INT. Al menos 16 muertos en un desalojo en Paraguay

Las víctimas faltales son campesinos y policías. El desalojo se produjo en un predio de 2 mil hectáreas ocupadas ilegalmente. El lugar pertenece al empresario Blas Riquelme y se encuentra en Curuguaty, un distrito del norte. 

 

 Al menos 16 muertos, entre campesinos y policías, y unos 50 heridos dejó el violento desalojo de un predio de unas 2 mil hectáreas ocupadas ilegalmente en un distrito del norte de Paraguay, hecho que puso al gobierno de Fernando Lugo en la situación más delicada desde su asunción, en agosto del 2008.

Las versiones sobre muertos y heridos son numerosas, pero varias fuentes coincidieron en que ya hay 16 víctimas fatales, aunque algunas hablan de 17, y no menos de 50 heridos, algunos de gravedad, lo que puede hacer subir la cifra de fallecidos.

El episodio puso en guardia al Ejecutivo, sobre todo a partir de las versiones de que la oposición intentaría iniciar un juicio político a Lugo y la posibilidad de que se reúna el Congreso y exija la renuncia del ministro del Interior, Carlos Filizzola.

Lugo suspendió todas las actividades que tenía agendadas para hoy e hizo dos apariciones, una a través de un comunicado para solidarizarse con las familias de los policías muertos, y otra en persona, para informar que ordenó a las Fuerzas Armadas que se sumen a la zona para garantizar que no haya nuevos enfrentamientos.

Los hechos se dieron en un campo ocupado del municipio de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, ubicado al noreste del país, en la frontera con Brasil, donde campesinos sin tierra mantenían ocupado un predio del empresario Blas Riquelme.

La versión del gobierno es que los campesinos emboscaron a los policías que intentaban negociar un desalojo pacífico, pero algunos dirigentes rurales negaron esa versión y restaron responsabilidad a los labriegos.

"Ordené a las Fuerzas Armadas a desarrollar su misión específica en apoyo a la policía de acuerdo a la ley de seguridad interna y garantizamos la plena vigencia de la ley y de las instituciones del Estado", señaló Lugo en un breve mensaje al país, desde la residencia presidencial.

Antes, se había divulgado un comunicado en el que expresó su "gran pesar y repudio" por los hechos y su "firme respaldo a la tarea de las fuerzas del orden que se desempeñan en defensa y preservación de la ley".

"Manifiesto mi solidaridad con los familiares de las víctimas fatales y los heridos de las fuerzas del orden que entregaron su vida en el cumplimiento de su misión", expresó Lugo en el texto, en el que destacó que "los organismos de seguridad del gobierno y sus áreas estratégicas están trabajando en este momento en líneas de acción que devolverán calma y tranquilidad" a la región.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Filizzola, rechazó las versiones sobre su inminente destitución y aseguró también que "no hay evidencias aún" de que en el enfrentamiento hayan participado miembros del grupo guerillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

"El hecho fue consecuencia de una orden judicial para desalojar una propiedad ocupada. No es la primera vez que se procede a desalojos y se procedió legalmente, con orden fiscal correspondiente. Hoy se activó el operativo en base a una orden judicial", recalcó el ministro.

El ministro indicó que los ocupantes eran campesinos de "diferente procedencia y diferentes organizaciones", pero algunos incluso "conocidos" de ocupaciones anteriores. E informó que los muertos son "9 o 10 campesinos y 7 policías".

Según las agencias DPA y Prensa Latina, Fillizzola apuntó que la situación ya está "controlada", por lo que "no amerita" declarar el estado de excepción, en tanto se busca a algunos campesinos refugiados en la zona boscosa aledaña al lugar de los incidentes.

Sobre la chance de que la Cámara de Diputados exija su renuncia, Filizzola destacó que tiene "el respaldo" de Lugo, que "sabe que puede disponer del cargo cuando lo considere pertinente".

Finalmente, el titular de Interior aseguró "no existe ni pies ni cabezas, ni argumento alguno" para solicitar el juicio político a Lugo, como lo pidió el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo.

La Policía Nacional, en tanto, emitió un comunicado en el que denunció la "cobarde agresión" de los campesinos agrupados en la Liga Nacional de Carperos a los uniformados, y remarcó que la fuerza pondrá "el mejor de sus esfuerzos para el cumplimiento de sus funciones".

El comunicado denuncia que los policías fueron recibidos con disparos de armas de fuego, y el jefe de investigación de Salto del Guairá, Walter Gómez, fue aún más allá al denunciar que los uniformados fueron "emboscados por los campesinos".

Para Gómez, "esa gente está entrenada y que ya no son simples campesinos, sino criminales".

A modo de réplica, el dirigente José Rodríguez, del Movimiento de los Campesinos, afirmó a un canal de TV que las familias rurales establecidas en la hacienda "sólo resistieron al desalojo y no fueron las culpables de los disparos" contra la policía.

El problema de la tenencia de la tierra es uno de los más complejos en Paraguay, donde grandes propietarios fueron acusados por instituciones estatales de apoderarse de terrenos mediante negocios ilegales y son frecuentes las ocupaciones por parte de los sin tierras.

Un plan de reforma agraria y entrega de terrenos a los campesinos fue parte de las promesas de campaña de Lugo, pero esa iniciativa avanza lentamente.