El ex ministro de Salud de Santa Fe asegura que si se descentraliza se puede controlar más a la obra social y brindar un mejor servicio a los jubilados.
Diario UNO |
Con el cambio de gobierno a nivel nacional, en febrero de este año se conoció una denuncia que realizó el actual titular del Pami, Carlos Regazzoni, por irregularidades en la venta de medicamentos por más de 500 millones de pesos anuales y que la deuda del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados supera los $5.500 millones. Allí se contaba con expendio de fármacos a personas ya fallecidas o “pacientes de más de 80 años que en un mes compraron 33 remedios en 19 farmacias distintas de cuatro provincias”, explicó Regazzoni.
En tal sentido, el exministro de Salud de la provincia y actual senador por el departamento Rosario, Miguel Ángel Cappiello, aseguró que “el mercado de la salud no es transparente, y menos en el Pami”. El legislador hizo una presentación en la Cámara alta donde pide a sus pares declarar su “preocupación por las prácticas ilegales del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami), denunciadas penalmente por el actual director, Carlos Regazzoni”.
Pero más allá de las formalidades, en diálogo con Diario UNO, Cappiello también planteó que se modifiquen algunas cuestiones en la compra de medicamentos y que “se establezcan algunas regulaciones en la cadena de comercialización” de los fármacos. “En salud el mercado no es transparente. Si uno lo maneja con los valores del mercado, uno ve que es una salud muy cara para resultados demasiados malos, sobre todo en el Pami”, aseguró.
Sin vueltas, el exministro propone que se descentralice el Pami y que sean las provincias las que se hagan cargo de la atención y del control de las prestaciones. Eso sí, los Estados provinciales deberían recibir la parte del presupuesto del Pami que les correspondería de acuerdo a la cantidad de pasivos que deban atender. “Estamos convencidos de que eso debería ser así porque estamos pensando en un sistema único de salud y donde el referente, el que tiene que manejarlo, es el Estado. Si nosotros manejamos el dinero y contratamos los servicios, porque evidentemente hay que contratar servicios, se lo puede hacer de forma más transparente y más honesta”, afirmó.
De esa manera, Cappiello está convencido de que se puede controlar mucho mejor el servicio que reciben los beneficiarios que viven en la provincia y a los prestadores. “Pero esto no va a ser sin conflicto, porque hay muchos que viven del Pami”, advirtió y dio un ejemplo: “Pensemos en los servicios fúnebres; se mueren más de 10.000 personas por mes en el país y siempre hay que pagar, porque lo que paga Pami, que no siempre es en tiempo y forma, no satisface los costos. Los medicamentos, las prótesis, las internaciones. Que haya lista de espera para operar un tumor habla de que el sistema no está funcionando”.
Para que en el Pami haya negocios ilegales como los denunciados por Regazzoni, es imprescindible que no haya información clara y precisa. El legislador rosarino pregunta en voz alta: “¿Cuántos afiliados tiene Pami? Dicen 4 millones. ¿De dónde, quiénes son? Como era un sistema capitado era una de las mejores formas de corrupción”, definió y ejemplificó: “Yo te entregaba una cápita de 300.000 afiliados y te pago tanto por cápita, pero vos vas a atender 100.000”.
El problema es que el “padrón es inexistente”. Para la compra y venta irregular de medicamentos había gente que estaba muerta y que nadie la bajó del padrón. Pero también había gente que no era jubilada o se inventaba un nombre, pero figuraban en el padrón de afiliados. “Eso no solo era para las farmacias, sino también para las cápitas de prestaciones”, aclaró y dijo que la falta de datos estadísticos hace que hoy no se sepa de qué se están muriendo los jubilados o qué patología tienen. Lo cual hace que todo lo que se invierte no sirva en calidad de vida.
“Si uno lograra descentralizar, que esté en el nivel central lo que uno tiene que hacer y que se controle; pero a los niveles más bajos, más locales uno podría controlar que tengan un mejor servicio de salud y garantizar que en los lugares en los que hay dificultades para tener recursos humanos, también garantizarles la atención porque sino no tienen lo que por contrato se hace”, advirtió.
La prestación del Pami a los jubilados santafesinos no es buena. No deberían pagar plus, y cualquier jubilado paga, excepto en los dos policlínicos de Rosario (que pertenecen al Pami), que son una única experiencia en el país. “Entre las demoras para conseguir una prótesis, para conseguir un oncológico o que le den para un estudio de alta complejidad un turno prolongado porque el Pami no lo tiene y debe ir al privado, hace que la salud se les deteriore en un momento en el que se consume mayor cantidad de servicios de salud”, argumentó.
