El pedido de organizaciones sociales al Senado de prohibir la aplicación aérea de fitosanitarios para la actividad agropecuaria en la provincia generó la reacción de la Cámara de Aviación Agrícola de Santa Fe, que salió en defensa de su fuente laboral y desmintió una serie de “mitos” que “algunos utilizan para demonizar nuestra actividad”, expresaron voceros de la entidad, quienes apelaron al “sentido común de la población y de los legisladores” al momento de tomar medidas.
Los vecinos que se reunieron con los senadores provinciales de las comisiones de Salud, Economía y Agricultura expusieron sus puntos de vista respecto de la actualización de la ley 11.273 (de fitosanitarios) referida al manejo de los químicos utilizados en la actividad agropecuaria. Y en ese marco extendieron a los legisladores un documento con las sugerencias para incluir en el articulado de esa ley, en especial la prohibición de fumigación aérea en toda la provincia, en línea con lo resuelto en idéntico sentido en la Unión Europea, donde la actividad está vedada aunque con excepciones, por lo que se admite en algunos países y bajo determinadas circunstancias especiales. En diálogo con La Capital, miembros de la comisión directiva de la mencionada cámara de aviación objetaron la iniciativa, al entender que el sector agroaéreo, “que está conformado por empresas mayoritariamente familiares”, son objeto de “un prejuicio de los vecinos surgido de las malas praxis y de ciertos «ecólatras» que fomentan esa psicosis social, con una falta de educación en el tema”. Para el vocal Gerardo Colotti, “estas posiciones extremas se encaran desde un punto de vista político y no científico”. “Nosotros, desde la cámara, no defendemos ni representamos a los que hacen las cosas mal. Si los productos se aplican bien, el riesgo no existe. Además, nosotros mismos vivimos en pueblos con nuestros hijos, nietos y amigos ¿cómo vamos a hacerle daño a nuestra propia familia? Estamos formados para hacer las cosas bien”, remarcó Mauricio Fargioni, presidente de la entidad. En tal sentido, el dirigente aclaró que “nuestra actividad no se hace por deporte, el aplicador debe tener una placa, estudios, reunir requisitos similares a los de un piloto de un avión de línea”. Y en ese rumbo, Javier Cacciabue, secretario de la Cámara de Aviación Agrícola santafesina, aseguró que “nuestra actividad está extremadamente regulada a nivel nacional e internacional”. “Sentido común”. Fargioni apeló al “sentido común de los legisladores y de la gente; que se entienda que es necesario proteger el medioambiente por el bienestar de todos —incluso el nuestro—, pero que se permita trabajar, porque si se toman medidas extremas, el país deja de producir”. Al respecto, Cacciabue comentó que desde la entidad se planteó a la Legislatura en varias oportunidades la necesidad de reforzar los órganos de control, para evitar, precisamente, la mala praxis, y creemos necesario que haya un controlador por cada uno de los pueblos y ciudades de Santa Fe, pero no tuvimos eco hasta el momento”. Además, “al momento de la aplicación, es necesario que estén presentes todos los agentes intervinientes, y que se labre un acta para darle transparencia a la maniobra”, acotó Colotti. Crecimiento. “A nivel mundial, la aviación agrícola está en crecimiento por el uso de biocombustibles y porque Sudáfrica y Sudamérica proveen de alimento al mundo. Nuestro Estado nacional garantiza la actividad y prueba de ello es la reactivación de la fábrica de aviones en Córdoba, que precisamente construye aviones aplicadores”. “Algunos grupos ambientalistas han creado un estado público de la aviación agrícola que en otros países ni siquiera se discute, porque hay una evolución de la producción. Nosotros nos ponemos a disposición del Senado, del periodismo y de todo cuanto quiera conocer el tema, porque nosotros damos la cara”, remató Fargioni.
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