hace muchas décadas, no administraban los gestores de la cosa pública y con contrapesos republicanos debilitados o neutralizados", suelen afirmar que "el verdadero poder no lo tienen los gobiernos sino los medios".
Al respecto, opinó que "esa postulación es funcional a la implementación abusiva de dispositivos fiscalizadores o reguladores para los medios, aplicados por quienes, de acuerdo a la lógica de nuestras constituciones democráticas, deberían ser fiscalizados".
Por último, precisó que "con el escenario descripto es difícil sostener que se atraviesa el mejor momento para la libertad de prensa". "El solo hecho de que esa idea pueda ser esbozada, sin que se la interprete como una ironía feroz e inadmisible, indica que la salud de esa libertad está seriamente deteriorada", finalizó el Informe.
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