Diálogo. El fiscal Aldo Gerosa intentó mediar con los vecinos que protagonizan el acampe para buscar soluciones alternativas.
La ciudad de Reconquista está atravesando una disputa por tierras que ya llegó a los estrados judiciales. Se trata de un caso en el que vecinos usurparon tierras en un barrio periférico de la ciudad, que ya habían sido adjudicados a familias para que inicien la construcción de sus viviendas. La problemática, conocida en la ciudad de Santa Fe que tuvo dos casos emblemáticos (el de barrio Santa Rita II, cuyas construcciones ya fueron recuperadas y el de barrio Las Delicias, donde aún persiste la toma) es la primera vez que será resuelto en el marco de la reforma procesal penal.
La toma se inició a mediados de junio, cuando unas 50 familias usurparon, en barrio Asunción, unas 27 parcelas que el municipio había adjudicado a otras familias de la zona, para la construcción de sus casas. El asentamiento ilegal tomó fuerzas entre el 21 y 22 de junio, cuando empezaron el armado de precarias casillas con chapas, cartones, palos y plásticos.
El titular del instituto Municipal de la Vivienda, Daniel Rivorira, indicó que como las parcelas ya tenían dueños legítimos se realizó la denuncia ante la fiscalía por el delito de usurpación. Además, sostuvo que en forma paralela a la tramitación judicial, se realizó una reunión con la presidenta de la vecinal, Mabel Godoy, el titular de la Federación de Asociaciones Vecinales, Andrés Barolín, la asistente social Katia Passarino, el concejal Roberto Lorenzini, y funcionarios municipales. El objetivo del encuentro fue buscar soluciones alternativas para que las parcelas adjudicadas sean retornadas a sus dueños.
“Este es un caso en el que se configuró el delito de usurpación. Pues se despojo totalmente de la posesión o tenencia de los inmuebles a su propietario dominial, la Municipalidad de Reconquista y a los legítimos adjudicatarios por ordenanza municipal y boleto de compra-venta que esperaban adquirir su posesión”, expresó el fiscal regional de la circunscripción 4, Eladio García.
Y contó que de las constataciones que realizó la policía, se detectó que en la toma había menores de edad y niños en situación de desamparo, dado que en el lugar no existían condiciones de habitabilidad mínimas. En este contexto, la Subsecretaría de la Niñez apoyada en la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, intervino primariamente a los fines de determinar la situación de riesgo de los menores, concluyendo en el efectivo desamparo ocasionado por los padres.
“Fuimos al barrio Asunción, junto con los fiscales Rubén Martínez y Aldo Gerosa, se realizó la identificación policial de las personas sospechosas y luego, se les realizó la imputación de los hechos. En paralelo, a los adjudicatarios de los terrenos se les brindó asistencia judicial para poder constituirse como querellantes en el proceso que se esta llevando a cabo”, explicó García.
—¿Cuáles son los próximos pasos en la investigación?
—Las pruebas que reunieron los fiscales Martínez y Gerosa, será presentada ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria a los fines de hacer cesar los efectos antijurídicos de la usurpación de los bienes inmuebles y del desamparo de los menores. De todas maneras, el nuevo sistema acusatorio permite la disponibilidad de la acción penal, es decir que esta acción sea detenida en cualquier momento y se pase a procesos alternativos de resolución de conflictos. Por ejemplo, que más adelante desocupados los inmuebles haya una mediación entre municipio y hoy usurpadores o entre municipio, usurpadores y adjudicatarios. También permite que avanzado el proceso, este se suspenda por acuerdo de las partes, como podría ocurrir si los usurpadores han abandonado el lugar y se prefiere otorgarles medidas alternativas a una pena de carácter reeducativo, social, etcétera (ejemplo: trabajos para la comunidad). Por último, permite que se abrevie el juicio, es decir, la negociación de una pena menor sin modificar los hechos.
“Una cuestión que quiero destacar es que en la ciudad de Reconquista en barrio La Cortada, Virgen de Guadalupe y Ombusal, como también en la ciudad de Avellaneda en el barrio Don Pedro, desde hace más de dos años más de mil familias usurpan terrenos y tal situación nunca pudo ser resuelta por el viejo sistema inquisitivo procesal penal.
Organizados
Por su parte, el fiscal Gerosa dijo que la toma de los terrenos fue organizada y apuntó que focalizarán las acusaciones contra los instigadores. Y es que las sospechas de Gerosa giran en torno a autoridades vecinales de barrios cercanos. En este sentido, la Federación de Asociaciones Vecinales rápidamente salió a expresarse en contra de las usurpaciones a través de un comunicado de prensa.
DIARIO UNO.
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