El operativo fue respaldado por 137 votos. Apenas 49 legisladores lo rechazaron. Un tercio de los diputados del bloque FpV-PJ evitó acompañar al ex ministro kirchnerista
Infobae |
Finalmente, la Cámara de Diputados autorizó a que las viviendas y la oficina de Julio De Vido sean allanadas por el juez Luis Rodríguez.
La medida había sido frenada la semana pasada por el kirchnerismo, pero este jueves el proyecto oficialista logró prosperar con 137 votos a favor, 49 en contra y la abstención del propio De Vido.
La votación volvió a dejar en evidencia las diferencias que existen al interior del bloque Frente para la Victoria-Partido Justicialista. De los 75 integrantes que tiene la bancada, apenas dos tercios respaldaron al ex ministro de Planificación Federal de Néstor y Cristina Kirchner. La mayoría del tercio restante optó por ausentarse de la Cámara al momento de la votación.
Los allanamientos fueron ordenados por el juez Luis Rodríguez en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito que enfrenta el ex ministro. Los procedimientos no habían podido efectuarse ya que De Vido goza de fueros parlamentarios.
La autorización votada esta tarde no es un desafuero del diputado, sino una resolución que permite exceptuar este caso. Fue impulsado por un grupo de representantes de Cambiemos, encabezados por Pablo Tonelli.
La iniciativa generó un duro debate en el recinto. La coalición oficialista y otros bloques no K machacaron sobre la figura del ex ministro. Elisa Carrió, Miryam Bregman, Julio Raffo y Juan Brugge fueron acaso los más agudos en sus críticas. De Vido se defendió en persona. "No he sido cajero de nadie, estoy a disposición a la Justicia", dijo luego de denunciar una "persecución".
"Pido que se respete la presunción de inocencia", pidió De Vido antes de la votación. El objeto era tener información sobre una sociedad comercial y no sobre mi persona. Yo no soy ni un libro contable ni una sociedad comercial", explicó.
Cuando llegó al Congreso, antes de que se inicie el debate, el ex ministro había asegurado: "Estoy dolido e indignado, pero no preocupado".
Tras la votación, la Cámara tenía previsto debatir la ley del arrepentido para casos de corrupción y la extinción de dominio para delitos de ese tipo.
La medida había sido frenada la semana pasada por el kirchnerismo, pero este jueves el proyecto oficialista logró prosperar con 137 votos a favor, 49 en contra y la abstención del propio De Vido.
La votación volvió a dejar en evidencia las diferencias que existen al interior del bloque Frente para la Victoria-Partido Justicialista. De los 75 integrantes que tiene la bancada, apenas dos tercios respaldaron al ex ministro de Planificación Federal de Néstor y Cristina Kirchner. La mayoría del tercio restante optó por ausentarse de la Cámara al momento de la votación.
Los allanamientos fueron ordenados por el juez Luis Rodríguez en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito que enfrenta el ex ministro. Los procedimientos no habían podido efectuarse ya que De Vido goza de fueros parlamentarios.
La autorización votada esta tarde no es un desafuero del diputado, sino una resolución que permite exceptuar este caso. Fue impulsado por un grupo de representantes de Cambiemos, encabezados por Pablo Tonelli.
La iniciativa generó un duro debate en el recinto. La coalición oficialista y otros bloques no K machacaron sobre la figura del ex ministro. Elisa Carrió, Miryam Bregman, Julio Raffo y Juan Brugge fueron acaso los más agudos en sus críticas. De Vido se defendió en persona. "No he sido cajero de nadie, estoy a disposición a la Justicia", dijo luego de denunciar una "persecución".
"Pido que se respete la presunción de inocencia", pidió De Vido antes de la votación. El objeto era tener información sobre una sociedad comercial y no sobre mi persona. Yo no soy ni un libro contable ni una sociedad comercial", explicó.
Cuando llegó al Congreso, antes de que se inicie el debate, el ex ministro había asegurado: "Estoy dolido e indignado, pero no preocupado".
Tras la votación, la Cámara tenía previsto debatir la ley del arrepentido para casos de corrupción y la extinción de dominio para delitos de ese tipo.
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