La Oficinas de Medidas Alternativas Sustitutivas, oficina que monitorea a los imputados bajo prisión morigerada, dejará de operar el 31 de julio por falta de presupuesto. La Omas funciona en el segundo piso de los Tribunales. Sus integrantes están contratados hasta fin de mes.
La Capital |
Según las consultas que hizo este diario, el expediente con el pedido de presupuesto que cursó la Corte para absorber el servicio deambula hace meses por los despachos del Ministerio de Justicia. Hay 149 personas imputadas con prisión morigerada que son monitoreadas por la dependencia, pero ya se advirtió a defensores públicos, abogados, jueces y fiscales del nuevo sistema, así como a los juzgados de Sentencia del sistema conclusional, que no podrán utilizar más a esa herramienta de control.
La preocupación y la incertidumbre entre distintos actores del Poder Judicial por el riesgo que corría la continuidad de la Oficinas de Medidas Alternativas Sustitutivas (Omas), ya se había puesto de manifiesto en diciembre del año pasado, ya que el 31 de ese mes vencía el contrato que la ligaba con la Corte Suprema de Justicia.
Seguimiento. La Omas comenzó a trabajar en Tribunales a fines de 2012, cuando la Corte firmó un convenio con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) que impulsó la oficina como prueba piloto en varios puntos del país luego realizar abordajes disciplinarios acerca de los efectos de la prisión preventiva en Argentina y la eventual capacidad lesiva de derechos que acarrea.
El rol que cumplen las tres empleadas que hay en Rosario —una abogada, una trabajadora social y una terapista ocupacional— es el relevamiento, seguimiento y control de personas imputadas de quienes, en base a un acuerdo entre la defensa y la fiscalía, hayan sido autorizados por jueces a transitar el proceso bajo ciertas restricciones sustitutivas a la prisión efectiva, como arrestos domiciliarios con salidas laborales.
También se hace el seguimiento a quienes se les imponen prohibiciones de acercamiento a un tercero. Los acusados deben presentarse periódicamente a firmar un registro para dejar constancia de que no salieron de la ciudad y que están cumpliendo con el mandato. También se hacen visitas a los domicilios para verificar que cumplan con los requisitos.
Vencidos. A las profesionales de la Omas se les venció el contrato el pasado 31 de diciembre. Y a pesar de que su coordinadora notificó esa situación a la Cámara Penal para que desde allí se advierta a la Corte, sólo se dieron respuestas coyunturales.
Mientras desde el superior tribunal de Justicia decían realizar gestiones ante el Ejecutivo para la asignación de partidas, la relación laboral se extendió de forma precaria hasta febrero de 2015. Pero pasó marzo y abril casi en las mismas condiciones y fue el Inecip quien afrontó el pago de los salarios de esos últimos meses, que se cobraron en mayo.
En tanto, desde el Ministerio de Justicia santafesino respondían que el expediente estaba bajo análisis de su titular, Juan Lewis, y del área de recursos humanos de esa cartera. Y que hasta que se diera una respuesta definitiva, harían contratos temporales por un año para darle continuidad al servicio.
Entre idas y vueltas ya quedó atrás el primer semestre de 2015. Y a las profesionales del Omas les cuesta seguir adelante en medio de una palpable incertidumbre laboral. Por eso decidieron apelar a sus superiores de la Cámara Penal para que desde allí se advierta a los actores del sistema penal que no habrá más control de medidas alternativas sustitutivas a la prisión.
Demorado. En esta coyuntura, desde la Corte dijeron a LaEN_SPACECapital que la solución no depende ellos. Sino que es el Ejecutivo quien demora en responder si gira la partida presupuestaria EM_DASHsolicitada formalmente desde la secretaría de la CorteEM_DASH que sería destinada a crear los cargos, realizar un concurso para cubrirlos y asignar infraestructura, como marca la ley orgánica de Tribunales.
Cuando el pasado 29 de diciembre este diario publicó una nota donde ya se alertaba de esta situación, una calificada fuente de la Corte afirmó: "El Poder Judicial se hace cargo del Omas, lo va a absorber como un servicio propio en un proceso que se concretará durante el primer semestre de 2015. Quedó demostrada su efectividad".
Sin embargo, nada de eso ocurrió. Y lo cierto es que el 16 de junio la Omas remitió un mail a los responsables de la Fiscalía Regional, de la Defensa Pública, de la Cámara Penal y de la OGJ para que no deriven más personas sometidas a medidas alternativas porque el 31 de julio cesan sus actividades (ver aparte).
¿Qué consecuencias acarrea el cierre de la oficina? Que jueces, fiscales y defensores se queden sin una herramienta valiosa para el control de los acusados. Rosario, junto a las comunas de La Banda, Añatuya y Frías (Santiago del Estero), fueron los distritos nacionales que apostaron a desarrollar la experiencia.
Por su efectividad y la buena recepción que tuvo el servicio en Tribunales, el Poder Judicial proyectaba una oficina idéntica para la ciudad de Santa Fe. Lo que hoy parece atascado en un laberinto burocrático.
Preocupación en la Cámara
Un documento que demuestra la situación a la que llegó el Omas se evidenció con la nota que el 8 de julio remitió la Cámara Penal de Rosario —que coordina la oficina— a la titular de la dependencia, María Belén Giacosa, a quien le notifica por cuestiones "ajenas" el cese de la oficina ante "dificultades insoslayables verificadas para mantener los recursos humanos".
"Los que suscriben, Daniel Acosta y Alfredo Ivaldi Artacho, codirectores de la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas a la Prisión Preventiva (Omas) dependiente de la Cámara de Apelación Penal de Rosario, tienen el agrado de dirigirse a la coordinadora a los fines de poner en su conocimiento que en atención a las dificultades insoslayables verificadas para mantener los recursos humanos a cargo de esa oficina por razones ajenas a esta Cámara y Dirección, y hasta tanto se recreen las condiciones para su continuación, cesarán los servicios que actualmente presta", suspensión que operará "a partir del 31 de julio de 2015", dice textual la misiva.
Con el propósito de que se tomen medidas urgentes para paliar la situación, también sugieren que "en lo inmediato se informe de lo dispuesto" a las oficinas de OGJ de primera y segunda instancia —para conocimiento de los jueces que intervengan en cada caso— a la Fiscalía Regional y a la Defensoría Regional (nuevo sistema), a los juzgados de Sentencia (sistema conclusional), los casos existentes bajo actual supervisión en cualquier tipo de medida alternativas o sustitutivas".
Algunos casos conocidos
Entre los 149 arrestados bajo control de la Omas están los 15 acusados de integrar una banda de falsos secuestros que accedieron a arrestos domiciliarios. Otro caso conocido es el de Federico Gómez, que va a firmar cada semana a la oficina tras ser condenado a tres años de prisión condicional por el homicidio culposo de Emiliano Cáceres Ferreyra y Fecundo Aguirre, el 22 de febrero de 2014 en un incidente de tránsito en Pellegrini y Provincias Unidas.
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