—Si la Justicia les decide en contra, ¿qué harán ustedes?
Olmos: Y, vamos a hacer lo que la Justicia decida. No nos vamos a oponer. Gómez: No sé, al pueblo no me voy. ¿Después de qué vivo?
O.: Nos gustaría que un juez lo decida. Y que se hagan valer nuestros derechos. Pero si nos tenemos que ir, no nos vamos a oponer. Que la ley decida eso, no cualquier persona.
G.: Lo lamentable sería para qué renegamos tanto.
O.: Si la ley dice que tenemos derecho a tal cosa, que se cumpla. Ahora, si dice que no tenemos derechos, vamos a respetar lo que dice.
Quienes hablan son Hugo Aníbal Gómez (46) y Claudia Olmos (37), el matrimonio de trabajadores rurales que vive en una de las propiedades ubicadas dentro de la estancia El Carmen, a 70 kilómetros de Santa Fe y unos 10 de San Mariano, un pueblo de 500 habitantes, del departamento Las Colonias. Se trata nada más y nada menos de un campo que fue propiedad de los descendientes de Cornelio Saavedra, donde vivieron entre otros el gobernador de Buenos Aires, Mariano Saavedra (de allí el nombre del pueblo próximo) y el diplomático Carlos Saavedra Lamas, Premio Nobel de La Paz en 1936 por sus gestiones para detener la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay.
En el campo. Una imagen obtenida esta semana en la etsancia. Gómez, Olmos y dos de sus hijos.
Este campo de unas 2.500 hectáhectáreas y todo lo allí existente es parte de una fenomenal controversia judicial que involucra al último peón rural que quedó en la estancia, su familia y una reconocida ONG ambientalista, Vida Silvestre. El meollo de este asunto es que Gómez y Olmos se consideran propietarios del predio, sus instalaciones, sus explotaciones agrícolas y más de un millar de vacunos que allí se crían. Del otro lado está la petición del cumplimiento del testamento del último dueño del campo, Carlos Roque Saavedra Lamas, fallecido en 2011, hijo del Nobel de la Paz, quién
benefició con el legado a Vida Silvestre.
La organización, de acuerdo a lo que Carlos Roque dejó escrito, se quedaría con el producido de la
venta del campo, deducidas todas las obligaciones por pagar. Las estimaciones más cautelosas ubican el valor absoluto del campo entre los ocho y los 10 millones de dólares.
Además del juicio sucesorio, en manos del juez Civil de Primera Nominación de Capital Federal, Gustavo Caramelo Díaz, hay otras causas que se entremezclan en la disputa como la demanda por usucapión de la familia rural para reclamar la potestad del campo en el Juzgado Civil de la Primera Nominación de Santa Fe, a cargo de Viviana Edit del Corazón de Jesús Marín; denuncias penales por abigeato y usurpación contra los trabajadores rurales en la fiscalía de Esperanza; amparos ante un tribunal extracontractual santafesino; exposiciones policiales en el destacamento de San Mariano,por lo tanto los actores se multiplican. Muchos tienen algo para decir, pero hay dos actores que son claves: la pareja que vive en el campo con su familia. Hasta San Mariano fue Diario UNO de Santa Fe, para entrevistarse con ellos.
Sin lugar para enemigos
La situación en El Carmen es un tanto onírica. Gómez y Olmos habitan la amplia vivienda destinada a los peones. Más allá de un alambrado que delimita el patio, se ven varios caballos pastando muy cerca de unas palmeras y una vegetación autóctona exuberante que se pierde en la inmensidad. Hacia un costado hay más edificaciones, una es un galpón, la otra en algún momento fue una oficina administrativa. Más allá hay un corral con boyero eléctrico, donde se ven chanchos (había uno
en engorde, a días de ser carneado, según explicó el peón), vacas lecheras, perros. Alrededor de todo esto, se observaba un grupo de hombres, que ofician casi como una custodia de Gómez, su mujer y su familia. Con machete al hombro y cuchillo a la cintura, uno de estos “custodios” estrechó la mano del cronista y advirtió, un poco en broma, un poco en serio: “Acá no hay lugar para los enemigos”. Además, junto a la pareja, que tiene cuatro hijos, se encontraban otras mujeres y algunos chicos. “Son gente amiga que viene a acompañarnos”, dijo Olmos.