El impacto en las prestaciones
Todo dinero que se desvía en el Pami, es un beneficiario que no está recibiendo la atención que corresponde. Cappiello no se mostró sorprendido por la denuncia de Regazzoni y recordó que esa fue una denuncia que en su momento había hecho Graciela Ocaña. Y que por una situación exactamente igual a esta está preso el que era secretario general de los bancarios, Juan José Zanola.
Se sabía que existía un desfalco con los medicamentos. El sistema de compras de medicamentos del Pami es centralizado, con lo cual solo un sector en Buenos Aires compra y siempre circuló que era una de las instituciones más corruptas que había. El hecho de que uno no pueda tener un padrón exacto de la cantidad de jubilados y pensionados, hacía que jubilados que estaban muertos seguían comprando medicamentos. Siempre estuvo la sospecha de que desde la receta del Pami se abastecían familias enteras”, dijo.
Luego añadió: “Eso puede suceder en otras obras sociales también, pero tienen un mayor control. El descontrol del Pami hizo que se llegaran a facturar más de 5.000 millones de pesos, ahí hay connivencia de los distintos sectores que hacen a la cadena de distribución y al nivel gerencial de Pami. Eso es un grave deterioro a la salud de los jubilados que no reciben lo que no tienen que recibir”.
Cappiello remarcó que los desmanejos en el Pami se dieron en todos los niveles y recordó el caso de Luciano De Césaris, un interventor general que un día se aumentó el sueldo a más de 100.000 pesos y que la presidenta se lo tuvo que bajar y hoy está embargado en más de un millón de pesos. “Esto perjudicó notablemente a la obra social de los jubilados, que tiene un presupuesto muy alto pero que no da la salud que corresponde a los jubilados. Es un sistema capitado, que depende de dónde uno viva tiene o no servicio. Cuando uno dice que se robaron $5.000 millones del Pami, hubo gente que no recibió atención”, subrayó.
Qué pasa en la provincia
En su denuncia, Regazzoni dijo que las operaciones ilegales de venta de medicamentos involucraba a farmacias de cuatro provincias. Cappiello asegura que “Santa Fe está afuera, ahora”, pero “en algún momento también estuvo adentro”.
En ese sentido, explicó de qué manera se puede transparentar la cadena de comercialización de los fármacos. “Esto de los medicamentos era muy fácil de hacer y donde intervenían distintos sectores. Por eso en el 2012 (siendo ministro de Salud) hice una resolución donde prohibía la venta entre droguerías. Eso nos permitía tener la trazabilidad de un medicamento. El medicamento lo fabrica un laboratorio, lo comercializa una droguería y lo recibe una persona. La gran denuncia era que se vendía medicamentos donde no había farmacias ni farmacéutico. Con esa resolución nosotros pudimos regular la situación en la provincia”, aseguró.
Además, en su momento Cappiello le envió una copia de la resolución al titular de Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), Carlos Chiale –que fue echado y ahora fue repuesto en el cargo–, y quiere impulsar esa medida en todo el país: que se prohíba la venta entre las droguerías.
“Acá en su momento tuvimos facturas de La Rioja que traían como venta de medicamentos a los hospitales de la provincia. También teníamos diferentes precios para un mismo producto y que iban más allá del costo del transporte. Eso tenía que ver con cómo se comercializaba. Si se permite que una droguería le venda a otra y esa a su vez a otra y así sucesivamente, siempre se encarece el producto. Eso en Pami no se da. Ahí se compra de una forma, con connivencia de laboratorios, droguerías, farmacéuticos y médicos. Esa era plata que faltaba en la atención médica. Pero eso se podía hacer truchando el padrón”, aclaró.
Pero, además, destacó que la crema del negocio no es con las aspirinas, sino con los medicamentos de alto costo como los oncológicos, las insulinas, los inmunosupresores, entre otros.
Por eso, cuando se suma una equis cantidad de unidades, el volumen de la venta se hace muy importante. Para terminar con parte del negocio, Cappiello sostiene que es imprescindible implementar la prohibición de venta entre droguerías y hacer un saneamiento de los padrones de afiliados al Pami.
