El titular de Vialidad, Juan José Bertero, justificó el incremento del 60 % autorizado al corredor 9. Dijo que las cuentas del concesionario siguen sin cerrar, aunque ya discuten una prórroga contractual con nuevas cláusulas. Entre ellas, la exigencia de que los gastos operativos no superen el 40% de la recaudación y una fórmula para determinar la tarifa automáticamente.
El gobierno de Antonio Bonfatti termina de autorizar un nuevo aumento de tarifas en las rutas provinciales concesionadas, y con ello ratificó el cuestionado -y para muchos, fracasado- sistema de peajes en la provincia. Ya había concedido el “permiso” para aumentar a los corredores 4 -Ruta Provincial 18- y 6 -Ruta Nro. 14-, en el sur de la provincia, y en las últimas horas lo concedió también para el corredor vial Nro. 9, integrado por las Rutas 70 y 6, que atraviesan básicamente los departamentos Las Colonias y Castellanos.
El aumento supera el sesenta por ciento. De esta forma, la tarifa subirá de 2,50 a cuatro pesos a partir de abril. El corredor tiene una extensión de 173 kilómetros, y es administrado por una UTE integrada por todos los municipios y comunas de las localidades ubicadas a la vera de las rutas mencionadas.
Consultado por El Litoral, el administrador provincial de Vialidad, Juan José Bertero, explicó que el incremento se otorgó a partir de un pedido de la concesionaria.
“Hicieron una propuesta para ir a cuatro pesos y la aceptamos, teniendo en cuenta los argumentos que nos dieron, y considerando que existía un período bastante prolongado en el que no se produjeron aumentos de la tarifa mientras que sí habían aumento considerablemente los insumos para el mantenimiento de las rutas”, dijo. Y justificó aclarando que “este incremento es muy posterior al que se dio con otros peajes de rutas nacionales”.
Renegociación
El sistema de concesiones en rutas provinciales, originado en 1994 por una ley sancionada durante la gestión de Carlos Reutemann, ha cosechado innumerables críticas por su falta de resultados. Aquella ley -Nro. 11.204- planteaba como objetivos de la concesión la “construcción, administración, conservación, reparación, mantenimiento o ampliación de obras viales”. Pero los resultados fueron pésimos. Las obras nunca llegaron, y en los últimos tiempos, hasta el desmalezado y limpieza de banquinas se han convertido casi en una excepción.
Cuando Hermes Binner autorizaba en 2011 el último incremento de tarifas, admitía públicamente que el sistema “heredado” había que “revisarlo” porque en la práctica, los números apenas alcanzaban para pagar los sueldos.
Pero desde entonces, no hubo cambios. Ayer, Bertero reconoció que las cuentas del corredor 9 siguen sin cerrar (ver El Dato). De todos modos, adelantó que negocian con la UTE una prórroga del contrato por otro siete años. Eso sí: replantearán condiciones e incluirán nuevas exigencias para el prestador.
“El contrato vence en 2015, pero estamos discutiendo adelantar el vencimiento para este año, y prorrogarlo por siete años más con la inclusión de algunas condiciones para mejorar el servicio. Entre esas cláusulas, incorporamos la exigencia de que se empiecen a acotar los gastos operativos del corredor y que no superen el 40% de lo que recaudan por peaje”, explicó.
También mencionó que se estudia la inclusión de “una fórmula científica para determinar de manera automática” el valor del peaje (algo similar a lo que sucede con la tarifa del transporte público de pasajeros), y que después sea el poder político el que toma la decisión final.
“Además -dijo-, pensamos en la instalación de cabinas móviles para mejorar la recaudación y ya hemos resuelto que este año (a diferencia de los anteriores) no vamos a entregar subsidios a los corredores, sino que el dinero tendrá como fin comprar máquinas para reparar rutas. Estas cosas son las que estamos proponiendo al Corredor Nueve para adelantar la renovación del convenio”.
Ratificación
Bertero ratificó, entonces, la vigencia del sistema de concesión, aunque con los replanteos enumerados.
“Si estamos renovando contratos es porque ratificamos el modelo, pero dentro de esta nueva mirada que estamos aportando. Creemos que el nuevo régimen de concesiones es importante a los fines del mantenimiento de las rutas. Hoy -admitió-, Vialidad tiene una situación de debilidad que no nos permite atender todos los corredores. Pero si vemos que hay un trabajo de cooperación para que los equipos que tienen las concesiones pueden venir a apoyar a Vialidad, nos interesa para aumentar nuestra capacidad de trabajo. En este marco -insistió-, consideramos que las concesiones pueden ser útiles, pero no sólo para que el concesionario se haga cargo, sino con un estado presente en el marco de cooperación”.
Corredor 9
Juan José Bertero aseguró que la situación financiera del Corredor de las Rutas 70 y 6 es delicada. “Ellos pagan IVA, cosa que no sucede con los demás corredores, y tienen fuertes erogaciones por lo que se hace complicado el equilibrio de las cuentas”, aseguró el titular de la Administración Provincial de Vialidad.
