Cada norma tiene efectos más allá de los márgenes del texto. La Ley de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, sancionada en marzo de este año, fue el primer paso en la regulación de una labor que, durante años, parecía invisible. Ayer, en Córdoba, un fiscal tomó una decisión sin precedentes, al imputar por los delitos de extorsión y privación ilegítima de la libertad a Teresa Beatriz Nourikhan, una mujer acusada de maltratar a su empleada de origen peruano y forzarla a renunciar bajo la amenaza de quedarse con su pasaporte. "Esta medida inaugura una etapa de respeto a la dignidad de las trabajadoras y también hacia los hermanos de otros países. Es una condena a nuestra propia xenofobia", reflexionó Gustavo Núñez, abogado querellante.
"Ella me acusó de robarle 300 pesos. Vino a mi cuarto, tomó mi bolso, me tiró las pertenencias y me retuvo el documento. Me gritó y me dijo ladrona, mentirosa, caradura, sinvergüenza, que iba a llamar a la policía. Como yo no hacía nada, me llevó a la pieza, me revisó los bolsillos y me hizo sacar las zapatillas. Me dijo que me quite la remera, el corpiño. Me bajó los pantalones. Me tocó para buscarme si tenía la plata en la bombacha. Y al final, estaba en el placard de los hijos. Yo le dije en ese momento que la iba a denunciar y, burlándose, me contestó: '¿Qué pruebas tenés?'", relató a Tiempo Argentino B., que llegó al país en 2011, junto a sus dos hijos.
Según pudo constatar el fiscal, la empleadora luego llevó a B. al correo, la obligó a firmar la renuncia, la condujo hasta la puerta de la casa y arrojó todas sus pertenencias a la calle. Con esos datos, se decidió la detención de Nourikhan, en su domicilio en un barrio cerrado cordobés, por ser madre de un niño menor de cinco años.
El abogado defensor, Carlos Hairabedian, aseguró que todo es falso, que se trató de "los típicos problemas que suelen suscitar las relaciones entre dos mujeres con comportamientos, modos de vida y estilos de conducta distintos" y que Nourikhan la acompañó en el automóvil "porque la chica no sabe desenvolverse sola en la ciudad".
En el Sindicato de Personal de Casas de Familia de Córdoba festejaron la decisión del fiscal como un hecho histórico. "Tenemos muchísimas denuncias de este tipo. Entre este año y el pasado, recibimos diez relatos de golpes y patadas. Hace poco llegó una mujer con una piña en el ojo, el empleador la acusó de tender mal la cama. Pero nunca pudimos hacer nada en el fuero penal, no teníamos derechos. Para nosotros esto es demasiado grande. En 50 años que va a cumplir el sindicato, esta es la primera vez que podemos hacer justicia", expresó Nélida Sosa, secretaria general del Sinpecaf.
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