A no más de 300 metros de allí, sin ningún tipo de separación con lo anterior, está lo que se llama el “edi-ficio histórico”, donde residieron los Saavedra Lamas. Ese sector del predio, al que se llega caminando bajo la galería natural que conforma la arboleda existente, está controlado por enviados de la administración de la sucesión. Al momento de la visita de UNO Santa Fe había dos hombres allí,
también con cuchillos en la cintura. La imagen es común en la ruralidad, pero cuando lo que está en discusión son decenas de millones de pesos, las connotaciones son otras.
La tensión en el lugar ha ido en aumento desde que la administración de la sucesión ha intentado cumplir mandatos del juez porteño para ingresar al predio y auditar lo existente. Hubo situaciones violentas, que derivaron en denuncias cruzadas. Lo que sigue es parte del diálogo de este medio con Gómez y Olmos, quienes hablaron acompañados por el abogado santafesino Raúl Freyre Iturraspe, representante de ellos en todas las causas en marcha junto a la letrada de Santa Clara de Buena
Vista, María del Corazón de Jesús Iturraspe Freyre.
Permanecer. El matrimonio expuso sus planteos para quedarse allí.
—¿Con esta gente que los acompaña se sienten tranquilos?
Gómez: Nos sentimos más tranquilos, más resguardados.
Olmos: A nosotros nos cambió la vida la presencia de esta gente (señala a quienes están en la residencia principal).
G.: Que venga un tipo y te amenace con una pistola. No estamos acostumbrados a eso nosotros.
O.: Nosotros antes andábamos más a nuestro libre albedrío. Nos íbamos, dejábamos los chicos en algún lado, salíamos un rato. Sabíamos que volvíamos y está todo igual. Ahora ya no lo podemos seguir haciendo.
—¿No dejan nunca la casa deshabitada?
G.: ¡Y si dos veces que salimos, volvimos y nos encontramos con los candados y las puertas cortadas!
Rompieron la puerta acá de la casa.
O.: Ya no tenemos vida.
G.: Lo que te digo pasó la primera
vez y después vinieron de vuelta.
—Y antes de todo esto, ¿ustedes iban hasta allá, al edificio histórico? ¿Entraban?
G.: Limpiábamos nosotros.
Freyre Iturraspe: Ellos mantenían la casa, con todo lo que allí existía de valor histórico. Cuadros de Saavedra.
G.: Si quieren venir a llevarse todo, que lo hagan, pero uno que sea dueño, ¿no?
O.: Nadie sacó nada.
—¿Cuándo se dieron cuenta ustedes que estaban frente a un problema que debían solucionar? Al de la tenencia de esta propiedad me refiero.
O.: Nosotros no creíamos. Estábamos viviendo bien. Sabemos que no es nuestro.
G.: Acá no venía nadie. Cuando murió Saavedra empezaron a aparecer. Algunos con papeles firmados después de muerto el hombre.
F. I.: A ellos los volvieron locos.
—O sea que eso fue después de 2011. ¿Antes no venía nadie para acá?
O.: Vinieron esos que te decimos con papeles truchos, que decían que ellos eran los dueños y que podían sacar todos los animales y llevárselos a la hacienda.
G.: Entonces después hablamos con él (por el abogado).
—El problema es que esta gente ahora tiene el papel que testifica el legado, ¿no?
F. I.: Sí, pero el transcurso del tiempo.
—Claro, eso es lo que ustedes plantean para exigir la usucapión.
