El Senado provincial dio media sanción al proyecto para dejar en manos de la justicia de Santa Fe la competencia sobre aquellas acciones vinculadas a la venta minorista de estupefacientes. "Si cerramos los kioscos de venta, la empresa o gran fábrica se resentirá", dijo el autor de la iniciativa, el Senador Eduardo Rosconi.
A contramano de las recomendaciones que suele hacer la Nación y también de lo que piensa el gobierno provincial, la Cámara de Senadores de Santa Fe dio media sanción a un proyecto que propone traspasar al ámbito de la Justicia provincial las causas de “narcomenudeo”.
Se trata de una adhesión a la ley nacional Nº 26.052, con lo cual los Tribunales provinciales tendrían que asumir bajo su competencia los delitos previstos y penados en la ley de estupefacientes Nº 23.737 y sus modificatorias. No es la primera vez que la provincialización de los delitos de venta minorista de estupefacientes es materia de debate, aunque en esta oportunidad la Legislatura dio un paso muy firme en ese sentido.
El autor de la iniciativa, el senador Eduardo Rosconi (PJ-Caseros) argumentó sobre la importancia de “desfederalizar los delitos vinculados con la venta y distribución de estupefacientes en menor cuantía”.
Para el legislador, “siendo de competencia de la Justicia provincial aquellas acciones delictivas donde se comercie, entregue, suministre y facilite drogas fraccionadas en dosis destinadas directamente al consumo”, se podrá “cortar el camino de la venta de droga y buscar a los adictos para recuperarlos, no para meterlos presos”. La propuesta establece que para poner en marcha el cambio “el Poder Ejecutivo gestionará, de conformidad al artículo 5º de la ley nacional Nº 26.052, la transferencia a la provincia de Santa Fe de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia”. Y que “la presente ley entrará en vigencia a los 180 días de su aprobación”.
“El objetivo ha sido, sin duda, posibilitar una mejor persecución de los delitos relativos al tráfico ilegal de sustancias estupefacientes, tratando de abarcar todo el circuito económico del tráfico ilícito. En tal sentido, se optó por dejar en la jurisdicción federal los delitos más graves, que son aquellos que exigen una cierta organización o que forman parte de la cadena del tráfico ilícito, permitiendo el juzgamiento de los delitos de tráfico en menor escala a las justicias provinciales que adhieran a la ley 26.052”, explicó Rosconi.
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