“Pami está compuesto por jubilados, pensionados, veteranos de Malvinas, que no aportaron, por madres de más de siete hijos y por mayores de 70 años que no tienen seguridad social y pueden optar a la obra social de Pami. Eso hace que el presupuesto sea demasiado grande para darle respuesta a toda esa gente. Centralizadamente hay un grupo que maneja todo el dinero. Acá no viene el dinero, sino que va directamente a los prestadores. Todos facturan a nivel central y el control se hace muy difícil. Por eso nosotros queremos descentralizar el Pami”, justificó.
“Acá o en cualquier provincia –prosiguió– se puede atender mucho mejor la cuestión administrativa y la atención de los jubilados y no que estén expuestos a un nivel central que uno no sabe cuándo deciden no pagar y los jubilados se quedan sin servicio. En farmacia eso suele suceder, o no cobran los médicos de cabecera y suspenden el servicio. Por eso creo que es el momento de descentralizar el Pami”.
La situación en el Iapos
Al ser consultado sobre los padrones del Iapos y por los mecanismos de control del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social, el exministro remarcó que los padrones son más claros porque son los empleados públicos y los jubilados públicos, salvo en Santa Fe donde hay un convenio de Iapos con una asociación empresaria que permitió que esas personas también se atienden con la obra social provincial.
Sin embargo, aclaró que a eso se le puso un coto. Además, destacó el proceso de modernización que tuvo el Iapos en los últimos años y cómo eso repercutió en la atención a los beneficiarios que “hoy pueden sacar sus órdenes de consulta en un cajero automático”.
En cuanto al control en la compra de medicamentos “tiene un convenio con el Colegio de Farmacéuticos de la Primera Circunscripción desde hace muchísimos años y que se lo fue aggiornando y mejorando”.
“Por una charla que tuve con el ministro de Salud (Miguel González), están viendo cómo se compra mejor. Ya que hay tanta cantidad de medicamentos se puede comprar a economía de escala, en compra centralizada, tanto para los hospitales públicos como para el Iapos. En el Iapos, los medicamentos tienen distintos descuentos. Hay algunos que son absolutamente gratis como los de la diabetes y los oncológicos. Y las nuevas tecnologías y los nuevos medicamentos que están apareciendo aumentan cada vez más los costos. Hoy se está estudiando cómo mejorar las compras”, aseguró.
Mientras que la atención también se brinda mediante convenios con las asociaciones médicas o de clínicas y sanatorios. “A través de los rendimientos de los indicadores que tenemos se pueden controlar muy bien. Es un convenio que mejoró mucho la prestación”, aseveró.
La presencia del Estado
“En una salud fragmentada hoy no aparece un emergente que tiene que ser el Estado. El Estado nacional dónde está en salud. Tiene cero efectores. Salvo el Posadas y el Borda, en ciudad de Buenos Aires, no tiene efectores”, se quejó y amplió: “Pero tiene que estar y no solo con infraestructura. Del Estado nacional, del gobierno anterior, en salud no recibimos nada. Lo único que nos dio a nosotros fueron ocho ambulancias del Plan Nacer y la plata para comprar el tomógrafo del Hospital Centenario (Rosario) que me dio Manzur (Juan, exministro de Salud nacional) porque yo le fui a llorar”.
También recordó que la entonces presidenta Cristina Fernández, “en uno de los mensajes al Congreso, dijo que iba a construir 35 hospitales en el país, acá ni uno; 80 centros de atención primaria de la salud, acá nada. Todo lo que se hizo fue con presupuesto de los santafesinos”.
Asimismo mencionó que la producción pública de medicamentos, “es la política pública de salud que a nosotros nos enorgullece”, pero que “es el Estado nacional el que tiene que garantizar la salud. Eso se soluciona con un papel de rectoría del Estado. Hoy se está lejos de eso. Presentamos el sistema único de salud cuando yo asesoraba a Hermes Binner en la Cámara de Diputados, pero ahora eso está parado. Es muy difícil tocar muchos intereses, pero alguna vez habrá una conducción a nivel nacional que permita pensar que una salud diferente en la Argentina es posible”.
Dividir el padrón nacional del Pami en los 24 estados subnacionales (las 23 provincias más Caba) puede ser un buen inicio para mejorar el control sobre los prestadores de servicios y para garantizar el acceso a la salud de los jubilados. También aparece en las tareas pendientes empezar a establecer regulaciones más estrictas sobre la comercialización de medicamentos y servicios de salud, que permitan transparentar la cadena que en su último eslabón tiene a los jubilados, los más débiles y los más necesitados de una buena salud.
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