Fracaso también en rutas nacionales
A principios de este año, el diputado nacional santafesino Carlos Comi (CC-ARI) presentó un proyecto de ley para eliminar el sistema de peajes, también en las rutas nacionales. La iniciativa plantea declarar “extinguido el sistema de financiación de obras públicas para la construcción, conservación y explotación de obras de infraestructura vial mediante el cobro de tarifas o mediante el sistema de pago de peajes en todo el territorio nacional”. Además, establece la prohibición de aplicar nuevos aumentos de tarifas, el pase a planta de Vialidad Nacional de todos los trabajadores afectados, y un relevamiento de la Dirección Nacional de Vialidad de los corredores para determinar el nivel de cumplimiento de los contratos.
El legislador pretende someter a debate un sistema con más de 20 años de historia al que considera “inadecuado” para nuestro país.
El aumento supera el sesenta por ciento. De esta forma, la tarifa subirá de 2,50 a cuatro pesos a partir de abril. El corredor tiene una extensión de 173 kilómetros, y es administrado por una UTE integrada por todos los municipios y comunas de las localidades ubicadas a la vera de las rutas mencionadas.
Consultado por El Litoral, el administrador provincial de Vialidad, Juan José Bertero, explicó que el incremento se otorgó a partir de un pedido de la concesionaria.
“Hicieron una propuesta para ir a cuatro pesos y la aceptamos, teniendo en cuenta los argumentos que nos dieron, y considerando que existía un período bastante prolongado en el que no se produjeron aumentos de la tarifa mientras que sí habían aumento considerablemente los insumos para el mantenimiento de las rutas”, dijo. Y justificó aclarando que “este incremento es muy posterior al que se dio con otros peajes de rutas nacionales”.
Renegociación
El sistema de concesiones en rutas provinciales, originado en 1994 por una ley sancionada durante la gestión de Carlos Reutemann, ha cosechado innumerables críticas por su falta de resultados. Aquella ley -Nro. 11.204- planteaba como objetivos de la concesión la “construcción, administración, conservación, reparación, mantenimiento o ampliación de obras viales”. Pero los resultados fueron pésimos. Las obras nunca llegaron, y en los últimos tiempos, hasta el desmalezado y limpieza de banquinas se han convertido casi en una excepción.
Cuando Hermes Binner autorizaba en 2011 el último incremento de tarifas, admitía públicamente que el sistema “heredado” había que “revisarlo” porque en la práctica, los números apenas alcanzaban para pagar los sueldos.
Pero desde entonces, no hubo cambios. Ayer, Bertero reconoció que las cuentas del corredor 9 siguen sin cerrar (ver El Dato). De todos modos, adelantó que negocian con la UTE una prórroga del contrato por otro siete años. Eso sí: replantearán condiciones e incluirán nuevas exigencias para el prestador.
“El contrato vence en 2015, pero estamos discutiendo adelantar el vencimiento para este año, y prorrogarlo por siete años más con la inclusión de algunas condiciones para mejorar el servicio. Entre esas cláusulas, incorporamos la exigencia de que se empiecen a acotar los gastos operativos del corredor y que no superen el 40% de lo que recaudan por peaje”, explicó.
También mencionó que se estudia la inclusión de “una fórmula científica para determinar de manera automática” el valor del peaje (algo similar a lo que sucede con la tarifa del transporte público de pasajeros), y que después sea el poder político el que toma la decisión final.
“Además -dijo-, pensamos en la instalación de cabinas móviles para mejorar la recaudación y ya hemos resuelto que este año (a diferencia de los anteriores) no vamos a entregar subsidios a los corredores, sino que el dinero tendrá como fin comprar máquinas para reparar rutas. Estas cosas son las que estamos proponiendo al Corredor Nueve para adelantar la renovación del convenio”.
Ratificación
Bertero ratificó, entonces, la vigencia del sistema de concesión, aunque con los replanteos enumerados.
“Si estamos renovando contratos es porque ratificamos el modelo, pero dentro de esta nueva mirada que estamos aportando. Creemos que el nuevo régimen de concesiones es importante a los fines del mantenimiento de las rutas. Hoy -admitió-, Vialidad tiene una situación de debilidad que no nos permite atender todos los corredores. Pero si vemos que hay un trabajo de cooperación para que los equipos que tienen las concesiones pueden venir a apoyar a Vialidad, nos interesa para aumentar nuestra capacidad de trabajo. En este marco -insistió-, consideramos que las concesiones pueden ser útiles, pero no sólo para que el concesionario se haga cargo, sino con un estado presente en el marco de cooperación”.
Corredor 9
Juan José Bertero aseguró que la situación financiera del Corredor de las Rutas 70 y 6 es delicada. “Ellos pagan IVA, cosa que no sucede con los demás corredores, y tienen fuertes erogaciones por lo que se hace complicado el equilibrio de las cuentas”, aseguró el titular de la Administración Provincial de Vialidad.
Fracaso también en rutas nacionales
A principios de este año, el diputado nacional santafesino Carlos Comi (CC-ARI) presentó un proyecto de ley para eliminar el sistema de peajes, también en las rutas nacionales. La iniciativa plantea declarar “extinguido el sistema de financiación de obras públicas para la construcción, conservación y explotación de obras de infraestructura vial mediante el cobro de tarifas o mediante el sistema de pago de peajes en todo el territorio nacional”. Además, establece la prohibición de aplicar nuevos aumentos de tarifas, el pase a planta de Vialidad Nacional de todos los trabajadores afectados, y un relevamiento de la Dirección Nacional de Vialidad de los corredores para determinar el nivel de cumplimiento de los contratos.
El legislador pretende someter a debate un sistema con más de 20 años de historia al que considera “inadecuado” para nuestro país.
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