El edificio se asentaría sobre un terreno de dos hectáreas en la zona norte que deberá albergar todos los juzgados, fiscalías, salas de audiencias y demás reparticiones federales que hoy funcionan desperdigadas en la ciudad.
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El Ejecutivo municipal envió al Concejo el proyecto de ordenanza para habilitar la construcción de una nueva sede de los tribunales federales en Rosario. La propuesta apunta a un edificio de 15 mil metros cuadrados que se erigiría entre avenida Alberdi, Junín y Canning, entre la delegación del Ministerio de Educación y las oficinas de Nuevo Central Argentino. Por lo tanto, la Justicia nacional se mudaría del tradicional palacete de bulevar Oroño al 900, de las dependencias de Entre Ríos al 400, al 700 y de la fiscalía que funciona en Pueyrredón al 100.
La iniciativa tiene un par de años de elucubración y el impulso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con la remisión que hizo la Secretaría de Planeamiento del permiso municipal, falta que el Concejo apruebe para que el Ministerio de Justicia llame a licitación.
"El proyecto es muy viable y se consensuó con el Ministerio de Justicia. La obra imprimiría una nueva dinámica a la zona", calificó Pablo Barese, secretario de Planeamiento. El edificio se asentaría sobre un terreno de dos hectáreas que deberá albergar todos los juzgados, fiscalías, salas de audiencias y demás reparticiones que hoy funcionan desperdigadas en la ciudad.
El proyecto de ordenanza entró el lunes al Concejo, tal como había anunciado la intendenta Mónica Fein en la apertura de sesiones. Implica modificar la norma urbanística que hoy limita nuevas construcciones en esa zona del parque Scalabrini Ortiz.
La parcela pertenece al Poder Judicial de la Nación, que lo adquirió a la Administración de Infraestructura Ferroviaria estatal (Adif). Se preservarán construcciones de valor patrimonial.
En la Municipalidad apuestan a que el emprendimiento contribuya a descentralizar el tránsito vehicular y generar otro polo urbano que sume al Shopping Alto Rosario y los complejos edilicios de la zona.
El plan surge por la necesidad de la Dirección de Infraestructura del Consejo de la Magistratura nacional, puesto que hoy no cuenta con espacio suficiente para las actividades que tienen lugar entre la Cámara, tribunales orales y juzgados federales.
Las sedes de bulevar Oroño y de calle Entre Ríos 730 están catalogados como bienes de patrimonio arquitectónico. El primero, por su carácter simbólico e histórico, seguiría funcionando en el fuero federl aunque con un perfil más institucional, señalaron.
"Será importante para la Justicia Federal y para la ciudad, porque estos edificios emblemáticos traccionan mejoras al barrio, al entorno, y provocan la transformación urbana", ponderó el secretario de Gobierno, Fernando Asegurado.
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