El Ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, detalló los planes de reestructuración en la fuerza, tras los cambios en la cúpula policial. Crearán centros de denuncia con personal civil, que serán autónomos de las comisarías. Empezarán a implementar los ascensos por concurso. Pondrán en marcha una policía comunitaria. El funcionario dijo que este año se incorporarán unos 1.300 nuevos agentes.
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Luego del recambio de la cúpula de la jefatura de Policía, con la designación de Omar Odriozola en reemplazo de Cristián Sola, el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, aseguró que se iniciará “una reestructuración de fondo” en la Policía. Después de una semana complicada para las nuevas autoridades policiales, que 24 horas después de asumir se toparon con tres crímenes, el ministro de Seguridad explicó en diálogo con El Litoral por dónde pasará la reforma que se viene en la Policía.
Lamberto consideró que “los cambios actuales, y los que se formulen en el período, apuntan a una fuerza más capacitada y profesional”. Y sostuvo que en breve comenzará a implementarse la reestructuración que anunció el gobernador a fines de noviembre pasado. Se esperará a que a fines de febrero terminen de producirse los cambios en las jefaturas que ya estaban previstos al cumplir más de 15 jefes, los 30 años de servicio. A partir del recambio generacional se iniciará el proceso de creación de cinco áreas territoriales, que nuclearán a las 19 unidades regionales actuales. Se conformará además una dirección de investigaciones, que será autónoma de las regionales. Lamberto señaló que esta reestructuración “será progresiva”. Se iniciará en los departamentos General López y General Obligado y que después continuará en el resto del territorio provincial. “Hay que diagramar toda la logística y la nueva operatividad de estas áreas”, apuntó el funcionario. Otro engranaje fundamental según el ministro- que pondrá en marcha será los ascensos del personal policial por concurso. De esa manera se romperá con la antigua tradición de que sólo el paso del tiempo era la única manera de escalar dentro de la fuerza. A los jefes policiales se les exigirá la realización de cursos y capacitación para poder presentarse a los concursos (los de mayor jerarquía serán orales), cuyo jurado serán representantes del Ministerio de Seguridad, un policía de dirección de jerarquía superior a la del postulante a propuesta del jefe de Policía, un funcionario de la cartera de Educación, un representante del Poder Judicial designado por la Corte Suprema de Justicia, un representante del área de Derechos Humanos y un policía en actividad elegido entre sus pares.
Sin tareas administrativas
El ministro de Seguridad explicó que se prevé que tres áreas que hoy dependen de la Jefatura de Policía, como “Sumarios, Logística y Personal”, pasen a depender del Ministerio de Seguridad. La idea es que esas tareas las realice personal administrativo y que los efectivos que estaban a cargo de esas funciones pasen a cumplir labores propias de un policía. Con la mira en sumar efectivos a la calle se pondrán en marcha este año, según contó el ministro, los denominados Centros de Denuncia que funcionarán con personal civil especializado fuera de las comisarías. La idea es que los efectivos queden liberados de esas funciones. Esto se empezará a aplicar en una primera etapa en Rosario, donde también se dispuso que cuando se terminen las obras en la Alcaidía de la URII el penal quede en manos del Servicio Penitenciario, con lo cual otros 150 efectivos quedarían desligados de la custodia de los presos. De acuerdo a Lamberto, con la incorporación de 200 nuevos agentes de comunicación (no tienen armas) al 911 estarán a disposición de la fuerza un número similar que eran operadores telefónicos. El ministro de Seguridad calculó que para 2013 se incorporarán unos 1.300 nuevos agentes, 600 a seguridad pública, 250 a seguridad vial y 150 a la policía rural de Los Pumas.
Otra pata de los cambios en la fuerza es la creación de una “policía comunitaria o de proximidad”. “La idea es que este agente esté en el territorio el mayor tiempo posible, y tenga como función la posibilidad de intervenir en los conflictos que existen en el barrio. No tendrá que hacer sumarios ni custodiar presos, sino estar cerca del ciudadano y buscar una mejor convivencia”, puntualizó Lamberto, quien agregó que este nuevo proyecto comenzará a aplicarse en una primera fase en las ciudades de Santa Fe y Rosario.
Reunión con Fein y concejales
El gobernador Antonio Bonfatti, junto a parte de su gabinete de ministros, se reunió ayer a la tarde con la intendenta de Rosario, Mónica Fein, y los presidentes de los once bloques del Concejo Deliberante de dicha ciudad del sur provincial. Durante el encuentro, desarrollado en la sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, se abordaron políticas de seguridad y acciones para combatir el narcotráfico. Los ediles del Frente Para la Victoria, Norma López y Roberto Sukerman, participaron de la reunión que encabezó el gobernador y lanzaron fuertes críticas al oficialismo. “Estamos realmente preocupados porque tras participar del encuentro nos dimos cuenta que el gobierno provincial no ha tomado ninguna medida concreta para combatir la inseguridad”, sostuvo López.
Mensaje mafioso
El juez de Instrucción, Javier Beltramone, aseguró en una conferencia de prensa, que se realizó ayer en los tribunales de Rosario, que el asesinato de Maximiliano Rodríguez, ocurrido a plena luz del día el martes pasado en Pellegrini y Corrientes, “fue un mensaje mafioso”.
El magistrado dio detalles del allanamiento al departamento que el “hijo del Quemado” compartía con su novia, una joven que quedó detenida por presunto encubrimiento y asociación ilícita. “Un homicidio de estas características, ocurrido en pleno microcentro de la ciudad y a cara descubierta, habla claramente de un mensaje mafioso. Dirigido a quién, no lo sé”, expresó el magistrado.
Beltramone detalló que en el allanamiento del departamento de la zona de Pellegrini y Corrientes se secuestró “un arma cargada en aparente estado de funcionamiento y documental que indica que se estaba comercializando algún tipo de estupefacientes”. Explicó que uno de los indicios sobre la venta de drogas es que había “dinero en efectivo en billetes de muy baja denominación”. Concretamente eran 1.600 pesos en billetes de 5 y 10 pesos.
El procedimiento se decidió luego de tomar declaración a la novia de Maximiliano Rodríguez porque se notó que la chica, de 19 años, tenía “una intención clara de ocultar información”.
“En cuanto al homicidio hablamos de una ejecución mafiosa, de personas que han contado con información, tecnología, con capacidad operativa. Estamos frente a una especie de criminalidad organizada”, indicó el juez Beltramone.
Finalmente dijo que “a la fecha” no hay “ninguna pista firme” pero se trabaja en varios datos y elementos que podrían conducir a la autoría del crimen ocurrido el martes pasado.
Responsabilidades
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, volvió a responsabilizar al gobierno de Santa Fe por el narcotráfico y la inseguridad en la provincia y desmintió que se haya ordenado retirar a la Gendarmería del distrito. Respecto de la lucha contra el narcotráfico, la titular de la cartera de Seguridad indicó que “el gobierno nacional tiene la máxima vocación para colaborar”, pero subrayó que “la responsabilidad de la seguridad pública es provincial”, ya que “el gobierno nacional sólo se ocupa de la seguridad interna”.
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