Dos de ellos se presentaron en
el comercio de Granadero Baigorria y exigieron $ 100 mil. Lo hicieron en
un operativo ilegal y bajo amenazas de plantar droga en el local o en
los autos.
La Capital |
Las denuncias que decidieron al Ministerio de Seguridad de la Nación a
sacar de su cargo el viernes al jefe de Drogas Peligrosas de la Policía
Federal en Rosario y a dos de sus subordinados son variadas: en tres
meses de gestión hubo acusaciones formales por estafa con el dinero del
combustible destinado a las patrullas, intento de cobros en boliches
para rehuir el control de la presunta venta de drogas en esos locales y
hasta un importante secuestro de cocaína en Empalme Graneros "armado"
para la difusión pública. Pero uno de los hechos más detallados por las
víctimas resultó la extorsión a una empresa de remises de Granadero
Baigorria que, según la denuncia elevada a Buenos Aires, incluyó un
allanamiento ilegal a la sede de la firma.
Este hecho fue denunciado al Ministerio
de Seguridad nacional que conduce Nilda Garré y examinado la semana
pasada por funcionarios de esa cartera. Lleva el número de expediente
7340/2012 y fue uno de los motivos por los cuales relevaron de Rosario y
pasaron a disponibilidad a tres empleados federales: el jefe de la
delegación local de Drogas Peligrosas, subcomisario Gustavo Alejandro
Serna, el sargento Hernán Desimone y el cabo primero Juan Mendoza.
Amenaza. De acuerdo a
lo denunciado, la extorsión ocurrió el domingo 24 de junio a las 23, un
mes después de que Serna y sus subordinados llegaran a Rosario. Según el
planteo, los suboficiales Desimone y Mendoza fueron hasta la remisería
en un utilitario Renault Express blanco con chapa ART 316, un vehículo
secuestrado y afectado a la fuerza pero no identificable como móvil
policial. Ambos ingresaron al comercio y le exigieron al operador
telefónico de turno que llamara a los dueños de la empresa. De acuerdo a
lo referido, como el operador no pudo contactar al propietario
procedieron a allanar el local sin orden judicial alguna y sin testigos.
Entonces le ordenaron al trabajador, según el texto de la denuncia, que
los dueños acudieran a la brevedad con 100 mil pesos, porque de otro
modo plantarían droga en la remisería.
La temeridad y alevosía de este
comportamiento presunto tenía un reaseguro. No es algo desconocido en
chantajes de esta clase. Ocurre que el propietario del comercio es una
persona que acredita antecedentes penales en materia de drogas y ya
cumplió una condena por ese delito. En base a ese pasado problemático,
en situaciones así los policías infieles creen disponer de una carta
fuerte para desacreditar cualquier denuncia ulterior que reciban. No
obstante, los choferes nocturnos de la remisería y algunos vecinos del
local fueron testigos, al menos, de que algo en extremo anómalo ocurrió.
Antes de retirarse los suboficiales,
según la denuncia que obra en el Ministerio de Seguridad nacional, le
dieron un número de Nextel al telefonista y renovaron la advertencia de
que el dueño volviera al lugar con dinero.
El contacto. Finalmente
el operador de la remisería pudo comunicarse con los dueños de la
empresa y entonces, la esposa del propietario llamó al Nextel en
cuestión. Fue atendida por uno de los suboficiales (que en la denuncia
se identifica con nombre) quien le volvió a exigir la entrega de 100 mil
pesos. La amenaza fue que en caso de que no lo hiciera les plantarían
droga en cualquiera de los remises de la empresa. La intimidación se
reiteró con un llamado del policía al día siguiente.
La denuncia fue presentada al
Ministerio de Seguridad y este diario corroboró uno a uno todos los
datos. Sin embargo, no se suministra la identidad de los denunciantes ni
el lugar preciso donde ocurrió el hecho denunciado por el temor extremo
que éstos manifiestan a raíz de la extorsión. Este diario también tuvo
acceso a los números de aparatos de comunicación Nextel que
presuntamente utilizaron en ese momento los policías. Todo está en
posesión de funcionarios de la cartera comandada por Nilda Garré que por
este motivo, entre otros, removió a los tres efectivos de la delegación
de Francia 1293 de Rosario, a la vez que les ordenó la entrega de las
armas reglamentarias y las credenciales policiales.
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