En un trámite expeditivo, la Legislatura provincial dio sanción definitiva a una modificación de la ley Orgánica de Municipalidades que posibilita aumentar el número de concejales en todas las localidades. El proyecto original –autoría del diputado radical Leonardo Simoniello– establecía esa prerrogativa sólo para los municipios de Santa Fe y Rosario, pero los senadores incluyeron al resto de las 48 ciudades y luego la Cámara baja convalidó dicha modificación.
Es de recordar que al calor del reclamo popular que exigía “que se vayan todos”, en 2002 se sancionó en la Legislatura un proyecto de ley que obligaba a la ciudad capital y a Rosario a reducir a la mitad su número de ediles. Santa Fe pasó de tener 23 concejales a 13 y en la Cuna de la Bandera el descenso fue aún más drástico, porque pasó de 42 a 21. La excusa fue reducir el costo político, pero eso nunca se dio en la práctica porque el gasto en esos concejos aumentó.
En cambio, sí se afectó la representación política de las minorías. Es que al bajar el número de bancas se limitó la participación de nuevas fuerzas ya que se necesitan más votos para ser concejal que diputado provincial. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe para ser concejal hay que obtener 40 mil sufragios, pero para ser legislador bastan no más de 20 mil.
Quien ideó el tijeretazo a los concejos fue el entonces ministro de Gobierno, Justicia y Culto de Carlos Reutemann, Esteban Borgonovo, y por ese motivo aquella ley adquirió su nombre. Ayer, después de varios intentos fallidos para derogar dicha norma en los últimos años, se decidió dar un paso fundamental para que ambas ciudades perjudicadas recuperen espacios legislativos que sirvan a que más sectores políticos tengan representación en los Concejos Municipales.
Pero además, también se descongela el número de ediles para las ciudades de segunda categoría, es decir, aquellas que tienen más de 10 mil habitantes pero menos de 100 mil. En ese segmento de localidades más pequeñas, la ley aprobada establece que “elegirán seis concejales por los primeros 20 mil habitantes. Luego agregarán un concejal por cada 15 mil habitantes hasta llegar a los 80 mil. Superando ese número agregará otro concejal por los próximos 30 mil habitantes, otro por los siguientes 40 mil y un último por los siguientes 50 mil”. En ninguno de los casos podrán pasar la barrera de los 13 concejales, que es el piso con que arrancan Santa Fe y Rosario.
“En las municipalidades de primera categoría, por los primeros 200 mil habitantes se elegirán 13 concejales, agregándose en ambos casos (en relación a Santa Fe y Rosario que son los dos únicos distritos en esa situación) un concejal por cada 50 mil habitantes o fracción no inferior a 30 mil”, dice la norma. Así, si bien aún se desconoce el número definitivo de población que arrojará el Censo 2010, se puede suponer que la capital provincial, con casi 400 mil habitantes, podría sumar entre cuatro y cinco ediles más en los dos próximos comicios (2013 y 2015).
A su vez, “las municipalidades de primera categoría podrán establecer por ordenanza sancionada por mayoría especial de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de sus respectivos Concejos Municipales, un coeficiente menor al de 50 mil habitantes con el objeto de determinar una mayor cantidad de concejales”.
No obstante, “dicho coeficiente no podrá ser menor a 40 mil habitantes o fracción no inferior a 20 mil”. Y “tal decisión deberá ser notificada a las autoridades electorales en forma previa a la convocatoria del acto eleccionario”. De esa forma, Santa Fe incluso podría sumar entre cinco y seis concejales más si la población supera los 420 mil. En el caso de Rosario, el número de ediles se estiraría a los 33 o 34.
Por lo pronto, los legisladores socialistas –tanto del Senado como de Diputados–, del GEN y de la Coalición Cívica no votaron la derogación de la ley Borgonovo porque consideran que aumentar o reducir el número de ediles de las ciudades no es potestad de la Legislatura, sino de las propias ciudades. Para ello, argumentaron que primero se debe hacer una reforma constitucional y allí introducir la garantía de autonomía municipal. Es decir, en la pública dijeron que están de acuerdo con incrementar la representación política en los concejos, pero en contra de la forma en que se hizo.
El artículo dos de la –ahora– Ley Simoniello refiere a que “la diferencia de concejales que resulte entre el número actual y el número resultante por aplicación de la presente norma será cubierta de la siguiente forma: la mitad en el primer turno electoral subsiguiente –año 2013– y la otra mitad en el siguiente –año 2015–”.
