Se trata de un proyecto de ley
que presentó la diputada oficialista Verónica Benas. El Ministerio de
Seguridad, con anuencia de la Justicia Federal, ya utilizó ese mecanismo
en el sur provincial.
La lucha contra el narcotráfico es desigual. La economía que se mueve
alrededor de ese delito compra voluntades, espacios de poder y muta de
forma constante en sus cadenas de comercialización. En los últimos años,
los kioscos que venden drogas aumentaron exponencialmente en los
barrios y conviven con el entorno. Sólo la muerte de un inocente
descompone la escenografía y lleva, muchas veces, a los propios vecinos a
destruir con sus manos esos búnker.
El Estado, a través del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, también utilizó ese tipo de mecanismos –con autorización de la Justicia Federal– para arrasar con los lugares donde se vende y hasta se cocina la droga como claro mensaje al narcotráfico y a las redes delictivas conexas. Se instalan en precarias construcciones, casas tomadas o abandonadas y taperas instaladas sobre lotes fiscales. En la mayoría de los casos son menores de edad o mujeres jefas de hogar –que son el único sustento familiar– las que los atienden.
En ese contexto, la diputada provincial del Partido Pares (Frente Progresista, Cívico y Social), Verónica Benas, presentó un proyecto de ley con el cual busca autorizar la destrucción de locales de distribución o comercialización de estupefacientes asentados sobre terrenos públicos. También, propone recuperar dichos espacios para organizaciones sociales de la comunidad y habilitar una línea telefónica gratuita (0-800) para la recepción de denuncias sobre estos lugares.
“En los últimos meses se han producido episodios de extrema violencia, en las principales ciudades de la provincia, vinculados con la presencia de locales dedicados a la venta de estupefacientes.
No podemos ignorar que desde hace varios años Argentina ha dejado de ser un país de tránsito para transformarse en una plaza de consumo de real significancia. De ahí que las disputas territoriales asociadas al control y distribución de las drogas compitan en brutalidad y número de víctimas fatales con aquellos países históricamente señalados como sedes de los principales cárteles del narcotráfico”, argumentó la legisladora.
Negocios, control y competencia
Para Benas, “resulta indispensable que el Estado nacional como los Estados provinciales adapten sus estrategias de lucha contra el tráfico de drogas en relación a un escenario completamente nuevo donde las organizaciones criminales se consolidan y crecen, desplegando acciones cada vez más temerarias en pos de lograr el control absoluto del negocio”.
En el caso de los puntos de venta de estupefacientes, la diputada dijo que “muchas veces” son locales emplazados en terrenos públicos, donde con inmediata posterioridad a la ocupación del predio los traficantes proceden a la venta de las sustancias, “con el inminente riesgo para los habitantes de la zona”. Con esos argumentos, es que impulsa este proyecto de ley que dispone –en primer lugar– la creación de una línea telefónica gratuita (0-800) destinada a la recepción de denuncias referidas a la localización de sitios dedicados a la distribución, venta o comercialización de drogas.
“Esta información podrá tener carácter confidencial y hasta anónimo, y será evaluada por personal especializado de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de la Policía de la provincia, para darle el curso que corresponda de acuerdo con la legislación vigente”, explicó Verónica Benas.
Asimismo, propone que “una vez que haya sido constatada fehacientemente la existencia de locales o puestos de venta, distribución o comercialización de estupefacientes, siempre y cuando estén ubicados en terrenos públicos de cualquier jurisdicción, se pueda proceder a la destrucción o remoción de los mismos, asegurando previamente las pruebas y dando comunicación al órgano jurisdiccional pertinente”.
Por último, los terrenos públicos donde se hallaban los “kioscos de drogas” demolidos, “serán recuperados para entregarlos a organizaciones sociales de la comunidad, con la colaboración de las áreas sociales del Estado. La finalidad del presente proyecto es la de aportar instrumentos y prácticas concretas a fin de contribuir de modo efectivo al desmantelamiento de las redes de tráfico, habilitando un modo de respuesta inmediato toda vez que se detecte la existencia de un local dedicado a la venta de drogas”, indicó.
Experiencias recientes
En el marco de los últimos operativos realizados por fuerzas policiales para desmantelar kioscos y cocinas de droga, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Raúl Lamberto destacó que se trata de un mensaje y una respuesta al pedido de los propios vecinos de los barrios. “Se ha decidido que esto se lleve a la práctica y se actúe en coordinación con la Policía y la Justicia Federal, y a medida que ésta lo ordene se van motorizando los allanamientos”, destacó.