F. I.: Ellos tienen papeles, ¿pero el abandono? Te lo grafico así: a vos el abandono de un predio, de un terreno digamos, donde quedó viviendo un empleado durante años, va generando derechos para esta persona. Porque cuidó el lugar donde se quedó. Nadie le dijo a Aníbal criá estos animales, hacé esto, no hagás aquello. Tenés derecho a pretender sobre la tierra. Pero ahora ellos quieren borrar esa historia.
Entre mates y relatos de anécdotas rurales transita el diálogo, que transcurre en gran parte con la mirada atenta hacia más allá, hacia la residencia principal, donde se ve el ingreso y egreso de una camioneta 4x4. Los enviados por la sucesión habían cumplido su trabajo: llamaron al administrador por la presencia de periodistas.
“¿Vos sabés que por más que seas empleado podés poseer? Se llama interversión de título de propiedad. Eso sucede cuando el dueño por alguna razón dejó de estar en su propiedad y el empleado pasado el tiempo se hace cargo del lugar, dice yo mando acá”. Una aseveración que dejó en el final del diálogo el abogado de los Gómez, casi como una promesa de que a esta historia aún le faltan varios capítulos.
En espera. El frente de la residencia principal, con un sillón vacío como suspendido en el tiempo.
“Algunas medidas judiciales deberían promoverse de manera más urgente”
El abogado Gabriel Somaglia junto a su colega Eduardo Bezombe representan en Santa Fe los intereses de Fundación Vida Silvestre en la polémica causa por la propiedad de la estancia El Carmen, en San Mariano. Somaglia, exsubsecretario de Justicia provincial durante la última gobernación de Jorge Obeid, considera que hay pruebas suficientes para imputarle al peón Hugo Aníbal Gómez los delitos de abigeato y usurpación, que se tramitan en los tribunales esperancinos. Considera que todo es una puesta en escena del peón y que la intención de fondo es que pase el tiempo, lo que pone en
riesgo todo lo que hay en la estancia.
—¿Por qué la fundación aún no pudo cumplir con el mandato testamentario?
—La fundación Vida Silvestre es un tercero que tiene un interés legítimo en este conflicto. El conflicto se traba entre dos partes: por un lado la sucesión de la familia Saavedra y por el otro el señor Gómez y su familia. Ese campo de acuerdo a los títulos registrales públicos reservados en el Registro de la Propiedad de Santa Fe pertenece a la familia de Saavedra. Oportunamente eran de quien fue Premio Nobel Saavedra Lamas y luego lo hereda su hijo Carlos Roque Saavedra, quien al morir en 2011 deja un testamento en el que encarga a un albacea (Roberto Elissalde) que administre los bienes de la herencia, entre ellos este campo y que proceda a la venta y que una vez que lo vendiera, descontados todos los gastos, entre ellos desvincular al personal que dependía de la explotación agropecuaria, darle todo el producido, el precio de la venta, a Vida Silvestre. Ese es el interés de la fundación, percibir el beneficio de ese encargo de la familia Saavedra.
Pero la sorpresa fue que cuando el albacea en octubre de 2013 concurrió a esta estancia, se encontró con actos de hostilidad por parte de Gómez y su familia, imposibilitándole la entrada de un modo no cortés, todo lo contrario, de una manera hostil, violenta.
—¿Hubo uso de armas?
—Fue violento, propinando algunas amenazas, no permitiéndole el ingreso y arguyendo que él era el titular de la estancia por cuanto había ocupado por más de 20 años la misma.
—¿Usted a qué le adjudica esa situación?
—En el año 2011, al fallecimiento del dueño, en Buenos Aires comienza a llevarse adelante el trámite de validación del testamento. Transcurrió un lapso de tiempo no muy prolongado, no más allá de un año, en el que la situación de gerenciamiento o administración del campo estuvo un poco a la deriva, pero solamente por un año, producto de estas condiciones judiciales y testamentarias.
—Estamos hablando de 2011 y 2012.
