Aclaración del Poder Ejecutivo sobre la Oficina de Medidas Alternativas Sustitutivas

Ante distintas notas periodísticas que dan cuenta de la operatividad de la Oficina de Medidas Alternativas Sustitutivas (Omas), el gobierno de la provincia aclaró que dicha oficina no pertenece al Poder Ejecutivo sino que funciona en la órbita del Poder Judicial en el marco de un convenio con una ONG.

Así lo manifestó el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, quien explicó que “la Omas comenzó a funcionar en la ciudad de Rosario por decisión del Poder Judicial, que materializó esa decisión a través de un convenio con una organización no gubernamental”.

 El funcionario recordó que en diciembre pasado, dos semanas antes de que venciera el convenio con la ONG, el Poder Judicial solicitó al Ejecutivo que le proveyera tres cargos para las profesionales que se dedican a controlar las medidas sustitutivas de la prisión, arrestos domiciliarios o prohibiciones de acercamiento.

 “Los cargos no se pueden proveer de un momento a otro porque todo cargo público debe ser creado por ley. No obstante ofrecimos la posibilidad de contratos temporarios, por unos meses, mientras la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe soluciona la cuestión de fondo arbitrando los medios para contemplar esos tres cargos, ya sea incluyéndolos en el presupuesto o redireccionando cargos que van quedando sin funciones en razón de la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal”, dijo Lewis.

 El ministro señaló que los contratos propuestos como salida transitoria aún no se pudieron realizar porque recién hace un mes los profesionales involucrados acompañaron toda la documentación requerida y subsanaron algunos defectos como incompatibilidades horarias y de inscripción tributaria.

 “La Omas depende del Poder Judicial, que debe proveer una solución definitiva”, agregó el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, expresando que desde su cartera existe una mirada crítica sobre el funcionamiento de esta oficina creada como prueba piloto.

 “Creemos que la naturaleza de la tarea no debe ser burocratizada sino con inserción en el territorio, en contacto con las instituciones de la comunidad en las que están insertas las personas controladas de modo de proveerle al juez los elementos necesarios para diseñar correctamente la medida idónea al caso concreto y luego que se garantice un control efectivo”, finalizó Lewis.-