Ricardo Spadaro quiere cambiar desde el uniforme de los efectivos hasta los contenidos que se dictan en su formación. El ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, pidió “prudencia”. Dijo que es necesario “dialogar y consensuar” para que el remedio no sea peor que la enfermedad.
De la redacción de El Litoral
En plena transición, distintos funcionarios comenzaron a hablar sobre la necesidad de impulsar una nueva reforma policial en la provincia. El propio gobernador electo, Miguel Lifschitz, dijo que sometería el nombre del futuro jefe de las fuerzas a la opinión de la Legislatura. Pero fue un funcionario del gobierno saliente quien sorprendió, a sólo meses de concluir su gestión, con la propuesta de hacer cambios profundos en la ley. Se trata de José Ricardo Spadaro, secretario de Análisis y Articulación de Asuntos Interministeriales, quien habló de cambiar desde el uniforme de los policías hasta las materias y contenidos que se enseñan durante la formación del agente. Dijo que no se puede conducir “erráticamente” la fuerza, y que es necesario echar a “los 3 mil atorrantes” que están con carpeta médica.
Con mucha menos vehemencia, se sumó a la polémica el actual ministro de Seguridad, Raúl Lamberto. Consultado por El Litoral, no rechazó la necesidad de actualizar la legislación, pero exigió “prudencia, diálogo y consenso”.
—Se está hablando en la provincia de una nueva reforma policial. ¿Esto quiere decir que lo hecho hasta aquí no es suficiente, ha fracaso o no ha sido lo correcto?
—Que se hable de una reforma a las leyes policiales, en general, todos en algún momento lo hemos planteado. Incluso, en lo que ha sido posible lo hemos tratado de corregir a través de decretos porque había disposiciones que así lo permitían. Creo que en el futuro reformar una ley o las leyes policiales necesitarán de mucho consenso en lo que es el cuerpo ejecutivo y el vínculo con la policía, y mucho diálogo con los legisladores. En esto, hay que trabajar con muchísima prudencia porque de la ley de 2006 que se cuestiona a la actualidad pasaron diez años, y hay una realidad que no es la misma. Y hay que tratar de que lo que se haga no genere problemas o más discordancias. Hay que trabajar con muchísima prudencia, responsabilidad y muchísimo diálogo.
—¿Aquella ley quedó desactualizada a su juicio? -insistió El Litoral.
—Esa ley fue parte de una realidad donde en general no se tuvo en cuenta una transición, y esa transición afectó a algunos sectores de la fuerza de seguridad. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos entre los suboficiales, todo un segmento de policías que eran cabos, sargentos, etc., y que quedaron todos bajo la categoría de suboficiales, sin diferencia de antigüedad y de rango lo cual les quitó la cadena de verticalidad que debe tener una fuerza policial. Creo que ha sido un tema no menor haber desarmado lo que era la Escuela de Oficiales porque era prestigiosa, y nosotros hoy tenemos que reivindicar la necesidad de buscar alternativas educativas para que los mandos se capaciten y se formen como lo estamos haciendo. Pero era una escuela de muchos años y prestigio, que era necesario en su momento haber defendido. No es que el (actual) Instituto de Seguridad Pública la haya desjerarquizado, sino que lo que se estudiaba era la formación del oficial de policía.
—¿Es posible elegir un jefe de policial con consenso de la legislatura?
—No quiero opinar porque es una decisión del gobernador y tendrá que ser parte del diálogo entre el Ejecutivo, el futuro gobernador y el Legislativo. Creo que en materia de diálogo interinstitucional todo es posible. Lo importante es que haya diálogo. Estoy convencido de que en materia de seguridad no puede haber relaciones impuestas. Tiene que haber mucho consenso, primero ante los actores: gobierno, ministerio, fuerzas policiales. Y luego entre con el cuerpo legislativo que tiene su mirada y su impronta. No creo que allí haya miradas totalmente coincidentes porque hay posicionamientos institucionales que los conozco y hará falta dialogar mucho.
—Spadaro habló de tres mil atorrantes que están con carpeta médica y que hay que sacarlos de la fuerza. ¿Ésa es la situación actual? -indagó El Litoral.
—En esto quiero ser prudente; ésa es la opinión de un funcionario. Hay que ser cauto. Sí, tiene que haber sanciones efectivas. La disponibilidad es una medida transitoria y tiene que ser por un tiempo. Pasado ese tiempo o vuelve al servicio o se va de la fuerza, pero lo que no puede haber es una cosa intermedia donde sigue cobrando y no presta servicio.
—¿Ésa es la cantidad de efectivos que está con carpeta médica? -reiteró este diario.
—Son dos temas: uno es el de las disponibilidades que son indicativas de algún grado de hecho previo que generó la disponibilidad. La carpeta médica tiene dos miradas: por una parte, la tarea policial es de riesgo y como tal es generadora de estrés traumático, que muchas veces es valorado por los médicos como parte de traumas que vive la policía. Pero por otro lado, hay abusos de quienes no quieren prestar servicio, por ejemplo alejado de su domicilio, y abusan de la carpeta médica con una mirada bastante flexible de quienes deben juzgar la patología policial. Y esto le hace mucho mal a la fuerza policial porque pone en duda todo el sistema. Tenemos que ir hacia un sistema donde se valore que el respeto a los reglamentos sea lo apreciado por el ministerio y el uso abusivo sea castigado.
“Un récord” frente al Ministerio
Una vez más, Raúl Lamberto desestimó la posibilidad de seguir siendo ministro de Seguridad en un eventual gabinete de Miguel Lifschitz. El dirigente socialista opinó que haber estado más de tres años al frente de la cartera “es todo un récord”, y consideró necesario el recambio.
“Yo asumí como ministro de Seguridad dejando un cargo como legislador, que me gustaba y que tenía otra impronta inclusive en lo personal, porque había que darle un perfil político al Ministerio. Fue una decisión muy fuerte del gobernador y creo que fue un acierto. Todo lo que se había vivido nos indicaba que hacía falta mucha presencia política y mucho respaldo para poder asumir la responsabilidad, y en cierta forma, poner en marcha un plan de seguridad que hoy funciona. Pero creo que después de más de tres años, todo un récord -acotó-, tiene que haber un recambio”.
Aún así, se confesó un “militante político”, y dijo saber que las decisiones “son colectivas y se toman en conjunto”. “Estoy seguro de que voy a ser escuchado -confió-, y si logramos una promoción de conducción del ministerio que se base en los equipos que se han formado y que son importantes, creo que va a ayudar a una nueva impronta en materia de seguridad”.
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