DEBATE SALDADO/Los atentados de la guerrilla no son delitos de lesa humanidad

A partir de la decisión del juez Bailaque de hacer lugar a un pedido para que se reabra una causa prescripta por el atentado a un micro de la policía rosarina en el 76, abogadas de derechos humanos señalaron que "no fue un crimen de lesa humanidad".

Abogadas querellantes en causas que se siguen en Rosario aseguraron que el atentado explosivo que se adjudicó Montoneros en setiembre de 1976 --en un micro donde se trasladaban 32 policías-- "de ninguna manera es un crimen de lesa humanidad". En el hecho murieron nueve efectivos y dos civiles, y ahora el hijo de uno de los policías fallecidos reclamó a la Justicia Federal que se reabra la causa prescripta como una "reparación histórica". Según indicó el abogado del demandante, el juez federal Marcelo Bailaque hizo lugar al pedido, pero no confirmó que sea un hecho de lesa humanidad. "Sería como intentar que se investigue un hurto cometido 30 años atrás", señaló Gabriela Durruty, quien se manifestó en contra de la resolución de Bailaque, junto con las abogadas Jésica Pellegrini y Daniela Asinari. En ese marco, aseguraron que "se intenta reeditar un debate que hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene saldado, y que es el caballito de batalla de los sectores que defienden los crímenes de la última dictadura militar". Para las abogadas, el juez "debió desestimar inmediatamente la denuncia, por ser un delito claramente prescripto". Aunque ya se habían intentado reapertura de causas, ésta es la primera vez que se hace. Luego de que Gabriel Alfonso, hijo del oficial fallecido Domingo Alfonso, presentara una demanda para que el hecho sea considerado delito de lesa humanidad y se reabra la causa, el juez habría resuelto a su favor, aunque se trata de un delito prescripto. En este sentido, las letradas del equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Rosario indicaron que "la Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP) ratificó que los atentados de la guerrilla no son delitos de lesa humanidad: en un fallo del 24 de marzo de este año, el máximo tribunal penal del país emitió un pronunciamiento en el que dejó clara la diferencia entre el terrorismo de Estado y la acción de las organizaciones armadas de los '70. No pueden parangonarse con los crímenes cometidos por la dictadura. No son lo mismo. Aquí no hubo una guerra". Por su parte, la abogada Ana Oberling dijo a LT8 que "es una estrategia de la derecha, que está queriendo instalar estos temas para volver hacia atrás en lo que hemos andado como pueblo argentino". En tanto, insistieron con "hacer hincapié en estos conceptos a fin de evitar su tergiversación y su utilización por parte de los sectores que están intentando reactivar la teoría de los dos demonios y de la existencia de una guerra en el país, que justificaría el genocidio perpetrado por la última dictadura militar y que obligan a la Justicia a pronunciarse y actuar claramente rechazando de plano estos intentos". Para las letradas, "lo que debe hacer el fiscal (Marcelo Degiovanni) es cumplir con la normativa nacional e internacional en la materia y establecer que se trata de un hecho que no puede ser objeto de investigación alguna por los mismos motivos". A modo de ejemplificar la "ilegalidad" de la situación, las letradas citaron un fallo publicado el 24 de marzo pasado, en el que fueron sobreseídos por "prescripción" ex integrantes de la agrupación Montoneros. En tanto, en el caso de José María Salgado y Rodolfo Walsh, también sindicados como autores, no pudieron ser sobreseidos: el primero está muerto y el segundo, desaparecido desde 1977. En este caso, la investigación giraba en torno a un atentado de Montoneros del 2 de julio del '76, en Buenos Aires, cuando estalló un artefacto explosivo en el casino de la entonces Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal. En aquel momento, los familiares de algunos de los muertos, representados por el ex juez de la dictadura Norberto Angel Giletta y José María Sacheri, integrante de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, "iniciaron la acción judicial para poner a un mismo nivel los atentados guerrilleros y la represión de Estado". Sin embargo, la sala primera de la Casación, con las firmas de los jueces Raúl Madueño, Juan Fégoli y Mariano González Palazzo, estableció la diferencia: "Los crímenes de lesa humanidad no lesionan sólo a la víctima que ve cercenados sus derechos básicos por el delito, sino que también implican una lesión a toda la humanidad como conjunto. Los crímenes contra la humanidad también trascienden al individuo porque cuando el individuo es lesionado, la humanidad es atacada y anulada". Puede definirse como crímenes contra la humanidad a una serie de actos inhumanos, incluidos el homicidio, el encarcelamiento, la esclavitud, la tortura y la desaparición forzada, cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático, contra cualquier población civil, tanto en tiempos de guerra como de paz.