El intermediario Francisco Lapiana busca que la Justicia Federal pruebe un fraude del jugador y Boca Juniors al tesoro para cobrar más por una transferencia.
La Capital |
Como apoderado de futbolistas la historia de Francisco Lapiana se recorta del resto de quienes se dedican a ese rubro. Desde hace ocho meses este rosarino de 72 años está con procesamiento confirmado por integrar la asociación ilícita en la que están sindicados como jefes los líderes de la Banda de Los Monos, sospechado de blanquear para ellos dinero ilícito mediante la compraventa de jugadores. Mientras Lapiana disputa en este frente legal, desde el reducto donde cumple prisión domiciliaria da también otra singular batalla: aspira a demostrar que el Club Atlético Boca Juniors lo defraudó a él y al Tesoro Nacional al hacer figurar la venta del volante Ever Banega por once millones de dólares menos de lo que en realidad el club recibió por aquel pase.
Lapiana no quiere renunciar a que le reconozcan un porcentaje del pase del jugador por el mayor monto que, según afirma, Boca cobró sin declarar formalmente. La omisión implicó no sólo una tajada más reducida para él sino una estafa al fisco que percibió impuestos sobre una transferencia cifrada en 15 millones de dólares cuando en realidad el Valencia de España pagó por Banega 26 millones de esa moneda.
El abogado de Lapiana pretende que el Estado nacional determine el monto real de la operación para recuperar los tributos que dejó de cobrar. La estrategia de que el bien jurídico a proteger sea el derecho del Estado a percibir impuestos es, en este caso, lo mejor que le puede pasar a Lapiana. Si llegara a determinarse que se falseó el monto él quedaría a las puertas —así lo espera— de reembolsar una fortuna. La denuncia presentada alternó en una discusión de incumbencia entre un juzgado federal rosarino y el que está a cargo de Norberto Oyarbide en Buenos Aires, que estima no ser competente alegando que Banega tiene domicilio fiscal en Rosario.
Porcentaje. Cuando Banega llegó a Boca en 2006 Lapiana era el representante y dueño de su pase, según cuenta su abogado, Marcelo Martorano. Al incorporarse el jugador al plantel xeneize Lapiana cedió sus derechos económicos y federativos pero mantuvo el contrato de representación.Dos años después Boca vendió al futbolista al Valencia a través de otro intermediario, Eduardo Simonián, porque el jugador revocó el contrato de representación de Lapiana. Pero la comisión por una negociación de su pase, en virtud del contrato según asegura el abogado, se la tenía que pagar igual.
"A pesar de que la transferencia no la cobró Lapiana, éste tiene igualmente derecho a percibir por parte del jugador el 10 por ciento del valor de venta en virtud del contrato de que lo vinculaba", afirma Martorano.
Para el abogado, quien le debe a Lapiana es Banega, y por eso lo demandó en el fuero civil. Pero para demostrar la existencia de la deuda se debe determinar que con la misma operación Boca defraudó a la Afip. Ese propósito del intermediario rosarino tropieza con los propios dictámenes del organismo recaudador. Para la Afip no hay delito porque el volante central abonó los impuestos correspondientes a la venta por 15 millones de dólares. Lo que dice Lapiana es que si la Afip investiga establecerá que Boca cobró 11 millones de dólares más que esa cifra y que por eso omitió tributos.
Desvío. "La División Fiscalización Nº 1 de Rosario no sólo demoró en demasía el trámite para determinar el auténtico valor de la transferencia sino que se desvió abiertamente el objeto encomendado judicialmente". El abogado de Lapiana le cuestiona a la Afip haber incurrido en incumplimiento en tanto no constató el auténtico monto de la transacción. Presentó para ello publicaciones nacionales e internacionales que refieren que el negocio se cerró en 26 millones de dólares.
La causa inicial recaló en el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario a cargo de Carlos Vera Barros. Se caratuló Sumario Averiguación Ley 24.769 Ever Banega y Otros. En ella se denuncia una maniobra de evasión fiscal del jugador y de Boca Juniors. El fiscal Federal Nº 2 actuante en el caso solicitó archivar la causa al considerar que no había delito. Vera Barros alegó que la competencia del pleito era en Capital Federal en virtud del domicilio del club que vendió al jugador. Oyarbide devolvió el expediente a Rosario.
"Hay un contrato formal registrado en AFA por 11 millones de pesos. Pero el mayor monto de la venta surgirá claramente con sólo revisar los libros contables y las actas de comisión directiva y asambleas de socios de Boca en donde está claro que el jugador se vendía en 26 millones", dice Martorano.
"La Afip —añadió— da como un hecho irrefutable que el jugador fue transferido por la suma falsamente declarada a la AFA conforme al contrato allí inscripto, ocultando el monto real de la operación, informando que el jugado abonó 2.250.000 dólares, en base a una venta de 15 millones. Pero la Afip no investigó nada. Boca debió ser objeto de una auditoría e investigación exhaustiva revisando sus balances de 2008 y eso no se hizo. Es absurdo que la Afip le revise los papeles a Banega para que vean lo que declara. La verdad de lo que se pagó y no se tributó está en las actas oficiales de Boca Juniors".
Martorano presentó publicaciones de diarios españoles como el periódico deportivo As que consignan que el monto de la operación fue 18 millones de euros (casi 26 millones de dólares). También medios locales como Clarín, Infobae y la agencia de noticias Télam reportando que el negocio se hizo en la última cifra aludida. El abogado pidió a la Justicia Federal que rechace el archivo de la causa instado por el fiscal "debido a que se puso en evidencia la inexistencia absoluta de investigación tendiente a determinar que se defraudó al erario público nacional".
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