El ministro santafesino y ex diputado se refirió así a los operativos que, mediante topadoras, irrumpen en los barrios para demoler búnker y cocinas de drogas. “Que se instale un kiosco, con seguridad en las puertas, con una ventanilla, en medio de un barrio no sólo degrada al joven que atiene el kiosco y al que compra droga, sino a las familias que están rodeando el espacio público. Es insostenible”, resumió el funcionario provincial y confió que el gobierno está preocupado por el crecimiento de la violencia social y la pérdida de valores.
El Estado, a través del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, también utilizó ese tipo de mecanismos –con autorización de la Justicia Federal– para arrasar con los lugares donde se vende y hasta se cocina la droga como claro mensaje al narcotráfico y a las redes delictivas conexas. Se instalan en precarias construcciones, casas tomadas o abandonadas y taperas instaladas sobre lotes fiscales. En la mayoría de los casos son menores de edad o mujeres jefas de hogar –que son el único sustento familiar– las que los atienden.
En ese contexto, la diputada provincial del Partido Pares (Frente Progresista, Cívico y Social), Verónica Benas, presentó un proyecto de ley con el cual busca autorizar la destrucción de locales de distribución o comercialización de estupefacientes asentados sobre terrenos públicos. También, propone recuperar dichos espacios para organizaciones sociales de la comunidad y habilitar una línea telefónica gratuita (0-800) para la recepción de denuncias sobre estos lugares.
“En los últimos meses se han producido episodios de extrema violencia, en las principales ciudades de la provincia, vinculados con la presencia de locales dedicados a la venta de estupefacientes.
No podemos ignorar que desde hace varios años Argentina ha dejado de ser un país de tránsito para transformarse en una plaza de consumo de real significancia. De ahí que las disputas territoriales asociadas al control y distribución de las drogas compitan en brutalidad y número de víctimas fatales con aquellos países históricamente señalados como sedes de los principales cárteles del narcotráfico”, argumentó la legisladora.
Negocios, control y competencia
Para Benas, “resulta indispensable que el Estado nacional como los Estados provinciales adapten sus estrategias de lucha contra el tráfico de drogas en relación a un escenario completamente nuevo donde las organizaciones criminales se consolidan y crecen, desplegando acciones cada vez más temerarias en pos de lograr el control absoluto del negocio”.
En el caso de los puntos de venta de estupefacientes, la diputada dijo que “muchas veces” son locales emplazados en terrenos públicos, donde con inmediata posterioridad a la ocupación del predio los traficantes proceden a la venta de las sustancias, “con el inminente riesgo para los habitantes de la zona”. Con esos argumentos, es que impulsa este proyecto de ley que dispone –en primer lugar– la creación de una línea telefónica gratuita (0-800) destinada a la recepción de denuncias referidas a la localización de sitios dedicados a la distribución, venta o comercialización de drogas.
“Esta información podrá tener carácter confidencial y hasta anónimo, y será evaluada por personal especializado de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de la Policía de la provincia, para darle el curso que corresponda de acuerdo con la legislación vigente”, explicó Verónica Benas.
Asimismo, propone que “una vez que haya sido constatada fehacientemente la existencia de locales o puestos de venta, distribución o comercialización de estupefacientes, siempre y cuando estén ubicados en terrenos públicos de cualquier jurisdicción, se pueda proceder a la destrucción o remoción de los mismos, asegurando previamente las pruebas y dando comunicación al órgano jurisdiccional pertinente”.
Por último, los terrenos públicos donde se hallaban los “kioscos de drogas” demolidos, “serán recuperados para entregarlos a organizaciones sociales de la comunidad, con la colaboración de las áreas sociales del Estado. La finalidad del presente proyecto es la de aportar instrumentos y prácticas concretas a fin de contribuir de modo efectivo al desmantelamiento de las redes de tráfico, habilitando un modo de respuesta inmediato toda vez que se detecte la existencia de un local dedicado a la venta de drogas”, indicó.
Experiencias recientes
En el marco de los últimos operativos realizados por fuerzas policiales para desmantelar kioscos y cocinas de droga, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Raúl Lamberto destacó que se trata de un mensaje y una respuesta al pedido de los propios vecinos de los barrios. “Se ha decidido que esto se lleve a la práctica y se actúe en coordinación con la Policía y la Justicia Federal, y a medida que ésta lo ordene se van motorizando los allanamientos”, destacó.
El ministro santafesino y ex diputado se refirió así a los operativos que, mediante topadoras, irrumpen en los barrios para demoler búnker y cocinas de drogas. “Que se instale un kiosco, con seguridad en las puertas, con una ventanilla, en medio de un barrio no sólo degrada al joven que atiene el kiosco y al que compra droga, sino a las familias que están rodeando el espacio público. Es insostenible”, resumió el funcionario provincial y confió que el gobierno está preocupado por el crecimiento de la violencia social y la pérdida de valores.
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