—Si, hasta principios de 2013. De todos modos hay que destacar que hasta el fallecimiento de Carlos
Roque, él mismo en innumerables oportunidades iba a la estancia, la administraba, la explotaba, dedicándose a la parte ganadera. El señor Gómez contaba con una autorización y firmó innumerable documentación que se debe presentar en el Senasa cuando se compra o se vende hacienda. Y él, de puño y letra, decía que lo hacía por cuenta y orden de la sucesión. Por otro lado, mientras se gesta esta situación de validación del testamento, en ese plazo medio anárquico del cual hablamos, Gómez
se vio un tanto perdido. ¿Y qué hizo?: reclamos de naturaleza laboral, tanto en el Ministerio de Trabajo
de la Provincia, como en la regional de San Carlos, por haberes caídos, vacaciones, e inició un juicio laboral también. Entonces, lo sorpresivo de esto es cuando cambia su estrategia, su visión de esta situación y pretende invocar titularidad o la pretensión de adquirir el campo por poseerlo por 20 años, cosa que no es así porque el ingreso de Gómez al establecimiento no llega a los 20 años.
—A ese juicio lo sigue su mujer ahora.
—Eso es desopilante porque Gómez inicia un juicio de usucapión, luego desiste y lo termina promoviendo su mujer (que no fue empleada registrada del campo), que además acciona para que se la proteja en la posesión que dice tener del campo, y ahora hay una medida cautelar en ese sentido (emanada del Tribunal Extracontractual 4 de Santa Fe). Esto fue durante la feria judicial de julio. Entonces se produce un choque gracioso porque confluyen dos medidas cautelares: por
un lado la disposición de un juez santafesino diciendo “no turben la posesión de esta mujer” y por el
otro el juez del sucesorio de Capital Federal, que pretende proteger el acervo hereditario. Por lo tanto se encarga al albacea que se haga un paro y rodeo para ver el estado de la hacienda, la cantidad, la marca, el estado y situación del campo. Allí se verifica que muchas cabezas de ganado poseen una marca, que parecería evidenciar que pertenecería a Gómez, pero esa marca no posee ningún sustento documentario ni registral habilitante. Tras esto se hizo una denuncia penal en Esperanza por abigeato y usurpación sustentado en este abuso de confianza e infidelidad por parte de quien era el encargado o peón principal de esta estancia. Esperamos que se imprima agilidad a los trámites, ya que ha transcurrido un tiempo considerable, deberían promoverse algunas medidas de modo más urgente de lo que se están haciendo.
En riesgo. Para Somaglia, el paso del tiempo hace peligrar el patrimonio.
—¿Qué medidas deberían acelerarse?
—Nosotros exigimos en principio la audiencia de admisión de querella y estamos esperando que se genere un acto imputativo a Gómez de los delitos que estamos pidiendo que se investiguen.
—¿Y qué consecuencias traería esto?
—Puede ser calificado como posible comisión del delito de abigeato agravado porque es numerosa la cantidad de ganado. Acá está demostrado que todo ha sido orquestado por Gómez para quedarse con un bien que no le pertenece.
—¿Podría ser detenido Gómez?
—Sí. Eso es resorte exclusivo de la gestión que pueda llevar adelante la fiscala (Clelia Trossero) que es quien debe investigar los hechos y las probanzas que estamos proporcionando. Entonces, a partir del análisis que haga el fiscal podrá imputarlo, detenerlo. Los hechos demuestran que estamos frente a un caso de abigeato agravado. La fiscala actuante tendrá la posibilidad de probarlo.
—¿Este conflicto puede extenderse por varios años?
—La preocupación de un juicio de usucapión, que no dudamos que tendrá un resultado feliz para la sucesión, puede ser de largo plazo, de siete a diez años, intrincado porque hay que recolectar pruebas, hacerdiligencias. Por lo tanto a la sucesión le preocupa cuándo terminará esta disputa. ¿Sirve ganar una batalla a lo pirro? ¿En qué estado podés encontrar el campo, el ganado, la hacienda,
los cultivos, luego de 10 años? Por eso estamos pugnando por un reconocimiento judicial en tiempo
razonable.
Por Fernando Arredondo, Jefe de Redacción de Diario UNO de Santa Fe.
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