La megacausa por crímenes de lesa humanidad en Santa Fe, elevada por Rodríguez esta semana, tiene como procesados, además del ex magistrado, a los represores Carlos Enrique Pavón, Juan Calixto Perizzotti, José María González y Roberto Diab.
El juez federal Reinaldo Rodríguez elevó esta semana a juicio oral una megacausa que investiga los crímenes del terrorismo de estado en Santa Fe -?entre ellos la desaparición, secuestros y asesinatos de más de cincuenta víctimas-? que sentará en el banquillo --por primera vez en el país-? a un ex juez de Menores, Luis Vera Candioti, acusado por la supresión de identidad de la hija de desaparecidos, Paula Cortassa (María Carolina Guallane) y a dos represores que participaron en el engranaje del ocultamiento: el teniente coronel Carlos Enrique Pavón y el comisario Juan Calixto Perizzotti. Los otros dos imputados son el primer interventor de la dictadura en la provincia, coronel José María González y el ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, teniente coronel Roberto Diab, quienes deberán responder como participes necesarios de 23 y 35 homicidios, respectivamente, más otros cargos. Gonzalez, Diab y Perizzotti serán enjuiciados también por asociación ilícita.
Así como Víctor Brusa fue el primer juez federal del país condenado por delitos de lesa humanidad, Vera Candioti será también primer juez de Menores de la dictadura que llegará a juicio por ocultar la identidad de una nieta recuperada. María Carolina Guallane tardó 20 años en saber que su nombre era Paula Cortassa y tenía apenas dieciocho meses cuando sobrevivió a la masacre de sus padres, Enrique Cortassa y Blanca Zapata, el 11 de febrero de 1977. El doctor Rodríguez procesó a Vera Candioti en febrero de 2011, la Cámara Federal de Rosario confirmó la resolución en setiembre del año pasado, en un fallo unánime y ahora, se elevó el expediente a juicio oral, junto con una decena de casos acumulados en la megacausa.
La resolución judicial considera que hay pruebas suficientes para juzgar a Vera Candioti por la "supresión de identidad" de Paula Cortassa y lo acusó de haber cortado sus raíces cuando apenas tenía un año y medio para "ocultar la detención" de su padre, evitar que sus abuelos puedan "reclaman la tenencia" de la pequeña o "encubrir" la responsabilidad del Ejército "en el cautiverio" y "la apropiación" de la niña.
El otro partícipe de la maniobra fue Pavón --por entonces teniente primero del Area 212-?, quien puso la niña a disposición del Vera Candioti con una nota falsa porque tiene fecha del 4 de febrero de 1977, siete días antes del secuestro y asesinato de los Cortassa.
La masacre ocurrió el 11 de febrero de 1977, en la casa de calle Castelli 4531, donde vivían los esposos Cortassa con su hija Paula y otra militante política, Cristina Ruiz de Ziccardi, con sus dos hijos de dos y cinco años. Los únicos sobrevivientes fueron los chicos, pero dos semanas después del operativo los hermanitos Ziccardi quedaron en manos de sus abuelos. Mientras que la niña padeció el desgarro de su familia biológica hasta que Vera Candioti la entregó en guarda al matrimonio Guallane, de Venado Tuerto que la adoptó de buena fe, en abril de 1977.
Vera Candioti dijo en la indagatoria que él recién "tuvo conocimiento de la situación de la menor cuando firma el primer decreto, el 6 de abril de 1977", es decir dos meses después del operativo militar. Pero el juez Rodríguez lo desmintió porque junto con Paula también estaban a disposición de Vera Candioti los hermanitos Ziccardi y éstos fueron restituidos a sus abuelos, el 24 de febrero de 1977. Y entre esa fecha y el 6 de abril, que es la que invoca Vera Candioti, no se adoptó ninguna medida para "el resguardo de Paula Cortassa o determinar la existencia de familiares". Y esta situación "hace evidente la intención de fraguar lo acontecido, lo que evitó que la menor sea reclamada legítimamente por su familia", dice el procesamiento.
El juez Rodríguez dijo que Vera Candioti ocultó "deliberadamente" que Paula Cortassa era sobreviviente del "procedimiento de calle Castelli". "Es conocido que las actividades de los distintos organismos encargados de la custodia y los menores era documentada, ya sea por la Casa Cuna, por la Dirección de Minoridad y Familia del Ministerio de Salud o por los centros de asistencia sanitaria donde eran atendidos. Sin embargo, no se pudo constatar la existencia de estas actuaciones con relación a los menores involucrados" en la causa.
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