“En todos los casos, al agregar los concejales se deberá tener en cuenta que a posteriori se respete la renovación bienal del concejo por mitades. En caso de que el concejo quede constituido por un número impar, la renovación del número mayor de concejales se hará conjuntamente con la elección de intendente”, finaliza la ley, que también deja en manos de cada cuerpo deliberativo local la decisión de incrementar o no sus presupuestos.
Es de recordar que al calor del reclamo popular que exigía “que se vayan todos”, en 2002 se sancionó en la Legislatura un proyecto de ley que obligaba a la ciudad capital y a Rosario a reducir a la mitad su número de ediles. Santa Fe pasó de tener 23 concejales a 13 y en la Cuna de la Bandera el descenso fue aún más drástico, porque pasó de 42 a 21. La excusa fue reducir el costo político, pero eso nunca se dio en la práctica porque el gasto en esos concejos aumentó.
En cambio, sí se afectó la representación política de las minorías. Es que al bajar el número de bancas se limitó la participación de nuevas fuerzas ya que se necesitan más votos para ser concejal que diputado provincial. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe para ser concejal hay que obtener 40 mil sufragios, pero para ser legislador bastan no más de 20 mil.
Quien ideó el tijeretazo a los concejos fue el entonces ministro de Gobierno, Justicia y Culto de Carlos Reutemann, Esteban Borgonovo, y por ese motivo aquella ley adquirió su nombre. Ayer, después de varios intentos fallidos para derogar dicha norma en los últimos años, se decidió dar un paso fundamental para que ambas ciudades perjudicadas recuperen espacios legislativos que sirvan a que más sectores políticos tengan representación en los Concejos Municipales.
Pero además, también se descongela el número de ediles para las ciudades de segunda categoría, es decir, aquellas que tienen más de 10 mil habitantes pero menos de 100 mil. En ese segmento de localidades más pequeñas, la ley aprobada establece que “elegirán seis concejales por los primeros 20 mil habitantes. Luego agregarán un concejal por cada 15 mil habitantes hasta llegar a los 80 mil. Superando ese número agregará otro concejal por los próximos 30 mil habitantes, otro por los siguientes 40 mil y un último por los siguientes 50 mil”. En ninguno de los casos podrán pasar la barrera de los 13 concejales, que es el piso con que arrancan Santa Fe y Rosario.
“En las municipalidades de primera categoría, por los primeros 200 mil habitantes se elegirán 13 concejales, agregándose en ambos casos (en relación a Santa Fe y Rosario que son los dos únicos distritos en esa situación) un concejal por cada 50 mil habitantes o fracción no inferior a 30 mil”, dice la norma. Así, si bien aún se desconoce el número definitivo de población que arrojará el Censo 2010, se puede suponer que la capital provincial, con casi 400 mil habitantes, podría sumar entre cuatro y cinco ediles más en los dos próximos comicios (2013 y 2015).
A su vez, “las municipalidades de primera categoría podrán establecer por ordenanza sancionada por mayoría especial de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de sus respectivos Concejos Municipales, un coeficiente menor al de 50 mil habitantes con el objeto de determinar una mayor cantidad de concejales”.
No obstante, “dicho coeficiente no podrá ser menor a 40 mil habitantes o fracción no inferior a 20 mil”. Y “tal decisión deberá ser notificada a las autoridades electorales en forma previa a la convocatoria del acto eleccionario”. De esa forma, Santa Fe incluso podría sumar entre cinco y seis concejales más si la población supera los 420 mil. En el caso de Rosario, el número de ediles se estiraría a los 33 o 34.
Por lo pronto, los legisladores socialistas –tanto del Senado como de Diputados–, del GEN y de la Coalición Cívica no votaron la derogación de la ley Borgonovo porque consideran que aumentar o reducir el número de ediles de las ciudades no es potestad de la Legislatura, sino de las propias ciudades. Para ello, argumentaron que primero se debe hacer una reforma constitucional y allí introducir la garantía de autonomía municipal. Es decir, en la pública dijeron que están de acuerdo con incrementar la representación política en los concejos, pero en contra de la forma en que se hizo.
El artículo dos de la –ahora– Ley Simoniello refiere a que “la diferencia de concejales que resulte entre el número actual y el número resultante por aplicación de la presente norma será cubierta de la siguiente forma: la mitad en el primer turno electoral subsiguiente –año 2013– y la otra mitad en el siguiente –año 2015–”.
“En todos los casos, al agregar los concejales se deberá tener en cuenta que a posteriori se respete la renovación bienal del concejo por mitades. En caso de que el concejo quede constituido por un número impar, la renovación del número mayor de concejales se hará conjuntamente con la elección de intendente”, finaliza la ley, que también deja en manos de cada cuerpo deliberativo local la decisión de incrementar o no sus presupuestos.
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